Expresiones. Por: Gaspar Navarro
Luego de las múltiples protestas por el mal servicio médico y desbasto de medicinas, así como ineficiente infraestructura en el Hospital “Fernando Ocaranza” del Issste, la dependencia federal removió al encargado de la delegación estatal para tratar de expiar culpas.
Trascendió que Enrique Garzón Valenzuela, fue separado de su cargo como encargado operativo y subdelegado de Administración del Issste, pero el cáncer que corroe al Issste en Sonora no se quita con solo el cambio de directivos sino con una inversión millonaria para tratar de extirpar sus males.
La representante de la Alianza de Jubilados y Pensionados del Issste en la entidad, María Eugenia Rodarte Ramos, informó que la separación del subdelegado estatal se realizó este miércoles 12 de agosto.
“Estamos seguros de que ese es el motivo (las deficiencias en el Hospital), porque presentamos muchos escritos ante las autoridades nacionales y estatales. Los documentos se entregaron en tiempo y forma para advertir lo que podía ocurrir y finalmente ocurrió. Nunca se tomaron cartas en el asunto, pese a que esto se señala desde julio del año pasado”, dijo Rodarte Ramos.
Hasta la fecha persiste la inconformidad por las deficiencias en infraestructura y equipo médico por parte del personal y derechohabientes del Hospital “Fernando Ocaranza” del Issste en Hermosillo, estando a la espera de que la dirección general a cargo de Martí Batres, cumpla con el compromiso de invertir 45 millones de pesos para implementar un programa de rehabilitación integral en el que se incluye mejorar los sistemas de aire acondicionado, quirófanos, infraestructura hidráulica, eléctrica y equipamiento médico.
De la demanda de los derechohabientes y personal del Hospital capitalino de que se construya un nuevo nosocomio ante lo obsoleto del actual, el Issste nacional ha permanecido sin responder aún cuando el gobernador Alfonso Durazo, respalda el proyecto con la aportación de un terreno.
El subdelegado Enrique Garzón había estado al frente de la atención de la delegación del Issste, enfrentando junto a la estructura federal las demandas sindicales y derechohabientes por mejoras urgentes en infraestructura.
A finales de julio pasado, tras las manifestaciones de personal, pensionados, derechohabientes y sindicatos para exigir un mejor servicio, se removió a la subdelegada médica Ana Teresa Maldonado y a la administradora Michelle Briseño, pero las deficiencias persistieron hasta la fecha.
Poco podrá hacer el nuevo encargado de despacho de la delegación estatal y sus funcionarios del Issste en Sonora si la dirección nacional a cargo de Martí Batres, ni ve ni oye las demandas de los derechohabientes y personal médico y administrativo de una operación a fondo o cirugía mayor en el Hospital y clínicas capitalinas.
OTRO DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN SONORA
Todavía no terminan de limpiar las vías férreas y áreas contaminadas al descarrilarse un tren de Ferromex cargado con tóxicos del Grupo México, cuando en la carretera de Caborca se derramaron 2 mil litros de ácido sulfúrico al participar en un choque un camión cargado de material químico y un automóvil con saldo de dos personas lesionadas de gravedad.
El percance ocurrió en el tramo de la carretera Caborca-La Y Griega, donde las autoridades desplegaron un operativo para atender la emergencia cerrando la circulación vehicular y realizar limpieza del material químico derramado.
A finales de julio pasado, se registró el descarrilamiento de varios vagones de un tren de carga de Ferromex propiedad del Grupo México, provocando el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio –compuesto químico corrosivo utilizado en procesos industriales– en el ejido Cuauhtémoc en el municipio de Naco, dejando a una persona lesionada al parecer por inhalación de esos químicos derramados.
La Profepa informó que de manera preliminar, el derrame ocasionado al descarrilar los vagones del tren en Naco no representaba un riesgo inmediato para la población. Sin embargo, personal de esa dependencia federal continuaría con las diligencias de inspección para determinar la magnitud de los daños ambientales y, en su caso, ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente.
Por lo visto, poco o nada puede hacer la Coordinación Estatal de Protección Civil y las autoridades municipales y federales para ejercer un mayor control en los desechos mineros y en el transporte de sustancias peligrosas por vías férreas y carreteras para tratar de garantizar la seguridad de los sonorenses. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)
