Mtro. Jesús Antonio García Ramírez. Politólogo
1. Consideraciones previas.
El análisis de la seguridad pública en el México contemporáneo exige superar la dicotomía simplista entre la apología gubernamental y el catastrofismo de corte neoliberal. Durante décadas, el modelo de seguridad en el país estuvo subordinado a una lógica de confrontación frontal que no solo atomizó a los carteles, sino que ensangrentó el tejido social e institucional, dejando a su paso policías locales profundamente corrompidas y una crisis de derechos humanos sin precedentes.
La llegada de la Cuarta Transformación al poder significó un quiebre discursivo y conceptual de dimensiones históricas: por primera vez, el Estado reconoció de manera abierta que la violencia no se extingue con más violencia, sino atajando las asimetrías económicas, la falta de oportunidades para las juventudes y la descomposición estructural del tejido comunitario. Esta premisa, sintetizada en el postulado de que la paz es el fruto maduro de la justicia, dotó al proyecto político de una hegemonía moral innegable ante las mayorías.
El consenso popular no se construyó desde la coerción, sino sobre la promesa de una transformación que devolvería la dignidad a los sectores históricamente vulnerados, planteando una ruta de pacificación que transitaría por la inclusión, la redistribución del ingreso y la desarticulación de las causas sociales del delito.
2. A manera de reflexión.
Sin embargo, el ejercicio prolongado del poder revela una contradicción estructural entre la narrativa original de la justicia social y la arquitectura operativa y presupuestal desplegada en el territorio. La consolidación de la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) evidencia una paradoja de gestión: mientras el discurso hegemónico insiste en la desmilitarización del pensamiento social, el andamiaje institucional refleja una militarización de las capacidades del Estado.
Este giro se sustenta en datos contundentes. Entre 2018 y el presupuesto vigente de 2026, los recursos asignados a la SEDENA aumentaron cerca de un 43% en términos reales, alcanzando los 170 mil 753 millones de pesos. En franco contraste, carteras de corte netamente civil como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han enfrentado recortes severos, incluyendo una contracción proyectada del 17% en sus fondos de operación preventiva. Este reajuste de prioridades ha impactado de fondo la naturaleza del despliegue en el territorio nacional.
El personal adscrito al Ejército mexicano experimentó un crecimiento superior al 30% en los últimos años, superando las 305 mil plazas operativas; paralelamente, el despliegue de la Guardia Nacional escaló un 75%, rebasando los 137 mil elementos distribuidos en el país.
Más allá del combate al crimen organizado, esta densificación militar se ha traducido en la absorción histórica de más de 290 funciones y presupuestos de carácter civil (desde aduanas hasta la gestión de infraestructura estratégica) mediante decretos y convenios, llegando a representar un máximo donde más del 66% de los ascensos federales transfirieron tareas originalmente ajenas a la seguridad a la esfera castrense.
Esta hipertrofia funcional no opera bajo la doctrina represiva ni clandestina del viejo régimen, pero genera fricciones inevitables con las agendas de los movimientos sociales de base. Al priorizar el despliegue de este imponente estado de fuerza federalizado para salvaguardar megaproyectos de desarrollo frente al descontento local, o para cumplir con metas de contención migratoria, el Estado corre el riesgo de vaciar de contenido su propia legitimidad popular.
La tensión se vuelve crítica cuando los colectivos de derechos humanos, las comunidades indígenas autogestivas y los colectivos de madres buscadoras perciben la presencia militar no como un agente de pacificación comunitaria, sino como un elemento de control territorial que inhibe la protesta legítima o que muestra una pasividad burocrática ante el fenómeno criminal.
La hegemonía, por tanto, enfrenta su mayor desafío en las fronteras de su propia operatividad: la pacificación de fondo no puede alcanzarse si los instrumentos de fuerza del Estado chocan, por omisión o por inercia institucional, con las causas de las bases sociales que le dieron origen al movimiento.
3. Consideraciones finales.
Para que la Cuarta Transformación consolide su vigencia histórica sin traicionar sus principios fundacionales, resulta indispensable trazar un rumbo crítico y constructivo que reconcilie la práctica territorial con la doctrina de la justicia social. El porvenir del país no puede ni debe depender de la presencia permanente del ejército en las calles, pues ello significaría normalizar la excepción institucional y postergar la construcción democrática de la paz civil.
La propuesta de rumbo para el proyecto político debe centrarse en tres ejes trazables:
- Primero, el diseño de una ruta clara, fiscalizable y progresiva de fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles, municipales y estatales.
- Segundo, es prioritario establecer mecanismos vinculantes de diálogo y mediación entre el gobierno federal y los movimientos sociales autónomos; la protesta por la defensa de la tierra, el agua y la memoria de los desaparecidos debe ser escuchada y asimilada como una crítica constructiva del pueblo, jamás contenida ni disuadida mediante el despliegue de corporaciones federales.
- Tercero, se debe trascender el esquema de transferencias económicas directas hacia políticas integrales de hábitat y seguridad ciudadana, donde las comunidades marginadas no sean solo receptoras de apoyos, sino co-creadoras de sus propios entornos seguros. Solo mediante el fortalecimiento de la vía civil, el fin de la impunidad y el respeto absoluto a las resistencias de base se podrá edificar una paz duradera, transformando la indiscutible hegemonía electoral en un legado histórico de justicia plena y democrática.
