Ciudad de México.- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y armas.
Los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron que los acusados -funcionarios en activo y retirados- enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de tráfico de narcóticos.
El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
De acuerdo con la acusación, los implicados “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
Entre los nombres figuran Enrique Inzunza Cázarez, Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros.
Además, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por secuestros vinculados a una fuente de la DEA y un familiar, que derivaron en sus muertes.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Clayton.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Red de funcionarios implicados
La lista de acusados no se limita al titular del ejecutivo estatal, sino que abarca a una red de actuales y excolaboradores de alto nivel, entre los que figuran:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”)
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”)
- Juan de Dios Gámez Mendívil
Esta acusación representa uno de los golpes judiciales más significativos contra la estructura política en Sinaloa, al señalar una presunta red de protección y cooperación que operaba desde los niveles más altos del gobierno estatal en beneficio de las organizaciones delictivas.
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