LO QUE ESTÁ PASANDO: LOS HECHOS
En la zona de San Pedro El Saucito, al norte de Hermosillo, se está desarrollando desde marzo de 2026 un proyecto inmobiliario de nombre ÁGAPE sobre una propiedad de aproximadamente 14 hectáreas recientemente adquirida.
Lo que debería ser un desarrollo ordinario tiene características que exigen explicación pública urgente por parte de las autoridades municipales, estatales y federales involucradas.
Porque lo que está ocurriendo no es desarrollo. Es una serie de acciones que, de no tener respuesta institucional inmediata, configuran un escenario de riesgo civil, legal y ambiental de primera magnitud.
PRIMER HECHO GRAVE: DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD AJENA
Desde que se tomó posesión del predio, se derrumbaron muros y se derribó el letrero de un fraccionamiento campestre con más de 50 años de existencia en la zona.
Esas construcciones no pertenecían al nuevo propietario. Esas paredes, esos accesos, esa identidad física de más de medio siglo pertenecían a otras personas, a otros propietarios, a otra comunidad.
Las preguntas que nadie ha respondido:
¿Con qué autorización legal se derrumbaron construcciones ajenas? ¿Quién responde por los daños causados a los propietarios afectados? ¿El Ayuntamiento de Hermosillo tiene registro de esta destrucción? ¿Se presentó alguna denuncia? ¿Hubo alguna sanción?
El silencio institucional hasta ahora es, en sí mismo, una respuesta preocupante.
SEGUNDO HECHO GRAVE — Y EL MÁS PELIGROSO: UN GASODUCTO DE PEMEX ATRAVIESA LA PROPIEDAD
Este es el punto que debe alarmar a toda la ciudadanía de Hermosillo, y no solo a los vecinos de la zona.
Por debajo o a través del predio de 14 hectáreas donde se desarrolla ÁGAPE pasa un gasoducto activo de Pemex.
No es un detalle menor. No es un trámite administrativo pendiente. Es una infraestructura federal de alto riesgo que transporta gas a presión y cuya zona de seguridad está regulada por normativa federal estricta, precisamente porque una perforación accidental, una excavación no autorizada o cualquier afectación mecánica puede provocar consecuencias catastróficas.
Y sin embargo, se está desplegando maquinaria pesada en el sitio. Se habla de la construcción de un lago artificial dentro del desarrollo. Nadie ha confirmado públicamente si Pemex fue notificado. Nadie sabe si existe un estudio de trazo exacto del gasoducto dentro del predio. Nadie sabe si las excavaciones ya realizadas respetan las zonas de exclusión federales.
¿Sabe Pemex lo que está ocurriendo encima de su infraestructura? ¿Alguien verificó dónde está exactamente ese gasoducto antes de meter maquinaria?
Si la respuesta es no, estamos ante una situación de riesgo real para los futuros habitantes del desarrollo, para los vecinos de la zona y para la ciudad entera.
TERCER HECHO GRAVE: POSTES DE CFE MOVIDOS SIN PERMISO
Como si lo anterior no fuera suficiente, hay un tercer elemento que agrava el cuadro: postes de la Comisión Federal de Electricidad fueron reubicados dentro o en los límites del predio sin autorización formal de la dependencia.
Mover infraestructura eléctrica de la CFE no es una decisión que un particular pueda tomar. Requiere ingeniería autorizada, trámites federales, supervisión técnica y permisos específicos. La CFE es una empresa del Estado y su infraestructura es patrimonio federal.
Las preguntas urgentes: ¿Quién autorizó el movimiento de esos postes? ¿Existe expediente en la CFE de esta reubicación? ¿Hay riesgo eléctrico derivado de una reubicación no supervisada? ¿Por qué fue necesario moverlos? ¿Qué se construirá en ese espacio?
CUARTO HECHO GRAVE: EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO TIENE MUCHO QUE EXPLICAR
Todo lo anterior ocurre en el municipio de Hermosillo, lo que significa que el Ayuntamiento es corresponsable de lo que pase.
Las preguntas directas a la autoridad municipal: ¿Se otorgó licencia de construcción para ÁGAPE? ¿Cuándo y bajo qué condiciones? ¿Esa licencia contempla la existencia del gasoducto de Pemex en el predio? ¿Existe Manifiesto de Impacto Ambiental autorizado para este desarrollo? ¿Se consultó a Pemex antes de autorizar obras sobre su infraestructura? ¿Se autorizó el derribo de las construcciones del fraccionamiento campestre preexistente? ¿El Alcalde de Hermosillo tiene conocimiento personal de este proyecto? ¿Existe algún interés de la autoridad municipal en lo que viene para esa zona?
Una licencia en blanco que lo permita todo no existe en ningún reglamento de construcción. O no debería existir.
QUINTO HECHO GRAVE: HAY PREVENTA ACTIVA SIN CERTEZA DE PERMISOS
Con todo lo anterior sobre la mesa, ÁGAPE ya tiene preventa activa y un despliegue impresionante de maquinaria, vehículos de lujo y personal en el sitio.
Ciudadanos de Hermosillo están siendo invitados a comprar en un desarrollo que tiene un gasoducto federal activo en su interior, que no ha confirmado públicamente su Manifiesto de Impacto Ambiental, que tiene pendientes serias sobre la legalidad de sus primeras obras y que operó sobre infraestructura federal sin permisos confirmados.
¿Están siendo informados los compradores de la existencia del gasoducto? ¿Están siendo informados del historial de irregularidades desde el inicio del proyecto?
Vender sin revelar estos elementos no es solo un problema ético. Puede ser un problema legal.
LO QUE SE EXIGE PÚBLICAMENTE
Esta denuncia ciudadana exige respuesta formal y pública de las siguientes instancias:
Pemex: ¿Tienen conocimiento de las obras sobre su gasoducto? ¿Han emitido algún dictamen de seguridad? ¿Existe convenio con el desarrollador?
CFE: ¿Autorizaron el movimiento de sus postes? ¿Existe expediente? ¿Hay riesgo eléctrico?
Ayuntamiento de Hermosillo: ¿Qué licencias se otorgaron, cuándo y con qué condicionantes? ¿Existe Manifiesto de Impacto Ambiental aprobado?
SEMARNAT y PROFEPA: ¿Han sido notificados? ¿Han inspeccionado el sitio?
Desarrolladores de ÁGAPE: ¿Están informando a sus compradores de la existencia del gasoducto y de los pendientes regulatorios?
CONCLUSIÓN: LA CIUDAD TIENE DERECHO A SABER
Hermosillo es una ciudad que ha crecido muchas veces más rápido que su capacidad de supervisar ese crecimiento. La consecuencia de esa brecha, en demasiadas ocasiones, la han pagado los ciudadanos: con fraudes inmobiliarios, con desarrollos sin servicios, con zonas de riesgo habitadas.
Lo que está ocurriendo en San Pedro El Saucito con el proyecto ÁGAPE concentra, en un solo predio de 14 hectáreas, varios de los peores escenarios posibles: propiedad ajena destruida sin consecuencias visibles; infraestructura federal de gas operando bajo maquinaria sin supervisión confirmada; infraestructura eléctrica movida sin permisos conocidos; preventa activa sin certeza pública de permisos completos; y silencio institucional que, a estas alturas, ya no puede interpretarse como descuido.
Los ciudadanos de Hermosillo merecen respuestas. Los compradores potenciales merecen la verdad. Y las autoridades tienen la obligación de darlas.
El silencio no es una opción. No cuando hay un gasoducto de por medio.
Se invita a vecinos, periodistas, autoridades y ciudadanía en general a documentar, compartir y exigir respuesta institucional sobre este caso.
