CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de una semana de llevar a cabo el programa de la “Jornada Intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, padres y madres de los estudiantes desaparecidos se fueron de la Ciudad de México sin cumplir sus objetivos debido a que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impidieron a estudiantes de normales rurales que viajaban en 17 camiones ingresar a la capital.
En el Antimonumento +43, arropados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), madres y padres de los desaparecidos calificaron la determinación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada una violación a su derecho a la protesta social, por haber impedido que estudiantes de distintas normales el país llegaran a la Ciudad de México para acompañarlos en sus movilizaciones, como ha ocurrido desde hace casi 12 años de exigencia por el esclarecimiento de la desaparición forzada.
Antes de regresar a Guerrero, en conferencia de prensa, Hilda Legideño, madre de Joge Antonio Tizapa, e Hilda Hernández, madre de César Manuel González, leyeron un pronunciamiento en el que expusieron cuáles eran las demandas que querían poner sobre la mesa en una reunión con los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Internacionales y de la Fiscalía General de la República (FGR), Rosa Icela Rodríguez, Roberto Velasco, y Ernestina Godoy, respectivamente.
El encuentro estaba programado a las 11:00 de este viernes, pero los padres y madres de los 43 normalistas decidieron no asistir en protesta por haber restringido a los normalistas que los acompañarían el derecho de transitar libremente, bajo el argumento de que era un asunto de “seguridad nacional”.
En el pronunciamiento, las madres de familia exigieron retomar las líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que, desde el año 2024, con la llegada de Claudia Sheinbaum, “fueron abandonadas” sin que se hayan explorado nuevas; y mantienen su exigencia de la entrega de los 853 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) de Iguala, en los que habría información sobre el destino de los 43 normalistas, sobre todo porque al menos 33 de esos documentos habría información de que unos 11 jóvenes habrían sido llevados a la colonia Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan.
Los padres y madres exigieron a la FGR la creación de una comisión de trabajo conformada por cinco de ellos y cuatro de sus asesores jurídicos, para analizar 33 folios CERFIS y “extraer datos relevantes que puedan se diligenciados por el Ministerio Publico y se integren datos de prueba para una posible judicialización” de esos elementos.
A la Cancillería le exigieron las extradiciones del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, corresponsable de la “verdad histórica”, descartada por el GIEI, quien se encuentra en Israel, y de José Ulises Bernabé, exjuez de barandilla en Iguala, quien habría recibido a 17 jóvenes normalistas y entregados al crimen organizado, situación que habría sido atestiguada también por elementos militares, exservidor público que se encuentra en Estados Unidos; así como el regreso del GIEI, bajo el mecanismo que considere apropiado.
Asimismo, los familiares exigieron a la Segob “la no criminalización y represión” del movimiento de desaparecidos, luego de que han sido señalados de “vándalos y violento, particularmente ahora se nos señala que somos de la ultraderecha”, de acuerdo con las descalificaciones que se hacen desde Palacio Nacional.
“Manifestamos que las madres y padres somos personas trabajadoras del campo que no tenemos ideologías, nos mueve el amor a nuestros hijos que desde su desaparición les prometimos luchar por su presentación a costa de nuestras vidas”, leyeron las madres de José Antonio Tizapa y César Manuel González.
Defendieron a los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, que los han acompañada durante casi 12 años, por ser “estudiantes campesinos”, formados en la ideología marxista, lo que no debería ser motivo para ser perseguidos, si el principio del gobierno es que “primero son los pobres, entonces ¿por qué habrían de ser de derecha?”.
En su mensaje dirigido a Rosa Icela Rodríguez, los padres y mares solicitaron que ni ellos “ni a los estudiantes se les abran investigaciones penales por las recientes protestas”, al considerar que sus “demandas son legítimas, luchamos por preservar la vida de nuestros hijos y queremos verdad y justicia”.
En la conferencia, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, recordó que el 8 de junio fueron sometidos a una revisión “humillante, con perros que se subieron a los camiones”, situación que no habían vivido en los casi 12 años de búsqueda de sus hijos.
María de Jesús lamentó que el gobierno los “critica” por llevar a cabo su movilización, a pesar de que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reconoció que la desaparición de los 43 normalistas “fue un crimen de Estado, por eso vamos a seguir luchando hasta llegar a la verdad”.
“El gobierno se burla de nosotros, sabe qué hicieron con nuestros hijos, pero no quieren investigar a los militares.
“Nosotros nunca hemos querido estar aquí, pero fue el gobierno el que nos puso aquí, porque no han querido investigar, por eso queremos que regrese el GIEI, para saber qué hicieron con nuestros hijos”, dijo la madre de José Eduardo Tizapa.
Mario César González, padre de César Manuel González, reclamó a la presidenta Sheinbaum por estar “defendiendo a los criminales, está defendiendo a (Omar García) Harfuch”, quien en 2014 era el comisionado de la Policía Federal en Guerrero y formó parte del “cuarto de guerra” en donde se diseñó la “verdad histórica”, que sostiene que los 43 normalistas fueron ejecutados, sus cuerpos incinerados y sus cenizas depositadas en el río San Juan, de Cocula, hechos atribuidos a integrantes del cártel de Guerreros Unidos, y a policías municipales coludidos.
Mario González reconoció a los movimientos sociales que se manifestaron este jueves 11 en el contexto de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, en especial la movilización de las madres buscadoras, cuya lucha ha sido cuestionada por la presidenta Sheinbaum.
“No quieren que uno grite su dolor, no venimos a boicotear nada, nada más veníamos a pegar las caritas de nuestros hijos donde pudiéramos y la respuesta del gobierno fue mandarnos miles de policías”, reclamó el padre de César Manuel González.
