Expresiones. Por: Gaspar Navarro
Aún cuando le embargaron clínicas, propiedades y automóviles, y pesa en su contra una orden de aprehensión por supuesto homicidio doloso y mala praxis médica, el doctor Maximiliano “N” acusado de la muerte de ocho personas al aplicarles sueros vitaminados intravenosos seguirá en libertad al concederle un juez un amparo, por lo que la fiscalía estatal está obligada a demostrar su culpabilidad más allá de la duda razonable.
Con el amparo concedido por un juez federal al doctor Maximiliano para evitar su detención se le complica a la fiscalía estatal para llevar ante la justicia al galeno, a quien aún no le pueden comprobar de manera directa o tajante su culpabilidad al existir dudas en la calidad de los sueros aplicados.
De hecho, el titular de la Secretaría de Salud federal declaró en una “Mañanera” que había probabilidad de que una bacteria en los sueros fuera la causa de la complicación de la salud de los pacientes del doctor Maximiliano que les causaron su posterior muerte.
Está tan complejo el caso de los fallecimientos por sueros vitaminados en Hermosillo, que la fiscalía estatal solicitó exhumar los cadáveres de las víctimas para volver a realizar nuevas autopsias en busca de pruebas de que fueron los sueros y las complicaciones de salud posteriores de los pacientes los causantes de sus muertes.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) había informado de avances en la investigación relacionada con la administración de soluciones parenterales que habrían provocado afectaciones a la salud y la muerte de varias personas, además de reconocer el respaldo de autoridades federales en el caso.
Como parte de las diligencias, las muestras de medicamentos, soluciones intravenosas e insumos asegurados fueron enviadas a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio de referencia de la Cofepris, así como al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde se realizan estudios químicos, toxicológicos e histopatológicos.
La Fiscalía estatal señaló que se encuentra a la espera de los resultados oficiales a las muestras de medicamentos, soluciones e insumos que utilizaba el doctor Maximiliano que permitan fortalecer las investigaciones ministeriales.
En el ámbito procesal, el probable responsable solicitó un amparo, el cual fue otorgado por el juez Décimo de Distrito en Sonora, Ramón Sotelo Rincón. La Fiscalía fue notificada el 9 de abril y aguarda la audiencia incidental programada para el 24 de abril, en la que se definirá si el imputado puede ser llevado ante el juzgado del fuero común que lo requiere por el delito de homicidio derivado de presunta mala praxis médica.
O podría el juez decretar la libertad del galeno por falta de pruebas contundentes sobre su culpabilidad, aunque no hay dudas sobre su responsabilidad porque fue él quien los aplicó, pero tiene el atenuante de que los sueros enviados por los laboratorios podrían estar contaminados.
La duda razonable es un estándar probatorio fundamental en el derecho penal que obliga a absolver a un acusado si, tras analizar las pruebas, existe incertidumbre justificada sobre su culpabilidad.
El juzgador garantiza la presunción de inocencia, impidiendo condenas basadas en sospechas. Si hay dudas, el tribunal debe inclinarse por la libertad.
La Suprema Corte de Justicia en México ha establecido que ante la duda razonable, debe prevalecer la presunción de inocencia.
Por otro lado, para tratar de garantizar la indemnización y justicia a las víctimas, la fiscalía estatal continúa integrando las carpetas de investigación y obtuvo autorización judicial para el embargo precautorio de 16 vehículos y siete propiedades del doctor señalado de mala praxis médica y homicidio culposo.
También se realizaron gestiones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el levantamiento del secreto bancario y la inmovilización de cuentas, con el objetivo de garantizar la reparación del daño a las víctimas.
Todas esas diligencias o actuaciones jurídicas podrían quedar sin efecto, si el juez concede al galeno el amparo definitivo el próximo 24 de abril, porque hasta el momento solo es una suspensión provisional concedida para evitar ser detenido al prevalecer la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
“Después de ahogado el niño a tapar el pozo”. En coordinación con autoridades sanitarias, la Cofepris y la Secretaría de Salud en Sonora verificaron 24 establecimientos con características similares, sin relación con los hechos investigados. Sin embargo, como medida preventiva, se determinó la suspensión de seis de ellos.
La Fiscalía estatal a cargo de Gustavo Rómulo Salas Chávez, reiteró que continuará con las acciones legales necesarias para judicializar el caso y buscar justicia para las víctimas, independientemente de los recursos jurídicos en curso.
(g_navarro_ruiz@hotmail.com)
