El Zancudo. Por: Arturo Soto
Hay una asignatura pendiente de los gobiernos para con la clase trabajadora: la justicia laboral. No es un tema nuevo; durante décadas se han venido acumulando rezagos, pero hoy se vive uno de los momentos más críticos en esa materia.
La narrativa de los dirigentes cetemistas al respecto choca con la oficial, esa que habla de la estabilidad y la paz laboral como baluarte de la promoción económica y la confianza empresarial para asentar aquí sus inversiones.
O bueno, no es que choque, matiza Javier Villareal Gámez: “lo que sucede es que paz laboral no necesariamente es lo mismo que justicia laboral”.
Efectivamente, Sonora es uno de los estados que ofrece las mejores condiciones para el asentamiento de nuevas empresas y la ampliación de las ya existentes; su ubicación geográfica, como frontera con Estaos Unidos también lo vuelve un lugar privilegiado, además de su reconocida preparación y capacidad de mano de obra.
Sin embargo, el sistema de justicia laboral es una camisa de fuerza que cada vez le queda más chica al desarrollo del estado: no tiene personal suficiente, hay juzgados laborales compartiendo espacios en el Cereso con juzgados penales y familiares; el aparato de justicia se encuentra centralizado en Hermosillo y faltan tribunales en Ciudad Obregón y Nogales para atender las demandas de los trabajadores de las regiones sur y norte, y por si fuera poco, operan con el mismo presupuesto de hace ocho años.
Ayer, los dirigentes estatal y municipal de la CTM, Javier Villarreal Gámez y Óscar Ortiz Arvayo, acompañados de abogados laborales y líderes sindicales diversos ofrecieron una rueda de prensa en la que expusieron las condiciones críticas en las que se encuentra el aparato de justicia laboral y articularon algunas propuestas para superar esos rezagos, que no son cosa menor.
Nada más en Hermosillo hay un rezago de 4 mil 700 expedientes yen todo Sonora hay 101 mil. El personal de los juzgados simplemente no se da abasto, pues hay casos en que cuatro jueces tienen que atender hasta 3 mil casos. Humanamente eso es imposible, pero si a eso le agregas que de los cuatro jueces uno se incapacita y el otro se va de vacaciones, la cosa se agrava.
Los números ofrecen un panorama desolador: nada más en los juzgados locales hay 9 mil 600 expedientes en espera de una resolución, y en los federales, 2 mil 453.
El gobierno del estado ha hecho esfuerzos encomiables para desahogar estos rezagos, a partir de la reciente reforma laboral, con la creación del Centro de Conciliación donde se han resuelto 186 mil casos, generando más de 5 mil 500 millones de pesos para resolver demandas de trabajadores, en lo individual y en lo colectivo, pero todavía hay mucho que hacer en el nuevo sistema de impartición de justicia laboral.
Imaginemos el caso de un trabajador que es despedido en Agua Prieta. Se queda sin trabajo, sin dinero, sin abogado, y todavía tiene que viajar hasta Nogales para darle seguimiento a su demanda. Casos como ese son frecuentes en los municipios distantes de la capital, apunta.
Con esos antecedentes, los cetemistas preparan propuestas para llevar al ámbito legislativo, tanto en el federal como el estatal para exhortar a los diputados y diputadas a que se comprometan con este tema y empujen desde sus curules, la demanda de incrementar al menos un 4 por ciento el presupuesto, tanto de la federación como del estado, para mejorar el sistema de justicia laboral.
Sostienen que ya han entablado conversaciones con legisladores federales para exponerles este tema, y de manera muy concreta el de los recursos necesarios para concluir el edificio que serviría de nueva sede para juzgados federales; un edificio que comenzó a construirse hace cuatro años y que aún se encuentra en obra negra.
En el Congreso local, cuentan con la voz del diputado Óscar Ortiz, quien ya ha recogido elementos con sus asesores y abogados para proponer un incremento al sistema de justicia laboral estatal, en el diseño del próximo presupuesto.
II
Por cierto, al término de la rueda de prensa, llegó a la sede cetemista el aspirante a la coordinación del Comité de Defensa de la 4T en Sonora, Javier Lamarque Cano. No fue una visita casual, sino previamente pactada para conversar sobre este y otros temas.
El trabajo del alcalde con licencia ha tenido un notable relanzamiento de un par de semanas a la fecha. Se le ha visto intensificar sus encuentros con sectores importantes de la población, desde vecinos en colonias populares hasta empresarios de los llamados ‘cuello 18’.
Y lo ha hecho sobre todo fuera de Cajeme, el municipio que gobierna y donde ha sido presidente municipal en tres ocasiones. La jugada tiene lógica: al cajemense le interesa reforzar su posicionamiento en otras regiones, sobre todo en el norte del estado, pues en el sur es donde, por razones obvias, tiene más presencia.
Como parte del relanzamiento de estos trabajos con miras a la cada vez más cercana definición sobre quién abanderará a Morena y sus aliados en la próxima contienda por la gubernatura, se ha notado también un mayor acercamiento con la gente en el contacto casa por casa, un terreno que el cajemense no había explorado tanto, pero ya lo está haciendo.
Es muy probable que esto se deba a la incorporación del senador Heriberto Aguilar a su equipo, como coordinador, ya que este acumula basta experiencia en los recorridos a golpe de calcetín, repartiendo el periódico Regeneración. Y desde luego, a la siempre presente compañera de vida del aspirante, la rectora de la Universidad Estatal de Sonora, Patricia Patiño Fierro, que es la bujía de este proceso.
III
“Después de 12 años, tienen derecho a dudar”, les dijo el gobernador Alfonso Durazo a los habitantes de pueblos del Río Sonora, en el encuentro que sostuvieron ayer para echar a andar el plan de remediación para esa cuenca, gravemente contaminada por un derrame tóxico suscitado a raíz del rompimiento de una presa de jales operada por Grupo México en 2014.
Aquello fue considerado el desastre ambiental más crítico en la historia de Sonora, pero lo que siguió puede considerarse el atraco más inhumano de parte de funcionarios públicos y entes privados, a una comunidad que desde entonces observó con azoro y desaliento la rapiña presupuestal y las mentiras oficiales en torno a las eventuales soluciones para esa conflagración.
La historia es harto conocida: se transó con el abasto de agua, con el recurso del fideicomiso multimillonario con el que se construirían entre otras cosas, plantas potabilizadoras, se crearían fuentes alternativas de empleo y se erigiría un hospital en Ures para atender a los afectados por la contaminación del suelo y el agua en la región. Pero sobre todo, se prometió remediar el daño ecológico y garantizar la no repetición de la tragedia.
Nada de eso sucedió. Lo que sí sucedió, es que funcionarios públicos del gobierno estatal de aquel entonces, comandado por Guillermo Padrés, atiborraron de dinero sus cuentas bancarias y algunos de ellos todavía andan por aquí en las redes sociales dando cátedra de honestidad y buen gobierno.
Por eso no se equivoca el gobernador cuando les dice que tienen derecho a dudar.
Lo cierto es que ayer estuvo en Ures la titular de Semarnat, Alicia Bárcenas, acompañada del gobernador para anunciar una nueva etapa en el proceso de remediación que será apuntalado con una inversión de 654 millones de pesos para la caracterización, muestreo, remoción, tratamiento, disposición y seguimiento de los materiales que representen riesgos para el ambiente y la salud no solo en la cuenca del Río Sonora, sino en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito.
Este encuentro se dio unos días después de que el gobernador colocara la primera piedra del durante mucho tiempo anunciado hospital en Ures, que debió empezar a construirse aquel lejano 2014.
Durante el encuentro de remediación realizado en Ures, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, destacó que los recursos para esta etapa ya están disponibles y subrayó que las acciones responden al compromiso asumido por el Gobierno de México con las comunidades del Río Sonora.
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