El estancamiento económico de México podría prolongarse durante los próximos tres o cuatro años debido a un crecimiento inercial, provocado por el freno económico y los cambios regulatorios que enfrenta el tratado comercial de Norteamérica.
Así lo advirtió Francisco Antonio Serrano Camarena, doctor en Economía y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quien señaló que este escenario obligaría al Banco de México a modificar su política de tasas de interés para mantener atractiva la deuda soberana ante los inversionistas internacionales.
El especialista afirmó que la combinación de una política fiscal más agresiva hacia las empresas y la expansión de programas sociales sin una fuente suficiente de financiamiento podría conducir al país a una crisis de balanza de pagos, similar a la registrada entre 1994 y 1995.
Serrano Camarena explicó que la incertidumbre regulatoria también provocará que, en el corto plazo, las industrias incrementen sus inventarios para acelerar la producción ante un entorno incierto.
Sin embargo, advirtió que la experiencia económica demuestra que el almacenamiento excesivo de mercancías suele derivar posteriormente en paros técnicos y ajustes en las líneas de producción.
Añadió que, ante la necesidad de captar recursos externos, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda podrían adoptar una estrategia para elevar los rendimientos de instrumentos de deuda pública, como los Cetes y las Udis.
De acuerdo con el economista, ello generaría un desequilibrio en las tasas de interés, ya que se buscaría mantener tasas relativamente bajas en el mercado interno para no frenar el crédito, mientras se ofrecerían mayores rendimientos a los inversionistas extranjeros.
A su juicio, esa diferencia terminaría por presionar las finanzas públicas. Además, alertó que un diferencial elevado incentivaría la salida de capitales, pues inversionistas nacionales podrían trasladar sus recursos al extranjero para obtener mejores rendimientos.
EL GOLPE FISCAL A LAS EMPRESAS Y EL RIESGO PARA LA INDUSTRIA
Serrano Camarena consideró que las presiones presupuestarias derivadas del diferencial de la deuda gubernamental coincidirán con una aceleración en el reparto de subsidios directos a partir de septiembre y octubre, mediante esquemas de pensiones bimestrales focalizados en franjas de edad previas a la jubilación legal, como los apoyos a varones y mujeres de 62 años.
Para obtener mayores ingresos, dijo, la Secretaría de Hacienda podría intensificar la fiscalización sobre las grandes empresas mediante auditorías y litigios para recuperar créditos fiscales, como ha ocurrido recientemente con importantes corporativos.
En el caso de Coahuila, advirtió que un escenario de paros técnicos y mayor presión fiscal afectaría directamente al sector manufacturero, principal motor de la economía estatal.
Las armadoras automotrices y su cadena de proveedores en la Región Sureste enfrentarían mayores costos financieros por el incremento en las tasas de interés y la volatilidad cambiaria, factores que podrían frenar nuevos proyectos de inversión.
Asimismo, señaló que una menor inversión registrada ante el IMSS limitaría la generación de empleos en los corredores industriales del norte del país y reduciría la actividad económica regional.
Finalmente, indicó que las decisiones que adopte la Secretaría de Hacienda durante el próximo trimestre serán determinantes para contener una eventual salida de capitales y preservar la estabilidad financiera antes del cierre del año fiscal.
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