El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Terry Cole, advirtió ante el Senado de Estados Unidos que la acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es apenas el inicio de una ofensiva judicial contra funcionarios mexicanos señalados por colaborar con los cárteles.
Cuestionado por un senador republicano sobre el expediente contra el mandatario sinaloense, Cole equiparó la responsabilidad de los políticos cómplices con la de los traficantes.
Los acusados, dijo, “son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno”.
El titular de la DEA sostuvo que la implicación de altos cargos del gobierno mexicano “ha estado presente durante años” y que la diferencia actual radica en la prioridad política asignada al asunto por la administración de Donald Trump. “Les aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, sentenció.
La acusación del 29 de abril
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por conspiración para importar fentanilo, heroína y cocaína a territorio estadounidense.
El expediente, vinculado a la facción de “Los Chapitos”, también imputa al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Se trata de la primera imputación formal de Washington contra un gobernador mexicano en funciones.
Las declaraciones de Cole se producen en medio del endurecimiento de la política antidrogas impulsada por el presidente Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
El actual jefe de la DEA, con experiencia previa en México, Afganistán y Colombia, ha sostenido que el narcotráfico representa una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos y ha acusado a sectores políticos mexicanos de facilitar las operaciones criminales.
La semana pasada, el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, adelantó que podrían surgir nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos a partir de testimonios y revelaciones de narcotraficantes trasladados a territorio estadounidense.
Rocha Moya negó los señalamientos, los calificó de “falsos y dolosos” y solicitó licencia el 2 de mayo; Yeraldine Bonilla Valverde asumió la gubernatura interina. Mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum exigió a Washington compartir las pruebas y manifestó preferencia por procesar el caso en territorio mexicano, descartando una extradición inmediata.
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