Mi gusto es… (o la otra mirada). Por: Lic. Miguel Ángel Avilés

Hay causas que no necesitan presentación, pero sí contexto. Esta es una de ellas.

Con todas mis incongruencias y todas mis limitaciones, yo creo estar comprometido —y no de ahora, sino de hace décadas cuando mucho de lo que hay era emergente— con la lucha feminista, con la igualdad de género y con la condena absoluta de cualquier forma de violencia. No hay matices ahí. La violencia no se justifica, se investiga, se sanciona y se previene.

Pero justamente por ese compromiso, vale decir algo que a veces incomoda en ciertas sobremesas ideológicas: el derecho no puede construirse desde la consigna, sino desde la generalidad, la coherencia constitucional y la aplicación erga omnes. Es decir, para todos, no solo para quienes caben mejor en el relato.

¿Esto significa que estoy en contra de tan legítimo movimiento, el más fuerte y representativo en el mundo? Por supuesto que no. Al contrario. 

Pero si el derecho empieza a diseñarse como un traje hecho a la medida de un solo género o más bien de un sector de ese género, por más justa que sea la causa original, corre el riesgo de convertirse en un traje que, con el tiempo, no le queda bien a nadie… ni siquiera a quien se suponía debía favorecer y eso sería una responsabilidad de quien no lo entendió. Y esto no es una bravata o una reflexión gratuita. Es una advertencia de quien no desea lo anterior y de un abogado con expediente en mano: la Constitución no pregunta si eres hombre o mujer para protegerte. Pregunta si eres persona.

Por ejemplo, en materia de pensiones alimenticias, es cierto —y sería absurdo negarlo— que la carga recae en la mayoría de los casos en los hombres. Pero jurídicamente, la obligación no tiene género. Puede ser deudor alimentario un hombre o una mujer, dependiendo de las circunstancias. Lo mismo ocurre con la violencia familiar: la estadística tiene rostro, sí, pero el expediente no debería tener prejuicio.

El problema surge cuando confundimos la fotografía con el mapa. La fotografía muestra tendencias; el mapa debe servir para todos los caminos, incluso los menos frecuentes. Es ahí donde la conversación se vuelve incómoda: reconocer la existencia de hombres violentos no debería implicar la invisibilización automática de hombres responsables. Pero en el debate público, a veces pareciera que sólo hay dos categorías disponibles: culpable estructural o sospechoso permanente.

En medio de ese paisaje simplificado, se diluyen los otros. Los que no entran en la narrativa porque no generan indignación viral. Yo los veo a ellos todos los días: en una bicicleta, en una moto, a pie, con prisa o con sueño. El papá, el abuelo, el que recoge, el que lleva, el que regresa a trabajar. Hombres que, sin discurso ni reflectores, han cumplido —y siguen cumpliendo— con el deber de ser figura paterna. No son ellos quienes tendrían que cargar con el reproche que sí corresponde a los agresores, a los misóginos, a los violentos —con H de hombre y, excepcionalmente, también con M de mujer, porque también ocurre.

El problema es que la realidad rara vez cabe en el algoritmo. Porque si algo enseña el litigio es que hay dos formas muy eficaces de perder una causa justa. La primera: creer que la justicia moral o la justicia sólo exigida desde lo ideológico alcanza para suplir la jurídica. La segunda: creer que la jurídica puede aplicarse sin mirar la realidad que pretende ordenar.

Ambas posturas, aunque parezcan opuestas, suelen encontrarse en el mismo punto: la derrota de una causa, la reposición de un procedimiento, la procedencia de una acción de inconstitucional: la realidad advertida tiempo atrás que no hace alianza ni con el patriarcado ni con el matriarcado: solo es la realidad.

De un lado, hay entusiasmos que —con la mejor intención— consideran que el derecho puede adaptarse a la urgencia del caso. Que, si la causa es justa, los requisitos estorban; que, si la historia duele, la prueba casi sobra. Pero el proceso no perdona esos atajos. Y el violentador —que rara vez improvisa— suele ser el primero en aprovecharlos. Ese es el ganador y no otro. Porque cuando la emoción sustituye al método, el resultado no es justicia acelerada, sino absolución por técnica. Lamentablemente, en el otro extremo está la burocracia emocionalmente deshidratada. Una parte, diríamos porque luego de tantos años picando piedra, se quiera o no, se consigue concientizar a muchas y muchos.

Me refiero, más bien, a esa otra que ha tomado cursos, ha escuchado discursos y ha leído protocolos… pero no los aplica. Porque la capacitación únicamente le sirvió como curricular, porque pese a todo lo que escuchó nada la hizo cambiar, por desdeña a los nuevos paradigmas o porque sí o porque no. Son esos lugares del servicio públicos donde la perspectiva de género se menciona como arenga institucional, pero no se ejerce. Ante esto nada puede lograr una historia compleja y teórica para sensibilizar a la funcionaria o funcionario de un riesgo inminente de una víctima frente a quien escucha, distraída y sin comprender nada, da una respuesta simple, provocando, para sorpresa de su interlocutor, un fuerte encontronazo de registros lingüísticos.

Y a veces peor: sin distinción entre hombres y mujeres, hay inercias que algunos creen superadas, posturas rudimentarias e insensibles frente a realidades que ya deberían abordarse con herramientas como la perspectiva de género, los derechos sustantivos y las obligaciones que hoy impone el marco constitucional, los tratados internacionales, la jurisprudencia y las leyes secundarias. 

Basta asomarse a dos o tres dependencias (supongamos la defensoría pública de una entidad federativa alejada años luz de Sonora), que en teoría, al ser una apéndice de un gobierno estatal, debería estar alineada con el discurso de la no violencia, para encontrar respuestas que reducen un caso de evasión de responsabilidades alimentarias, lo cual se materializa en violencia económica y violencia patrimonial a frases como: “es que el señor es un coyote muy correteado”.

Y ahí, en esa ventanilla donde la tragedia entra en carne viva y sale convertida en trámite, conviene hacer una pausa —no para respirar, sino para pensar—: porque parecería que el problema no es la falta de capacidad técnica, sino el exceso de costumbre. Son eficientes, sí, en llevar un juicio convencional; diligentes en llenar formatos, puntuales en audiencias. Pero cuando se trata de entender lo que tienen enfrente, la brújula se les queda sin norte.

Se les explica —una, dos, tres veces— que no se trata solo de promover un divorcio, que no están frente a un expediente más, que representan al Estado y que esa representación no es decorativa. Que lo que hacen —o dejan de hacer— puede traducirse en violencia institucional. Y aún así, la respuesta implícita parece ser una joya burocrática digna de enmarcarse: “hasta donde alcance el formato”.

Porque claro, el agresor tiene derecho a defensa. Y debe tenerla. Nadie discute eso. Pero la defensa pública la merecería la víctima, no un victimario reiteradamente incumplido y violento.

Lo que sí debería inquietar es la ceguera selectiva: ¿qué pasaría si ese mismo agresor, tan bien tramitado y tan pulcramente defendido en su expediente, escala en su violencia? ¿Qué pasaría si un día deja de ser un “coyote muy correteado” y se convierte en un feminicida?

¿En qué momento exacto se activa la comprensión? ¿Cuando ya no hay víctima que escuche resoluciones? ¿Cuando los medios pregunten quién defendía al ahora feminicida? ¿Y se tenga que responder, con la solemnidad que da el papel membretado: lo defendía el Estado?

Quizá entonces —solo entonces— el expediente deje de ser papel y comience a reflexionar, quizá tardíamente. Porque entre el entusiasmo que desborda y la institución que no alcanza, queda un espacio que debería ser el más sólido: el del derecho que funciona.

Pero hay otro ángulo que incomoda aún más: ese en el que cierta participación —queriéndolo o no— se vuelve elitista. Discursos, cubículos y agendas que terminan alejándose de las mujeres efectivamente vulnerables. Aquellas que viven todos los días las consecuencias de eso que en abstracto se llama patriarcado, sin saber siquiera nombrarlo; que no conocen el feminismo ni la violencia en teoría, sino en su forma más cruda y cotidiana y no han aprendido a decir “misoginia” ni sororidad o ansplaining porque están ocupadas pidiendo auxilio.

Y ahí, con frecuencia, no hay acompañamiento y sí mucha invisibilidad. Salvo cuando el caso se vuelve mediático. Entonces sí aparece aquello, pero a veces con una narrativa donde la salvadora ocupa el centro y la mujer agredida queda reducida a materia prima de un discurso que, en ocasiones, resulta insuficiente para cambiar su realidad.

Dicho de otro modo —y con la ironía que la realidad permite—: hay causas que en el papel son colectivas, pero en la práctica parecen tener palco superior o preferente. Y desde ahí, con micrófono en mano, se habla de todas… mientras muchas siguen sin ser escuchadas. Porque no toda visibilidad es inclusión, ni toda consigna alcanza para nombrar lo que no se quiere ver.

Y, sin embargo, también existen otras mujeres: las que no están en la teoría, ni en el foro, ni en el evento. Las que no militan en centros de estudio ni sostienen discursos sofisticados —a veces más vinculados a la permanencia que garantiza una beca que a la causa misma—, pero que en la práctica son indomables.

Mujeres que en lo público o en lo privado, en el barrio o en su trabajo, sin reflectores, sin consignas y sin reconocimiento, dan todo por defender a otras. Que enfrentan, resisten y sostienen. Y que, paradójicamente, siguen en el anonimato, por decisión muy propia de sí o porque al haberlo hecho siempre, de forma natural, desinteresadas o por sobrevivencia, no saben que lo suyo es un acto admirablemente revolucionario, sin aplausos, sin escenario y lejos de esa grandilocuencia donde tantas veces conviven la injusticia y la simulación o peor tantito, ignorando que otras mujeres, realizando lo mismo, pero no de tiempo completo, hasta cobran.

Todo esto pasa ahí donde no basta con tener razón, pero tampoco debería ser irrelevante tenerla.

Y conviene subrayarlo, por si a estas alturas alguien ya está preparando la etiqueta fácil: nada de esto tiene el afán de oponerse a la causa ni de repudiar un movimiento que, por su origen y por su historia, es de los más genuinos y admirables que existen. Todo lo contrario. Precisamente por reconocer su legitimidad es que vale la pena advertir los riesgos de sus desvíos.

Porque hay ideas que, cuando se tensan demasiado, terminan rompiéndose… y a veces, peor aún, regresan como boomerang. No contra quienes las cuestionaron, sino contra quienes más necesitaban que funcionaran.

Por eso conviene decirlo sin rodeos: la causa no se traiciona cuando se vuelve técnica; se vuelve exigible. Y el Estado no cumple cuando se declara sensible; cumple cuando entiende y aplica.

Lo demás —diría cualquier cronista con algo de mala leche y buena memoria— suele ser una combinación muy mexicana: convicción en el discurso, extravío en la práctica y una fe inquebrantable en que nadie va a notar la diferencia.

Tal vez todo esto no son palabras que emocionen. Pero sí pueden ayudar a declarar firme una sentencia.

Por eso la igualdad, si aspira a algo más que a una buena intención, tiene que sostenerse ahí: en el terreno donde los discursos se convierten en escritos, los escritos en pruebas y las pruebas —con “suerte”— en resoluciones.

Lo demás es ruido.

Y el ruido, como suele pasar, puede ser muy satisfactorio mientras dura… pero rara vez gana un caso ni eterniza un movimiento.