A casi un mes de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero (FGJ) ordenó medidas de protección en favor del periodista Pedro Montaño, reportero de API Guerrero, éstas no han sido implementadas, denunció Artículo 19 México y Centroamérica, que exigió a las autoridades estatales cumplir de inmediato con la resolución.
En un comunicado, la organización expresó su preocupación por la omisión de diversas autoridades del estado para ejecutar las medidas dictadas el 16 de junio pasado, luego de que el comunicador denunciara amenazas presuntamente realizadas por una persona que se identificó como integrante del “grupo delictivo de la sierra”.
De acuerdo con Artículo 19, la FGJ determinó aplicar diversas medidas previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales por un periodo de 60 días naturales, al reconocer el contexto de riesgo que enfrenta el reportero. Sin embargo, aseguró que, hasta la fecha, ninguna de ellas ha sido implementada.
Advirtió que esta situación mantiene a Montaño en un estado de particular vulnerabilidad, pese a que las autoridades ministeriales acreditaron la existencia de amenazas que justificaron la emisión de la orden de protección.
Además, informó que el pasado 10 de julio el periodista presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en la que solicitó medidas cautelares. No obstante, señaló que el organismo ha sido omiso incluso en acusar recibo del recurso promovido.
Recordó que el artículo primero de la Constitución establece la obligación de todas las autoridades de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, así como prevenir posibles violaciones a éstos en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, citó la Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que interpreta el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y establece que los Estados deben adoptar medidas especiales de protección para personas en situación de vulnerabilidad cuya vida enfrente riesgos particulares derivados de amenazas concretas, además de intervenir de manera urgente y eficaz para garantizar su seguridad.
Ante este escenario, hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y a las autoridades responsables de ejecutar las medidas para que den cumplimiento inmediato a la orden de protección emitida y garanticen la seguridad del periodista.
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