México 2026. Tres condiciones para que el pueblo mande y no sólo vote
Mtro. Jesús Antonio García Ramírez. Politólogo
1. Consideraciones previas
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 39 que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Esta disposición es el fundamento de la República desde 1917. En el plano institucional, México cuenta con un sistema electoral que ha garantizado alternancia pacífica desde el año 2000. El Instituto Nacional Electoral organiza comicios con padrón confiable, casillas instaladas y resultados auditables. En la elección federal de 2024 participaron 60.1 millones de ciudadanos, equivalentes al 61.4% de la lista nominal. La democracia procedimental funciona y es reconocida internacionalmente.
El ejercicio de la soberanía requiere condiciones materiales que la ciencia política y la economía del desarrollo identifican como indispensables: autonomía económica, acceso universal a derechos sociales y capacidad deliberativa. La medición oficial de pobreza multidimensional del CONEVAL, con datos a 2022, reporta que 46.8 millones de personas no alcanzan la línea de bienestar de 4,630 pesos mensuales en zonas urbanas, monto que cubre alimentación, transporte, educación y salud básica. De ese universo, 19.3 millones no cubren la canasta alimentaria de 2,349 pesos. A este grupo se suman 25.3 millones de personas clasificadas como vulnerables por carencias sociales: su ingreso supera la línea de bienestar, pero carecen de acceso a seguridad social, servicios de salud, vivienda o alimentación. Esto significa que un evento de desempleo o enfermedad los coloca por debajo del umbral en menos de 90 días.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 muestra un tercer segmento: 30.4 millones de personas en hogares que perciben entre 10,000 y 25,000 pesos mensuales. Este grupo tiene acceso a crédito formal, pero destina en promedio 43% de su ingreso al pago de deudas. Su patrimonio neto, descontando pasivos, es cercano a cero según el Banco de México. En suma, 115.1 millones de mexicanos, el 86.5% de la población total estimada por CONAPO para 2026, viven bajo alguna forma de fragilidad económica: pobreza por ingreso, vulnerabilidad por carencias o endeudamiento estructural.
En contraste, la World Inequality Database ubica a México en el percentil 95 de concentración del ingreso: el 10% más rico captura el 57% del ingreso nacional y el 1% captura el 31%. La Comisión Federal de Competencia Económica ha documentado alta concentración en sectores estratégicos: cinco instituciones bancarias manejan el 70% de los activos del sistema, tres grupos controlan el 80% de la audiencia en televisión abierta y dos empresas concentran el 65% de la producción minera. Entre ambos extremos opera una capa de aproximadamente 50 mil personas con posiciones de alta dirección pública y privada, identificadas por el INEGI en el Sistema de Cuentas Nacionales, decil superior de ocupaciones, como el estrato que ejecuta y administra las decisiones estructurales.
La teoría democrática, desde Aristóteles hasta Dahl, establece que no hay ciudadano sin autonomía material. Autonomía significa no depender de la voluntad de otro para subsistir. Sin autonomía no hay deliberación libre, y sin deliberación libre no hay soberanía popular, aunque exista voto universal. Por tanto, el diagnóstico objetivo es el siguiente: México posee democracia electoral consolidada sobre una base social donde el 86% carece de autonomía material. Los programas de transferencias monetarias han cumplido una función crítica al evitar que 25 millones de personas caigan en hambre extrema, de acuerdo con evaluaciones del propio CONEVAL. Esa es la primera fase. La segunda fase, según la experiencia internacional comparada, consiste en convertir la protección en habilitación: que la población transite de beneficiaria a propietaria de activos, de derechos exigibles y de voz deliberativa. Mientras esa transición no ocurra, la soberanía del artículo 39 permanece como norma vigente pero no como hecho social generalizado.
2. A manera de reflexión
La historia política de México es la historia de una promesa que se renueva cada seis años y de una estructura que se reproduce cada siglo. La Independencia de 1821 cambió el domicilio de la soberanía: dejó de estar en Madrid y pasó a la Ciudad de México. Pero no cambió a sus titulares estructurales. La tierra, las minas y el crédito quedaron en las mismas posiciones de poder criollas que antes rendían cuentas al Rey y después rindieron cuentas a sí mismas. La Revolución de 1910 volvió a prometer que el poder bajaría al pueblo. La Constitución de 1917 nacionalizó el subsuelo, repartió ejidos y reconoció derechos laborales. Fue un avance civilizatorio. Sin embargo, el siglo XX mexicano se encargó de demostrar que las leyes pueden cambiar sin que cambie la propiedad. Tras los ciclos de nacionalización y privatización, los activos estratégicos regresaron a 300 posiciones estructurales ocupadas por grupos empresariales que rotan, pero mantienen el control del crédito, la energía, los alimentos y la palabra pública. Los apellidos son nuevos. La lógica de concentración es antigua.
La urna ha sido el gran invento para estabilizar esa contradicción. Permite que 60 millones de personas sientan que participan del destino nacional. Y en efecto participan: escogen al administrador del edificio. Pero no son dueños del edificio ni deciden si se vende, si se hipoteca o si se amplía. Por eso el voto del jornalero vale lo mismo que el del industrial en la boleta, y eso es un logro democrático. Pero fuera de la boleta, uno vive para pedir y el otro vive para conceder. Esa distancia entre la igualdad jurídica y la desigualdad material es lo que Bourdieu llamó violencia simbólica: el sistema te convence de que eres libre porque eliges, para que no repares en que no eres libre porque no eres dueño. Así, la democracia electoral se convierte en el mecanismo más sofisticado para legitimar la desigualdad que dice combatir.
En ese contexto, la política social de transferencias ha sido indispensable. Evitó el hambre de millones y le dio paz al país. Negarlo sería injusto y falso. Pero también sería falso creer que la transferencia es la meta. La transferencia es el piso. El problema aparece cuando confundimos el piso con la casa. Dar dinero sin dar patrimonio crea clientes del Estado. El cliente agradece, vota y cuida su tarjeta. El ciudadano exige, delibera y cuida su República. La diferencia no es moral, es política: el cliente depende del proveedor; el ciudadano depende de la ley. Por eso la frase “primero los pobres” es poderosa como principio, pero peligrosa como destino. Si los pobres siempre son primero, es porque el sistema los necesita en ese lugar para justificarse. Un país que requiere pobres para gobernar jamás los va a abolir; los va a administrar. Eso es administrar la miseria con rostro humano.
Aquí interviene la clase media endeudada. Esos 30 millones que viven entre la tarjeta y la quincena no son clase media por patrimonio, lo son por aspiración. Y esa aspiración los convierte en el muro de contención más eficaz del sistema. Temen más parecerse al pobre que confrontar al rico. Por eso defienden el orden que los asfixia, porque intuyen que sin ese orden caen. Sin su voto, sin su miedo y sin su deuda, las posiciones estructurales de poder no sostienen el régimen. Ellos son el dique que separa al Palco de la Tribuna. Y mientras ese dique exista, la soberanía se ejercerá en la urna, pero no en la fábrica, no en el banco y no en el canal de televisión.
La élite económica, por su parte, opera bajo un dilema que no confiesa: prefiere un país pobre pero gobernable que un país rico pero ingobernable. Por eso no invierte en propiedad social, porque la propiedad social crea ciudadanos que no piden permiso. Prefiere dar empleo precario que crear socios, porque el socio vota en el consejo y el empleado solo obedece. Por eso el debate nacional nunca llega a la propiedad. Se queda en el monto de la transferencia, en el salario mínimo, en el subsidio. Esos son debates de administración. El debate de la transformación es quién es dueño de qué.
La lección sociopolítica es clara: no hay democracia sin demócratas, y no hay demócratas sin autonomía. La autonomía no se decreta, se construye con patrimonio, con voz en el trabajo y con veto deliberativo. Mientras el 86% del país viva para pagar la renta, la tarjeta y la deuda, la soberanía del artículo 39 será una promesa sexenal. El pueblo votará, pero no mandará. Tendrá urnas, pero no tendrá República. Y la República no es un edificio en el Zócalo. Es un pacto donde nadie es cliente de nadie porque todos son dueños de algo.
3. Consideraciones finales
La soberanía no se mide en urnas instaladas ni en boletas cruzadas; se mide en escrituras firmadas, en consejos donde se vota y en asambleas que obligan. México tiene lo primero desde hace 25 años; le falta lo segundo desde hace 205 años. Por eso, el artículo 39 es norma, pero no es hecho.
Para que lo sea, la República requiere tres rupturas simultáneas con la lógica de la administración de la pobreza. No son concesiones graciosas del poder; son condiciones politológicas de existencia de una democracia real.
La primera ruptura es de la dependencia al patrimonio. La soberanía se funda en la propiedad. Ningún orden político es estable si el 86% de su población vive sin colchón, sin techo propio y sin ahorros; ese es el dato sociológico duro. Un pueblo sin patrimonio es un pueblo tutelado, porque el miedo al hambre disciplina más que cualquier ley.
La salida no es repartir más ingreso; es repartir capacidad de generación de ingreso. Por eso, la propuesta es el Fondo Nacional de Dotación Patrimonial: todo mexicano, al cumplir 18 años, recibe un Certificado de Patrimonio por 250 mil pesos, no monetizable, usable solo para enganche de vivienda, capital de cooperativa o compra de acciones de empresas con cogestión.
Se financia con un impuesto de 2.5% anual a patrimonios superiores a 500 millones. No es asistencialismo; es la versión moderna del Homestead Act de 1862, que repartió el 10% del territorio de Estados Unidos y creó su clase media rural. La CEPAL estima que cada peso en dotación patrimonial genera 1.8 pesos de PIB por efecto multiplicador en consumo e inversión, lo que convierte el gasto en inversión con retorno.
Se complementa con reforma agraria urbana: el Estado expropia suelo ocioso en ciudades a valor catastral y lo urbaniza para venta a costo a familias sin casa, con crédito a 30 años de banca pública. Se cierra con salud y educación universales sin cuotas.
Desde la sociología política, esto significa pasar del Estado benefactor al Estado habilitador: el primero da pescado; el segundo da la lancha. El ingreso bimestral continúa como complemento, pero deja de ser el centro. El centro es el activo, porque, en términos de poder, quien tiene escritura negocia; quien tiene tarjeta suplica.
Cuando el 86% tenga escritura, el país tendrá ciudadanos; cuando tenga solo depósito, tendrá súbditos.
La segunda ruptura es de la monarquía laboral a la democracia económica. La soberanía se ejerce de lunes a viernes. La politología clásica olvidó un detalle: pasamos más horas en el centro de trabajo que en la asamblea. Si ahí impera la obediencia sin voz, la urna del domingo se vuelve catarsis, no poder.
Por eso, la democracia política sin democracia económica es una ficción procedimental. La Ley de Cogestión Laboral rompe esa ficción: en empresas de más de 300 trabajadores, el 40% del Consejo de Administración será electo por voto directo, secreto y universal de los empleados.
Es el modelo alemán de Mitbestimmung, vigente desde 1976. No destruyó el capitalismo; lo hizo estable, porque alinea el interés del capital con el del trabajo y reduce la conflictividad.
Se añade el Fondo Obrero de Capitalización: 4% de las utilidades netas anuales de la empresa grande se deposita en un fideicomiso propiedad de sus trabajadores, que compra acciones de la misma empresa. En 12 años, los trabajadores controlan 30% del capital: dejan de ser gasto y se vuelven socios.
Se suma banca pública de primer piso: cajas estatales con mandato de crédito a cooperativas sin buró, con evaluación de proyecto. Se rompe el oligopolio financiero que hoy decide quién produce y quién quiebra.
Sociológicamente, esto significa disolver la frontera entre ciudadano y trabajador. El mexicano dejará de esquizofrenizarse: votar como soberano el domingo y obedecer como súbdito el lunes. Un país de socios no hace huelga; hace empresa. Un país de empleados hace cola.
La tercera ruptura es del presidencialismo al parlamentarismo social. La soberanía delibera y obliga. El hiperpresidencialismo mexicano es, en términos de Giovanni Sartori, un presidencialismo reforzado: concentra iniciativa, veto y presupuesto.
Ese diseño fue funcional para construir el Estado posrevolucionario, pero es disfuncional para distribuir poder en el siglo XXI, porque concentra la agenda en una persona y convierte al Congreso en notario y al ciudadano en espectador.
La salida es la Asamblea Económica y Social de la Nación, por reforma constitucional. Integración: 500 miembros; 300 sorteados del padrón electoral, con paridad y representación estatal, mandato de dos años sin reelección; 200 de sindicatos, cámaras, universidades, pueblos originarios y colegios, mandato de cuatro años. Sesiona seis meses.
Facultades: dictaminar Plan Nacional, reforma fiscal y presupuesto. Su dictamen es vinculante: si la Cámara lo rechaza, hay referéndum en 90 días.
Es el modelo del Conseil Économique, Social et Environnemental de Francia y de los Consejos de Diálogo de Uruguay. Politológicamente, esto es parlamentarizar la política económica sin parlamentarizar el sistema de gobierno: se mantiene el Presidente, pero se le quita el monopolio de la iniciativa.
Se añade ley antimonopolio mediática: ningún grupo puede tener más de 12% de la audiencia nacional. Sin pluralidad no hay deliberación; hay propaganda.
Y se instituye la revocación de concesiones por voto regional: si una minera, un banco o una televisora viola la ley, los ciudadanos de la región pueden revocarla en urna. La propiedad deja de ser derecho absoluto y vuelve a ser función social, como ordena el artículo 27 constitucional.
Estas tres rupturas no son programa de gobierno; son prerrequisitos de República. La ciencia política lo demuestra: sin distribución de activos no hay pluralismo, solo oligarquía con elecciones; sin democracia en la empresa no hay cultura cívica, solo disciplina laboral; sin deliberación vinculante no hay legitimidad, solo legalidad.
La sociología lo confirma: un pueblo sin patrimonio no delibera, sobrevive; un pueblo sin voz en el trabajo no innova, obedece; un pueblo sin veto social no controla, aplaude.
Por eso, la transferencia monetaria fue necesaria, pero es insuficiente: quitó el hambre, no quitó el miedo; y sin quitar el miedo no hay ciudadano, hay clientela.
La historia de México es la historia de una soberanía proclamada en 1821, jurada en 1917 y postergada hasta 2026. La urna la conquistamos; el plato y la vida siguen en disputa.
El pueblo no votó para que le aumenten la tarjeta; votó para dejar de necesitarla. Votó para ser dueño de su casa, de su trabajo y de su voz. Esa es la soberanía pendiente, y no se salda en ventanilla: se salda en el Registro Público de la Propiedad, en el acta de asamblea de accionistas y en el Diario Oficial que publique la Asamblea Económica y Social.
Mientras eso no ocurra, tendremos elecciones, pero no democracia; tendremos habitantes, pero no ciudadanos; tendremos Constitución, pero no República.
Cuando ocurra, el artículo 39 dejará de ser poesía cívica y será contrato social cumplido. Entonces, el pueblo no solo votará: mandará. Y mandar significa tres verbos: tener, codecidir y vetar.
Sin esos tres verbos, la soberanía es un discurso. Con esos tres verbos, la soberanía es un hecho. Y un hecho no se discute cada seis años: se vive todos los días.
