El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, tengan un ‘parole’ o permiso especial de entrada a los Estados Unidos, luego de reportes de que su visa fue cancelada por motivos de seguridad.
Este diario solicitó oficialmente al DHS información sobre si la dependencia otorgó un ‘Significant Public Benefit Parole’ (Permiso Parole por Beneficio Público Significativo) y, de ser así, bajo qué condiciones. La respuesta no solamente incluyó la negativa que se haya otorgado tal permiso de ingreso a EE.UU., sino que tal oficina agregó los segundos apellidos de ambos gobernadores, confirmando que se refería a ellos, dado que la petición formal incluyó solamente el primer apellido de cada uno.
“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”, indicó la dependencia a través de un correo electrónico a este diario. El ‘parole’ es decrito como un “perdón a la deportación”, cuando un extranjero es considerado inadmisible y es un término ampliamente usado en asuntos migratorios.
El DHS explica que el Permiso Parole por Beneficio Público Significativo es un permiso discrecional de inmigración que permite a los extranjeros entrar o permanecer temporalmente en los EE.UU. sin visa, siempre y cuando su presencia proporcione “un beneficio reconocido al gobierno, al interés público o a la seguridad nacional”.
La respuesta oficial del DHS es significativa en estos casos, ya que solamente tres de sus oficinas pueden otorgar tal documento de ingreso a un extranjero: la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); la de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y la de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Aunado a ello, para su respuesta, el DHS requería revisar los ‘parole’ otorgados por esas tres dependencias, para confirmar que los dos gobernadores mexicanos no tienen tal permiso de ingreso a EE.UU.
El caso de Durazo y Villarreal desató polémica tras un reporte de Los Angeles Times que afirma que EE.UU. retiró las visas a ambos gobernadores, además de otorgarles permiso especial de entrada, en referencia al ‘parole’ descrito líneas arriba.
En entrevista con este diario, el periodista Steve Fisher, indicó que una fuente le confirmó que al menos Villarreal había ingresado a EE.UU. por un puerto oficial de entrada y había sido escoltado por funcionarios estadounidenses. No hay detalles del motivo de esa reunión ni si el gobernador de Tamaulipas está bajo investigación o coopera en alguna investigación.
“Ni siquiera digo que están reuniendo con autoridades de Estados Unidos”, dijo Fisher la semana pasada. “Lo que sí puedo decir es que el gobernador de Tamaulipas, a veces, cuando llega a la frontera, autoridades de Estados Unidos lo reciben ahí y lo escoltan a su destino. Pero tampoco estoy diciendo que él está cooperando con autoridades”.
¿Y qué pasó con las visas?
Para aclarar el caso del visado a los gobernadores Durazo y Villarreal, el DHS dirigió la petición al Departamento de Estado, donde este diario ya había hecho una solicitud de información.
“Para cualquier pregunta sobre sus visas, les remitimos al Departamento de Estado”, indicó el DHS.
La respuesta del Departamento de Estado fue que la revisión de la validez de las visas es un asunto constante, incluso después de que fueron aprobadas y, en caso de preocupaciones en materia de seguridad que hace a un extranjero inadmisible de ingresar a EE.UU., los oficiales consulares pueden determinar el retiro de tal permiso de entrada.
“La verificación de antecedentes es un proceso continuo, y los solicitantes [de visas] son evaluados antes, durante y después de la resolución consular”, indicó un portavoz del Departamento de Estado. “Tras la emisión de una visa, si el Departamento tiene conocimiento de información nueva y potencialmente desfavorable, un funcionario consular la revisa para determinar si el solicitante sigue siendo elegible para la visa“.
Los casos de Durazo y Villarreal se suman al debate binacional sobre la corrupción en México y la conexión entre políticos con el crimen organizado. Ambos gobernadores han negado que sus visas hayan sido canceladas.
El gobierno del presidente Donald Trump ha aumentado la presión a México contra los cárteles de la droga y presentó cargos contra 10 políticos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien la Fiscalía federal mexicana rechaza detener en forma preventiva, al considerar que EE.UU. no presentó evidencia suficiente.
Mientras, el general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades estadounidenses y podría enfrentar juicio en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró “no culpable”, pero su proceso judicial está apenas en la etapa inicial.
