A 12 años del derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi, el consorcio Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, acumula al menos tres accidentes ambientales de gran impacto en Sonora, mientras continúa expandiendo sus operaciones y reportando ganancias récord, en medio de reclamos por la falta de una reparación integral de los daños ocasionados.
El desastre más grave ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando la mina Buenavista del Cobre derramó alrededor de 40 millones de litros de solución acidulada de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, contaminando más de 270 kilómetros de cauces y afectando a miles de habitantes de la región. Cinco años después, en 2019, una fuga de aproximadamente 3 mil litros de ácido sulfúrico alcanzó el Mar de Cortés desde la terminal marítima de Guaymas. El incidente más reciente se registró el pasado 25 de julio, cuando el descarrilamiento de un tren de Ferromex en Naco provocó el derrame de más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio.
Pese a estos antecedentes, Grupo México mantiene un sólido desempeño financiero. Durante el segundo trimestre de 2026 obtuvo una utilidad neta de 2 mil 93 millones de dólares, un incremento de 90.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que sus ingresos consolidados ascendieron a 5 mil 717 millones de dólares, impulsados principalmente por su división minera y los altos precios internacionales del cobre.
Habitantes de la cuenca del río Sonora y organizaciones ambientales sostienen que la empresa no ha reparado de manera integral los daños ocasionados por el derrame de 2014 y que las sanciones económicas impuestas por las autoridades han sido insuficientes frente a la magnitud de las afectaciones ambientales, económicas y de salud que persisten en las comunidades afectadas.
Mientras continúan las exigencias de justicia y remediación ambiental, Grupo México avanza en la ampliación de proyectos como Buenavista del Cobre y Buenavista Zinc, consolidando su presencia en Sonora, donde los desastres ambientales ocurridos durante la última década siguen siendo motivo de controversia entre pobladores, autoridades y organizaciones civiles.
