La Pequeña Dosis de Historia Por: Dr. Joaquín Robles Linares
El año de 1929 se enfrentaban peligros que ponían en riesgo a la Revolución hecha Gobierno. Una rebelión miliar, la Escobarista; llegaba la primera campaña del PNR y Pascual Ortiz Rubio se enfrentaba a un adversario sobresaliente, José Vasconcelos, a todo esto se sumaba una huelga universitaria.
La concentración del poder y habilidad política hizo de Plutarco Elías Calles el personaje dominante, nacía el Maximato. No obstante, el presidente interino Emilio Portes Gil tuvo el acierto de resolver el conflicto universitario con el otorgamiento de la autonomía universitaria.
En Sonora, el viejo anhelo empieza a cristalizarse en 1938, se redacta la legislación que dará vida oficial a la Universidad de Sonora, la Ley 92 y la promulgará el general Román Yocupicio, aquella primera legislación alude a la experiencia universitaria de 1929, se le otorga el carácter de “plantel educativo autónomo”, según lo marcaba el artículo 2. En 1939 la legislación se reformará y en las décadas siguientes llegarán otras leyes.
En 1953 se promulga la ley 39 y para los años sesenta se manifiestan brotes de inconformidad, la política nacional se desplaza a las universidades, Sonora no es la excepción.
El conflicto universitario de 1967 en Sonora terminó con la ocupación militar y el desalojo de los estudiantes, fue el último movimiento estudiantil que acaparó la auténtica simpatía popular y el desafortunado preludio de los trágicos acontecimientos de 1968 en la UNAM.
A partir de los años setenta las crisis se vuelven recurrentes, llega el primer Gobernador de extracción universitaria local, Carlos Armando Biebrich y promulga una nueva legislación en 1973, la Ley 103, los conflictos se trasladarán al complejo escenario laboral, en esta década los dos sindicatos son reconocidos y viviremos la huelga más larga en 1976.
En 1991 llega otra generación al poder en Sonora, Manlio Fabio Beltrones conocía de cerca los conflictos y sumaba renovadas capacidades políticas, se hace un cambio de fondo y se decreta una nueva legislación, la Ley 4. Se promulga y sin demora entra en vigor, una nueva distribución administrativa y un cambio contundente.
Evidentemente hubo resistencias de algunos que habían hecho de la universidad un patrimonio particular. Una de las figuras que se crean con la Ley 4 fue la Junta Universitaria, órgano que tenía dentro de sus facultades elegir al rector, pero también otra que fue muy útil: “Conocer y resolver los conflictos que se presenten ante los demás órganos de autoridad universitarios y de aquellos asuntos que no sean de la competencia de otra autoridad” (artículo 18- IV).
Esto hizo de aquel instrumento una entidad de acuerdos y un inhibidor de conflictos, un espacio para la colaboración en beneficio de la institución y los gobiernos. Una instancia que permanecía lejos del enfrentamiento e integrada personajes de reconocida solvencia moral, profesional y académica.
La administración actual decidió derogar la Ley 4 por un trasnochado revanchismo político aunado a un senil posicionamiento ideológico. La legislación derogada contribuyó notoriamente a la mejora de la vida académica, llegaron nuevas carreras y posgrados, se incrementó la investigación, así como los intercambios universitarios.
La Ley 4 trajo éxitos y reconocimientos, además estaba pensada para tener posibilidades de un mejor arreglo institucional, la Ley 169 carece de instancias, está atada a un asambleísmo electoralista lejos de los objetivos centrales de una institución de educación superior. Nulificó instancias que habían dado resultado y alteró el ambiente universitario.
Hoy atestiguamos otra huelga al amparo de esta legislación, adicionalmente habrá que agregar algo que la hace singular, la autoridad universitaria, sindicatos y Gobierno provienen de la misma fuerza política.
