Hermosillo, Son. Después de años de reclamos, mesas inconclusas y promesas que, aseguran, no aterrizaron en sus comunidades, representantes de pueblos indígenas de Sonora, —particularmente Guarijios— llevarán este miércoles 15 de abril su inconformidad hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir algo que, dicen, se les ha negado de forma sistemática: ser tomados en cuenta antes de que el Estado decida sobre asuntos que afectan su territorio, su desarrollo y su futuro.
La exigencia será planteada ante el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, en un momento en que el nuevo marco constitucional reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y no solo como destinatarios de políticas públicas.
Héctor Zaira Enríquez, gobernador tradicional de la comunidad de Macoragui, sostuvo que la inconformidad no surgió ahora, sino que viene de varios años atrás y se reactivó al ver que, pese al reconocimiento formal de sus derechos, persiste la desatención institucional.
“Queremos que nos presten atención”, resumió al señalar que en su comunidad, como en otras del pueblo guarijío-makurawe, siguen pendientes obras básicas, viviendas y compromisos anunciados dentro del Plan de Justicia. Su reclamo apunta directamente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al que acusa de haber sido el órgano rector de esos procesos y, al mismo tiempo, el primero en incumplir el mandato de consulta y seguimiento. La queja, dijo, ya comenzó a tener eco en tribunales, pero ahora buscan llevarla a la instancia más alta del país.
Lo que está de fondo no es solo una protesta más, sino una disputa sobre quién puede decidir el rumbo de los pueblos originarios. En Sonora operan cuatro Planes de Justicia para los pueblos Yaqui, Yoreme-Mayo, Seri-Comca’ac y Guarijío-Makurawe, una estrategia que el propio INPI reconoce como vigente en la entidad.
Tan sólo en el caso yaqui, el gobierno federal reportó una inversión acumulada superior a 18 mil 346 millones de pesos, con acciones como restitución de tierras, obras hídricas, salud e infraestructura educativa; para el pueblo guarijío-makurawe, la federación reportó en 2024 una inversión de 435.7 millones de pesos. Para las comunidades inconformes, el problema es que esos compromisos fueron planteados a mediano y largo plazo, y cualquier cambio político o legislativo adoptado sin consulta puede alterar su cumplimiento real.
En entrevista para La Jornada, el gobernador tradicional expuso que la base legal de ese reclamo no es menor. Luego de que la Constitución de Sonora reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y obliga a consultarles cuando una medida pueda causar impactos significativos en su vida o su entorno; además, establece que las políticas públicas dirigidas a ellos deben diseñarse y operarse conjuntamente con sus comunidades.
A eso se suma que el artículo 29 de la Constitución local define al Congreso del Estado como un Parlamento Abierto, regido por principios de participación ciudadana, mientras que la Suprema Corte ya ha sostenido que la consulta indígena puede ser revisada como requisito constitucional del procedimiento legislativo cuando una norma impacta de manera específica y diferenciada a esos pueblos.
Para los gobernadores tradicionales y voceros que acudirán a la Corte, el agravio también tiene una dimensión más concreta: la falta de armonización entre el discurso oficial y lo que ocurre en el territorio.
“Un pueblo sin territorio, ¿dónde va a generar autonomía y libre determinación?”, planteó Zaira Enríquez al advertir que, sin mecanismos efectivos para obligar a los gobiernos a cumplir, los derechos quedan reducidos a una declaración.
En el caso guarijío, la inconformidad ha escalado durante meses. Desde agosto de 2025, integrantes de esa etnia mantuvieron un plantón en instalaciones del INPI en San Bernardo, Álamos; aunque en febrero de 2026 liberaron el edificio por una orden federal, mantuvieron la protesta afuera y continuaron denunciando incumplimientos en compromisos relacionados con territorio, vivienda, caminos, agua y servicios básicos.
En los últimos días, incluso comenzaron a moverse piezas en uno de los temas más sensibles para Macoragui: la regularización de tierras para 37 familias asentadas en 17 hectáreas, un paso que, según el propio vocero indígena, podría abrir la puerta a programas de vivienda.
Pero para los manifestantes eso no resuelve el problema de fondo.
Señalaron que lo que buscan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no es únicamente atención para un expediente o una comunidad, sino que quede claro que ninguna decisión pública que toque la vida de los pueblos originarios puede tomarse a puerta cerrada. Es decir, que la consulta deje de ser un trámite omitido y se convierta en una obligación efectiva del Estado mexicano.
