Expresiones. Por: Gaspar Navarro
“Se desgrana la mazorca” de los exfuncionarios en Sinaloa al entregarse el ex titular de seguridad y ex secretario de Finanzas de Rocha Mocha para convertirse en “testigos protegidos cooperantes” con lo cual sus declaraciones fortalecerán las pruebas contra el narco gobierno sinaloense.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum, insiste a Estados Unidos que presente pruebas contra los 10 exfuncionarios entre los que incluye al exgobernador Rubén Rocha Mocha, pero su gobierno a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “congeló” cuentas bancarias personales y empresariales del exmandatario sinaloense, de sus familiares y de sus socios.
Con su investigación el gobierno federal sigue la ruta financiera y patrimonial de Rocha Moya y de su circulo familiar. La UIF busca de pruebas “lavado de dinero”, triangulación financiera, contratos públicos y uso de estructuras empresariales vinculadas al entorno familiar y político de Rocha Moya.
El gobierno de Sheinbaum con esa investigación financiera contra Rocha Moya y sus cercanos manda una señal de que el exgobernador sinaloense no está “tan limpio” como presumían antes en su airada defensa, a menos que al final salgan con que no se detectaron nexos financieros con los narcos de Sinaloa, lo cual por supuesto nadie creerá.
Como tampoco creen al gobierno federal cuando asegura que Rocha Moya colaboró de manera firme en el combate contra los cárteles de la droga en Sinaloa con quienes el gobierno de Estados Unidos lo vinculan y demandan su extradición para juzgarlo en Nueva York por considerarlo “narcopolítico”.
El exsecretario de Seguridad en Sinaloa, Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades de Estados Unidos en Arizona, para días después seguirle los pasos el extitular de Finanzas, Enrique Díaz Vega, a quien acusan de ser el operador político y financiero en campañas financiadas por narcos. Díaz Vega andaba de vacaciones en Europa, cuando se entregó a las autoridades de Estados Unidos.
La acusación sostiene que los señalados, todos ligados al gobierno o a corporaciones de seguridad en Sinaloa, habrían participado en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Según el documento, entre 2023 y 2024, Gerardo Mérida Sánchez habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos en efectivo de parte de Los Chapitos.
La acusación también señala que, como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Mérida habría entregado avisos anticipados sobre operativos policiacos, lo que permitió evacuar personal y droga antes de los cateos. Incluso se afirma que en 2023 advirtió con anticipación sobre al menos 10 redadas en laboratorios de drogas. Además, habría dejado de interferir en las operaciones del grupo criminal y no habría detenido a sus integrantes.
Faltan “peces gordos” como el gobernador con licencia Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, corriendo rumores de posible entrega en Estados Unidos del legislador federal, pero lo desmintió a través de redes sociales al asegurar que sigue en Sinaloa, que es inocente y que solo responderá a las autoridades mexicanas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos exhortó a sus fiscales a triplicar el número de acusaciones en contra de políticos mexicanos sospechosos de cooperar con los cárteles del narcotráfico, además de fincarles cargos por terrorismo, por lo que la pesadilla del gobierno federal y en los estados sigue por la cacería de narcopolíticos emprendida por Donald Trump.
RECTORA DE UNISON SE SIENTE AGRAVIADA POR STAUS
En un comunicado titulado “Huelga por la dignidad”, el STAUS aseguró que durante las negociaciones presentó datos financieros, argumentos legales y propuestas de diálogo, pero acusó a las autoridades universitarias de responder con “desdén, soberbia y evasivas”.
El sindicato que mantiene una “huelga de hecho” en la Unison afirmó que el salario de los académicos ha perdido alrededor del 40% de su poder adquisitivo desde 1990 debido a los topes salariales aplicados durante décadas.
Mientras que los académicos sufren rezagos salariales, la burocracia dorada de la Unison tiene sueldos millonarios. El Staus acusó a la administración de mantener salarios y prestaciones para funcionarios universitarios por encima del tabulador firmado con la SEP, situación que podría representar un ahorro de 22.5 millones de pesos para la institución si se ajustaran esos sueldos.
Por actuar con desdén, soberbia y evasivas, la rectora Dena Camarena y su equipo están reprobados, señaló el Staus.
El Abogado General de la Unison aseguró que el paro de labores y la toma de instalaciones promovidos por el STAUS son acciones contrarias a la ley, luego de que el emplazamiento a huelga fuera archivado por un tribunal laboral en Hermosillo, por lo que pide evaluar el ofrecimiento adicional de 12 millones de pesos destinado a atender parte importante de las demandas planteadas por el sindicato.
La rectora Dena Camarena, respondió a las descalificaciones que le hizo el STAUS, pidiendo dialogo de altura porque considera que el discurso de confrontación no contribuye a la construcción de acuerdos durante el proceso de revisión salarial 2026.
A través de un comunicado, la institución consideró inapropiado que, en medio de un escenario que requiere entendimiento y responsabilidad compartida, el sindicato haya optado por una narrativa de confrontación en lugar de reconocer los esfuerzos financieros realizados por la universidad.
Como vemos en la Unison los “puentes están rotos” al confrontarse el Staus con la rectora y su equipo, por lo que urge “un tercero en concordia” que bien puede ser el gobierno estatal para reanudar el diálogo y la negociación para terminar con la huelga.
En su pasada mañanera Sheinbaum se lavó las manos del conflicto laboral en la Unison, al señalar que atender la huelga en la Unison corresponden al gobernador Alfonso Durazo y al subsecretario de Educación Superior.
(g_navarro_ruiz@hotmail.com)
