Mtro. Jesús Antonio García Ramírez. Politólogo
1. Consideraciones previas
La vida universitaria de Sonora transita hoy por dos relojes que, aunque marcan tiempos distintos, corren sobre la misma institución y afectan al mismo proyecto educativo. Por un lado, la asamblea de STAUS, bajo la conducción de Cuauhtémoc Nieblas, resolvió el pasado 30 de Abril prorrogar al 14 de Mayo el posible estallamiento a huelga. Esta decisión no fue menor: implicó contener la presión legítima de las bases académicas que exigen revisión salarial y contractual, y optar por una ruta de diálogo que, sin renunciar a sus demandas, abrió una ventana de oportunidad política. La prórroga, en términos de negociación, es un instrumento que concede tiempo pero también exige resultados, porque cada día que transcurre sin acuerdos visibles desgasta la confianza de los agremiados y de la comunidad.
Por otro lado, el STEUS, encabezado por Alejandro Manzanares, sostiene desde el 16 de Abril una huelga que cumple 16 días. Se trata de un movimiento que ha visibilizado el rezago histórico de los trabajadores manuales y administrativos, cuyos pliegos suelen quedar postergados en la agenda pública frente a la dimensión académica. Los días de paro han tenido un costo operativo para la Universidad, han tensionado la relación con la autoridad y han puesto en evidencia la ausencia de un mecanismo efectivo de mediación que evite que los conflictos escalen hasta la parálisis.
La Rectoría, en ejercicio de sus facultades legales y en apego a la autonomía universitaria, ha conducido ambos procesos por canales separados, atendiendo mesas distintas con tiempos y lógicas diferentes. El Gobierno del Estado, encabezado por el Dr. Alfonso Durazo, ha mantenido una posición de respeto institucional, sin intervenir directamente en la negociación, pero observando con atención los efectos que estos conflictos tienen sobre la gobernabilidad y la percepción social de la educación pública en Sonora.
Sin embargo, la realidad institucional es más terca que los procedimientos: no existen dos universidades. Hay una sola UNISON, con un solo presupuesto que debe distribuirse, un solo calendario escolar que debe cumplirse y una sola comunidad estudiantil que resiente por igual la suspensión de clases, el cierre de laboratorios y la incertidumbre sobre su formación. Cuando los tiempos de negociación se fragmentan, la percepción de la comunidad también se fragmenta, y una universidad fragmentada difícilmente encuentra salidas integrales. El dato central es simple y contundente: la prórroga de STAUS y la huelga vigente de STEUS ya no son conflictos aislados, son parte de una misma ecuación pública donde el resultado de uno condiciona inevitablemente al otro.
2. A manera de reflexión
La decisión de prorrogar no debe leerse como tregua indefinida ni como señal de debilidad, sino como un examen de responsabilidad política para todas las partes. El 30 de Abril, la base académica de STAUS envió un mensaje de prudencia estratégica al optar por conceder tiempo adicional. Entendió que un estallamiento inmediato, sin una oferta presupuestal clara sobre la mesa y sin condiciones de unidad interna, podía debilitar su posición negociadora y, sobre todo, podía afectar de manera irreversible a miles de estudiantes que ya acumulan rezagos desde la pandemia. Ese voto de confianza, sin embargo, tiene una fecha límite que no admite ambigüedades: el 14 de Mayo. A partir de ese día, la prórroga se convierte en ultimátum, y la responsabilidad de evitar el estallamiento recae no solo en el sindicato, sino en todos los actores que tienen margen de decisión.
Para la Rectoría, los días que median entre el 30 de Abril y el 14 de Mayo representan la oportunidad de demostrar que la administración del conflicto puede transitar de la contención a la solución de fondo. Esto implica abandonar la lógica de la respuesta mínima y construir propuestas con evidencia presupuestal verificable, que atiendan el pliego legítimo de los trabajadores académicos sin comprometer la viabilidad financiera de la institución. Implica también comunicar con claridad a la comunidad universitaria los alcances y los límites de la negociación, porque en ausencia de información oficial, el vacío lo llenan la especulación y el desgaste.
Para el Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del Dr. Alfonso Durazo, la prórroga abre una ventana de intervención política responsable. No se trata de violentar la autonomía universitaria ni de sustituir a las partes, sino de garantizar condiciones de gobernabilidad democrática. La educación superior es un bien público estratégico para Sonora, y su parálisis prolongada tiene efectos que trascienden el campus: afecta la economía regional, deteriora la confianza en las instituciones y alimenta el escepticismo social sobre la capacidad del Estado para procesar conflictos. El rol del Gobierno, en este sentido, es el de garante de estabilidad, facilitador de diálogo y, eventualmente, gestor de recursos extraordinarios si la solución lo requiere.
En el caso de STEUS, la huelga sostenida por Alejandro Manzanares desde el 16 de Abril ha logrado colocar en la agenda pública una realidad que suele invisibilizarse: la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores manuales y administrativos no es un tema menor, es parte esencial del funcionamiento universitario. Sin intendencia, sin mantenimiento, sin personal administrativo, la academia no opera. Con 16 días de paro, el movimiento ha mostrado disciplina y resistencia, pero también enfrenta el riesgo del desgaste si no encuentra una ruta de salida que traduzca la presión en resultados concretos. El reto ahora consiste en articular esa lucha con la nueva coyuntura que abre la prórroga de STAUS, de modo que ninguna causa quede aislada y que la solución a un conflicto no se convierta en el argumento para postergar el otro.
La reflexión de fondo es estructural: ningún actor, por sí solo, puede resolver un problema que tiene raíces presupuestales, políticas y de diseño institucional. La dicotomía de negociar por separado ha mostrado sus límites en este y en anteriores procesos: posterga soluciones, multiplica costos operativos y políticos, y genera la percepción de que se administra el conflicto en lugar de resolverlo. La pregunta que queda sobre la mesa no es si los sindicatos tienen derecho a sus pliegos, sino si existe la voluntad política e institucional para construir un espacio donde STAUS, STEUS, Rectoría y Gobierno del Estado concurran con el estudiantado como testigo. Porque sin transparencia ante la comunidad, sin rendición de cuentas sobre los avances y sin una narrativa común sobre el futuro de la UNISON, cualquier acuerdo corre el riesgo de nacer con déficit de legitimidad y de morir en la siguiente revisión contractual.
3. Consideraciones finales
Los días que corren hasta el 14 de Mayo no deben consumirse en la lógica inercial de atender un conflicto mientras se pausa el otro. La experiencia acumulada en la historia laboral de la UNISON indica que las soluciones parciales, diferidas o asimétricas solo trasladan el problema de fecha y lo heredan a la siguiente administración o a la siguiente generación de estudiantes. Por ello, resulta pertinente y urgente valorar la convocatoria a un Consejo Laboral Universitario Ampliado, entendido no como fusión de contratos colectivos, no como vulneración de autonomías sindicales y no como subordinación a la autoridad, sino como un mecanismo de unidad de acción política e institucional.
Este Consejo operaría bajo tres principios: primero, cada sindicato preserva su identidad, su representación legal y la integralidad de su pliego; segundo, se acuerdan en una sola mesa los grandes temas transversales que afectan al conjunto de la universidad, como el techo presupuestal disponible, los criterios de distribución, la ruta crítica para la recuperación del calendario escolar y la garantía de no afectación a la trayectoria académica del estudiantado; tercero, se establece un calendario público de sesiones y de entregables, con la participación del Gobierno del Estado como garante de estabilidad y con la representación estudiantil como testigo de calidad.
Un espacio así permitiría que se procese en paralelo la demanda de STAUS y la salida digna a la huelga de STEUS. No se trata de que un sindicato espere a que el otro resuelva, sino de que ambos procesos se sincronicen para evitar que la solución de uno se convierta en el pretexto para el estancamiento del otro. El acompañamiento institucional del Gobierno del Estado resulta clave, no para imponer, sino para dotar de viabilidad política y financiera a los acuerdos, y para asegurar que la solución tenga respaldo más allá de la coyuntura.
Bajo esta ruta, sería factible que antes del 14 de Mayo se firme un acuerdo público, ante la comunidad universitaria, con tres componentes: compromisos presupuestales verificables, calendario de recuperación académica y cláusula de no represalia para ninguna de las partes. Este camino es enseñable porque distribuye responsabilidades de manera equitativa: le da a Rectoría certeza presupuestal y gobernabilidad interna; le da al Gobierno un rol de mediación efectiva que fortalece su liderazgo sin invadir autonomías; le da a STAUS y a STEUS resultados tangibles sin subordinación mutua ni sacrificio de sus agendas; y le da al estudiante la certidumbre de que su formación no será la variable de ajuste de las disputas laborales.
La prórroga de STAUS compró tiempo político; la huelga de STEUS ha evidenciado la urgencia social de no desperdiciarlo. El 14 de Mayo no debería recordarse como una fecha fatal más en la historia laboral de la UNISON, ni como un día de vencimiento que se suma a la larga lista de emplazamientos cumplidos o conjurados. Debería recordarse como el día en que Sonora demostró que la universidad pública puede gobernarse con diálogo, corresponsabilidad, transparencia y visión de largo plazo. Si ese horizonte se alcanza, todos los actores habrán estado a la altura de su responsabilidad histórica. Si se desperdicia, la factura no la pagarán las dirigencias ni las autoridades en turno: la pagará la comunidad estudiantil, la pagará la credibilidad de la educación pública y la pagará la confianza de la sociedad sonorense en sus instituciones. Esa es una lección que ningún gobierno, ninguna rectoría y ningún sindicato pueden permitirse ignorar.
