El sector empresarial mexicano está cierto que la economía del país puede crecer al 4.0% de forma consistente, pero para ello se requieren niveles de inversión superiores al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de manera sostenida.
Ante esta situación, “es indudable que, para impulsar la inversión nacional, es indispensable redoblar esfuerzos para asegurar un ambiente de certeza jurídica, un entorno en donde la corrupción e inseguridad no sean factores que determinen las decisiones de invertir”, indicó el Centro de Estudios y Económicos del Sector Privado (CEESP).
Pero agregó que también se necesita un esquema fiscal que se convierta en un incentivo para canalizar mayores recursos a la actividad productiva, por lo que “es un paso apropiado facilitar los procesos para agilizar la aprobación de proyectos de inversión que estimulen la creación de empleos formales de calidad”.
Con ello, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no descarta que el acuerdo del gobierno de México para estimular la inversión y agilizar proyectos “podría ser la manera más eficiente para lograr objetivos de crecimiento económico”.
Empero, insistió que para impulsar la inversión es indispensable un entorno donde la corrupción e inseguridad no influyan en las decisiones empresariales.
Recordó que el pilar principal del crecimiento económico es la inversión privada, ya que genera capital, aumenta la productividad y crea empleos de calidad, mejorando el bienestar de los hogares.
En ese sentido, señaló que la inversión privada representa cerca del 90% del total de inversión, concentrada principalmente en empresas medianas y grandes, mientras que las micro y pequeñas empresas aportan el resto.
De ahí la importancia de un entorno atractivo para invertir, modernizar operaciones e integrarse a la actividad productiva.
El CEESP destacó que autoridades e inversionistas deben colaborar para mejorar el ambiente de negocios, respaldando el reciente acuerdo sobre lineamientos para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal.
Confía en que estos mecanismos permitan impulsar proyectos en sectores estratégicos que favorezcan el crecimiento económico y el empleo.
Entre los beneficios se incluyen cero costos burocráticos, aprobación de proyectos sin retrasos administrativos y una afirmativa ficta si la autoridad no responde en 90 días.
Finalmente, se subraya que lo más relevante es la certeza jurídica, al garantizar procesos digitales con transparencia y eficiencia en cada etapa.
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