Mtro. Jesús Antonio García Ramírez.
Politólogo.
1. Consideraciones previas: El expediente que se recibe.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora no inicia de cero; inicia desde el déficit. La institución que recibe el Lic. Teodoro Cervando Flores arrastra años de desgaste donde la legalidad se volvió trámite y la defensa de derechos se quedó en papel membretado. El ciudadano de a pie aprendió, a golpes de impunidad, que la CEDH es ventanilla para desahogarse pero no instrumento para reparar el daño. Se normalizó que la queja termine en un expediente archivado y que la recomendación termine aceptada pero incumplida, sin costo político ni jurídico para la autoridad violadora. Ese es el primer dato duro: la Comisión perdió su lugar en el imaginario social como contrapeso real del poder.
El abandono territorial es el segundo dato. Mientras la violencia institucional escala en Cajeme, mientras los jornaleros del Valle del Yaqui enfrentan condiciones de semiesclavitud, mientras las mujeres buscan a sus desaparecidas y las comunidades Yaquis defienden su agua, la CEDH se mantuvo en su edificio de Hermosillo, procesando el dolor a distancia. Los sectores vulnerables —justo los que le dan sentido a un organismo autónomo— dejaron de tocar la puerta porque la experiencia les dijo que adentro no había respuesta. Así, la Comisión se convirtió en un actor ausente del conflicto social, espectadora de violaciones sistemáticas que ocurren a kilómetros de su oficina.
En ese contexto llega el Lic. Cervando Flores. Su trayectoria en la izquierda y su vínculo histórico con la defensa de sectores vulnerados generan una expectativa distinta, no por mitificación personal sino por contraste. Viene de la calle, de la organización social, del litigio desde abajo. Ese perfil rompe con la inercia burocrática que caracterizó a la institución. Pero conviene decirlo claro: un perfil no es un objetivo institucional. La moral proclamada del nombramiento —“inicia nueva era”— solo se vuelve moral efectiva si la Comisión transita de ombudsman decorativo a garante con dientes. La expectativa es capital político, pero también es factura que se cobra rápido.
2. A manera de reflexión: Gobernar los Derechos Humanos no se decreta.
Decretar una nueva era en la CEDH sería repetir el error que ya exhibimos en otros espacios: confundir el discurso con la transformación. Como enseñó Adolfo Sánchez Vázquez, la ética no se proclama, se practica. Y la práctica, en derechos humanos, se mide en cuerpos protegidos, en violaciones detenidas, en patrones de abuso desmontados. Si la nueva gestión no modifica las condiciones materiales y políticas con las que opera la Comisión, estaremos ante otra simulación, ahora con rostro de izquierda.
El primer nudo es estructural y lo explica Wallerstein: los sistemas-mundo presionan a los Estados periféricos a contener el gasto social, incluido el gasto en vigilancia de derechos. Una CEDH sin autonomía financiera real termina negociando su agenda con quien le aprueba el presupuesto. ¿Cómo se investiga tortura, desaparición o despojo si cada inspección depende de un oficio que puede ser congelado? La autonomía no es retórica constitucional; es capacidad de operar sin permiso del poder que se vigila. Ese es el primer reto de gestión que no resuelve un nombramiento.
El segundo nudo es jurídico y operativo. El Artículo 102-B constitucional otorga facultades amplias a la CEDH, pero en Sonora esas facultades se volvieron protocolarias. Emitir recomendaciones se convirtió en el techo de la actuación, cuando debería ser el piso. El salto cualitativo está en transitar de la recomendación al litigio estratégico, de la visita anunciada a la inspección sorpresa, de la queja individual al diagnóstico de patrones. David Harvey lo advirtió: el neoliberalismo normalizó acumular violaciones arriba e impunidad abajo. La Comisión no puede ser la notaría que certifica esa acumulación. Tiene que ser el interruptor que la detiene, y para eso necesita litigar, mediar con alto nivel y exhibir públicamente al poder cuando violenta derechos. La trayectoria del Lic. Cervando Flores aporta lectura de territorio y sensibilidad social, pero ahora el desafío es convertir esa lectura en operación institucional. La biografía ayuda, pero no sustituye al expediente bien integrado ni a la presión política bien calculada.
El tercer nudo es de legitimidad. La izquierda no puede llegar a la CEDH a administrar la crisis de derechos humanos; tiene que llegar a desmontarla. Y desmontarla implica incomodar. Incomodar a la Fiscalía cuando fabrica culpables, al Poder Judicial cuando valida detenciones arbitrarias, a los Ayuntamientos cuando criminalizan la protesta, al propio Ejecutivo cuando omite buscar desaparecidos. Si la Comisión se vuelve cómoda para el poder, será inútil para la víctima. La nueva gestión tiene el activo de conocer el lenguaje de los agraviados, pero el riesgo es que la expectativa social rebase la capacidad de respuesta de una institución desmantelada por años. Transformar la CEDH no es acto de voluntad: es gestión fina, es tejer alianzas con colectivos, es blindar jurídicamente cada caso y es construir autonomía real todos los días.
3. Consideraciones finales: La mediación o el desgaste.
La nueva era de la CEDH no la define la toma de protesta del Lic. Cervando Flores. La definirá si, dentro de seis meses, una madre de desaparecido, una mujer violentada o un jornalero explotado decide caminar a la Comisión antes que subir su denuncia a redes sociales. La vara es esa: recuperar la confianza de la víctima. Y la confianza no se decreta, se gana con resultados verificables en territorio.
Para que la refundación sea real y no retórica, hay tres indicadores que la ciudadanía podrá vigilar sin necesidad de análisis académico. Primero, la Comisión tiene que salir del edificio. Los derechos humanos no se defienden por oficio ni por boletín. Se defienden en Vícam cuando se niega el agua, en el CERESO cuando se tortura, en los campos agrícolas cuando se retiene el salario, en las colonias de la periferia cuando la policía irrumpe sin orden. Una CEDH que no pisa el territorio donde duele la violación, es una CEDH que administra la simulación. Segundo, cada recomendación emitida debe tener ruta de seguimiento público, jurídico y político. Si la autoridad destinataria la acepta y la incumple, debe haber costo. Exhibición pública, litigio ante tribunales, acompañamiento a las víctimas hasta la reparación. La legalidad sin consecuencia es barricada contable, es el mismo guion que ya vimos en la UNISON con el tope del 4%. Tercero, Sonora no necesita diez mil quejas archivadas para presumir trabajo; necesita cinco litigios estratégicos que cambien patrones. Un caso ganado contra tortura policial modifica más conductas que cien recomendaciones ignoradas. Un amparo colectivo por desplazamiento forzado hace más por la gobernabilidad que mil discursos.
El Lic. Cervando Flores conoce el rostro y el nombre de los sectores vulnerados porque ha caminado con ellos. Ese es su capital más valioso. Pero ahora administra una institución del Estado y el reto es que su biografía no funcione como escudo ante la crítica, sino como método de trabajo. Que la sensibilidad social se traduzca en expedientes sólidos, que la cercanía con los colectivos se traduzca en litigio técnico impecable, que la experiencia de lucha se traduzca en gestión que incomode al poder. Si lo logra, la CEDH dejará de ser instancia testimonial y se convertirá en garante efectivo. Si no, estaremos ante una alternancia sin alternativa. Y en materia de derechos humanos, la alternancia sin alternativa también es una forma de violación por omisión. La historia no juzgará la intención del nombramiento; juzgará si la Comisión, por fin, estuvo del lado de la víctima cuando más la necesitaba.
