Cd. de México.- México Tiene Vida, organización impulsada por evangélicos y empresarios de Nuevo León, tuvo irregularidades en el 52 por ciento de los recursos que usó para conformarse en partido político nacional.
De los 16.4 millones de pesos que afirma recibió de aportaciones de simpatizantes, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral detectó que en al menos 8.4 millones de pesos se presentó alguna anomalía.
La falta más grave detectada es recibir dinero de entes prohibidos o sospechosos por más de 4.5 millones de pesos, por lo que se le abrirán tres procedimientos oficiosos para determinar ilegalidades y si es necesario intervendrán autoridades penales o fiscales.
Sin embargo, debido a su “falta de capacidad económica”, el INE tuvo que reducirle la sanción de 6 millones a 2.5 millones de pesos.
México Tiene Vida, cuyo líder es Jaime Ochoa, quien creó el partido Vida en Nuevo León, recibió 2.5 millones de pesos de tres personas, pero la documentación presentada “no genera certeza” de si realmente los recursos salieron de sus cuentas o son intermediarios, lo que sería ilegal.
“No se les pudo localizar directamente en dos ocasiones. Se considera ha lugar al inicio de un procedimiento oficioso a efecto de contar con certeza de que los recursos aportados efectivamente formaban parte de su patrimonio”, indica.
Otro procedimiento es similar porque una persona de nombre Vanessa Hernández Torres depositó 2 millones de pesos, pero sólo pudo demostrar que 779 mil pesos eran de ella, por ello se investigará si trianguló el resto de dinero, un millón 221 mil pesos.
Un oficio más es porque 5 proveedores no dieron respuesta al requerimiento del INE sobre los servicios que supuestamente otorgaron, y sus domicilios también son dudosos. El dictamen no aclara el monto involucrado, por lo que el porcentaje de irregularidades podría ser mayor.
En el documento, que ya fue aprobado por la Comisión de Fiscalización, integrada por 5 consejeros, y el 19 de junio será discutida por el Consejo General, también plantea dar vista al SAT, pues 5 proveedores podrían ser “empresas fantasma”, y en otro caso, presentó comprobantes fiscales dudosos por 277 mil 780 pesos, sin aclarar cuál fue el servicio que proporcionaron.
Otra falta considerada como grave es no reportar gastos en renta de salón de eventos, alimentos, sillas, sonido, transporte, carpas, pantallas y propaganda para sus asambleas por 2 millones 396 mil pesos.
El INE también acusa que la organización contrató a proveedores que no están en la lista permitida del organismo electoral por un monto de 586 mil pesos.
“La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de una persona prohibida por la legislación electoral”, recrimina.
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