Mtro. Jesús Antonio García Ramírez. Politólogo
1. Consideraciones previas
Para comprender el debate actual sobre el uso del presupuesto público en México, es indispensable despojarse de etiquetas reduccionistas y observar el dinero como el instrumento más honesto de la voluntad política. Todo presupuesto estatal es, por definición, finito; esto significa que cada peso asignado a un rubro es un peso que deja de invertirse en otro.
Históricamente, el gasto público se ha estructurado bajo dos grandes premisas que no son necesariamente enemigas, pero que priorizan momentos distintos del desarrollo humano y económico. La primera premisa sostiene que la riqueza de una nación se construye cimentando grandes realidades colectivas: hospitales de alta especialidad, redes carreteras, puertos comerciales y estímulos tecnológicos que atraigan inversión privada para generar empleos indirectos.
La segunda premisa, que sustenta el andamiaje conceptual de la Cuarta Transformación (4T), invierte el orden del flujo económico: argumenta que el desarrollo real no se puede lograr si la base de la población carece de la capacidad mínima. Se convierte en un espejo donde chocan dos formas de entender la justicia social y el crecimiento económico.
2. A manera de reflexión
Cuando analizamos la política de dispersión monetaria directa implementada por la 4T (pensiones universales, becas a estudiantes y apoyos al campo), nos adentramos en una lógica redistributiva que busca sanar de inmediato el tejido social erosionado por décadas de marginación. Esta postura asume que el ciudadano de a pie es el mejor administrador de su propio bienestar; al recibir el recurso sin intermediarios burocráticos ni organizaciones clientelares, se activa un motor económico inmediato en el comercio local.
Desde una perspectiva constructiva, este modelo no debe verse como un simple gasto asistencial, sino como una inyección de liquidez a la demanda interna del país, la cual genera estabilidad social y dignifica a sectores que antes eran invisibles para el presupuesto federal.
Por otro lado, la contraparte de esta reflexión plantea una preocupación legítima sobre la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo. Esta visión argumenta que los bienes públicos complejos —es decir, aquellos que un ciudadano no puede comprar de manera individual en la tienda de la esquina— requieren de la acumulación masiva de capital estatal. Un tratamiento oncológico, una red de transporte masivo o la modernización de la red eléctrica nacional no pueden ser financiados con transferencias individuales.
Quienes defienden la inversión en infraestructura sostienen que el dinero en efectivo es un alivio temporal, pero que las grandes obras públicas son las que verdaderamente democratizan las oportunidades y permiten que el país compita a nivel global. El debate profundo, por lo tanto, no es si se debe ayudar o no a la población, sino definir si el Estado debe ser el proveedor de un piso financiero mínimo para las familias o el constructor de un entorno estructural altamente competitivo.
3. Consideraciones finales
El diseño del presupuesto público en el México contemporáneo no puede resolverse mediante el triunfo absoluto de una postura sobre la otra, sino a través de la articulación de un equilibrio dinámico, técnico y profundamente humano. La gran lección enseñable que este conflicto de poder nos deja es que un país no puede sostener industrias competitivas, tecnología de punta ni dinámicas de alta productividad si la mayoría de su población padece exclusión extrema y carece de lo mínimo para subsistir de forma digna; la paz social y el consumo interno son el suelo sobre el cual se construye cualquier economía sana.
Sin embargo, la otra cara de esta misma moneda nos advierte que un piso social basado exclusivamente en transferencias monetarias directas corre el riesgo de estancarse en un asistencialismo cíclico si no se encuentra respaldado por una infraestructura pública robusta. Son los hospitales de alta especialidad, las universidades tecnológicas, las redes de conectividad y los sistemas de transporte masivo los que verdaderamente traducen ese bienestar inicial en una movilidad social ascendente, sólida y duradera para las próximas generaciones.
Comprender este dilema estructural nos permite evaluar el modelo de la Cuarta Transformación lejos de las descalificaciones retóricas o los sesgos ideológicos del pasado. Su gran mérito histórico ha sido arrebatar el presupuesto de las lógicas tecnocráticas tradicionales para colocar la justicia redistributiva y la dignidad de los vulnerables en el centro de la agenda nacional.
El reto hacia el futuro para el pensamiento económico y político no es dar marcha atrás, sino encontrar el punto de convergencia donde el Estado mexicano logre ser, al mismo tiempo, el garante de un ingreso digno para las familias y el constructor de los grandes bienes públicos que le permitan a la nación competir con fuerza en el escenario global. Al final, el dinero de todos los mexicanos debe servir para ambas tareas: sanar el presente y pavimentar el futuro.
