Gabriel Benítez
La representante legal de la asociación civil Conservando los Valores de la Familia (Covafam), Lizeth Villalobos López, aseguró que se mantiene como representante legal de la organización, pese a la solicitud de un grupo de maestras para su destitución, al sostener que dicha acción forma parte de una estrategia para desacreditarlas.
Durante un encuentro con medios de comunicación en el exterior del Congreso local, señaló que el movimiento suma 95 días de protesta y 75 días de huelga de hambre, por lo que a pesar de la postura de un grupo de maestras que solicitan su destitución, ella sigue siendo la representante legal.
La dirigente manifestó que respeta la postura expresada por las docentes inconformes, sin embargo, sostuvo que la decisión no representa a la base social de Covafam y afirmó que, hasta el momento, la asociación no ha tomado ningún acuerdo interno para modificar su dirigencia, por lo que continuará encabezando las acciones del movimiento.
La causa principal es garantizar el derecho de niñas y niños a recibir educación inicial mediante la armonización del artículo tercero constitucional con la legislación
Asimismo, consideró que las declaraciones de las maestras buscan generar una percepción de división dentro de la organización, y responsabilizó al Gobierno del Estado de promover ese escenario para restar fuerza a las demandas ciudadanas, al insistir en que el objetivo de la agrupación permanece intacto y enfocado exclusivamente en la defensa de la educación inicial.
Villalobos López reiteró la invitación al gobernador de Sonora y al secretario de Gobierno para instalar una mesa formal de negociación donde el tema central sea la homologación de la legislación y no otros asuntos ajenos a la demanda que motivó las manifestaciones, al asegurar que la organización no firmará acuerdos que no atiendan el fondo del problema.
En ese sentido, sostuvo que las reformas en materia educativa no garantizan por sí mismas el acceso universal a la educación inicial, ya que desde su perspectiva, aún falta armonizar la legislación estatal con el mandato constitucional para asegurar que este derecho sea público, obligatorio y gratuito para la primera infancia.
La representante de Covafam convocó además a la ciudadanía a participar en la segunda marcha del movimiento, programada para este miércoles por la tarde, con el propósito de respaldar la exigencia de crear mejores condiciones para la atención de niñas y niños menores de seis años y mantener vigente la presión social hacia las autoridades estatales.
Al ser cuestionada sobre las acusaciones de presuntos vínculos con partidos políticos, rechazó esos señalamientos, por lo que el movimiento ha sido respaldado únicamente por ciudadanos, dijo, además de afirmar que quienes han seguido las manifestaciones pueden constatar que se trata de una causa social sin fines partidistas.
