Zacatecas, Zac. La compañía canadiense Orla Mining, operadora de la mina Camino Rojo, anunció el relevo de Rafael Sánchez como director general de la empresa en Zacatecas, como parte de las acciones “clave” asumidas luego de ser acusada por el Panel del Mecanismo de Resolución Rápida de Controversias del T-MEC de haberse asociado en 2024 con presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa para amenazar a trabajadores mineros, en perjuicio de sus derechos de libre asociación sindical.
En un comunicado emitido desde Vancouver, con fecha del 4 de mayo, la trasnacional informó que tomó “medidas concretas para salvaguardar los derechos laborales y abordar otras preocupaciones” en su mina mexicana, entre ellas relevar de su cargo al director general.
Por conducto de Jason Simpson, presidente y director ejecutivo de Orla Mining, la empresa propietaria de la concesión ubicada en el semidesierto de Mazapil afirmó: “Estamos comprometidos a promover la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y a respetar plenamente sus derechos laborales… reconocemos la gravedad de las conclusiones del Panel y estamos tomando medidas para fortalecer las operaciones de Camino Rojo”.
La minera —que abarca derechos de explotación y extracción en 138 mil hectáreas en inmediaciones de la comunidad de San Tiburcio— reconoció que estas acciones responden a la resolución emitida en marzo pasado por el panel del acuerdo Canadá-Estados Unidos-México, que concluyó que en Camino Rojo “se habían negado derechos relacionados con la libertad de asociación y la negociación colectiva”.
Según Orla Mining, el Panel reconoció previamente que la minera había adoptado medidas de remediación junto con el gobierno de México e identificó nuevas acciones para fortalecer la protección de los derechos laborales.
En ese contexto, la empresa aseguró que colabora “constructivamente” con autoridades gubernamentales para atender las recomendaciones, garantizando “cumplimiento continuo, estabilidad operativa, seguridad de los trabajadores y respeto a sus derechos”.
Orla Mining adelantó que impulsará en su complejo minero una política de “neutralidad en asuntos sindicales”, mediante la cual “está tomando medidas para garantizar que este compromiso se entienda y se aplique de forma coherente en todas sus operaciones”.
La compañía admitió además que “como se reveló al final del segundo trimestre de 2025”, Camino Rojo identificó pruebas de posible actividad criminal en la mina y contrató a un abogado externo para realizar una revisión exhaustiva, la cual se encuentra prácticamente concluida.
Asimismo, informó que notificó voluntariamente a la Oficina del Fiscal General en México, a la Real Policía Montada de Canadá y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, con quienes continúa colaborando en las investigaciones correspondientes.
