La disputa por la libertad de prensa en México llegó al The Wall Street Journal. Una columna de Mary Anastasia O´Grady acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de avanzar hacia un esquema que puede “amordazar” a los medios y advierte que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias abren la puerta a la censura.
¿Qué implican los nuevos lineamientos para la libertad de prensa?
El señalamiento apunta al proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sometido a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El proceso comenzó el 27 de julio y permanecerá abierto hasta el 21 de agosto.
O´Grady cuestiona que una autoridad gubernamental pueda intervenir en la evaluación de la información difundida por radio y televisión. Su argumento central es que el Estado terminaría ocupando el lugar de árbitro sobre qué información puede considerarse verdadera o aceptable.
La columnista también advierte sobre el efecto que las sanciones podrían producir en las empresas de comunicación. Su preocupación es que los medios modifiquen su cobertura para evitar castigos económicos y terminen aplicándose una autocensura antes de publicar información incómoda para el poder.
El proyecto obliga a los concesionarios de radio y televisión a contar con códigos de ética, defensorías de las audiencias y mecanismos para recibir quejas. También plantea reglas para distinguir información noticiosa, opinión y publicidad, además de disposiciones relacionadas con información falsa o descontextualizada.
Reacciones oficiales y críticas al proyecto de regulación
La CIRT ya había advertido que algunas disposiciones podían dejar margen a decisiones discrecionales de la autoridad. El organismo empresarial pidió corregir ambigüedades para evitar afectaciones a la libertad editorial.
El gobierno sostiene una posición opuesta. Sheinbaum ha rechazado que los lineamientos constituyan censura y afirma que buscan garantizar el derecho constitucional de las audiencias a recibir información. El 30 de julio dijo que, si su gobierno hubiera querido censurar, ya tendría instrumentos para hacerlo, pero aseguró que no lo hará.
La propia propuesta todavía no es definitiva. La consulta pública concluye el 21 de agosto y la CRT deberá incorporar o descartar las observaciones antes de aprobar la versión final.
Ahí está la disputa que ahora observa la prensa internacional: para el gobierno, se trata de proteger a las audiencias; para sus críticos, el riesgo está en otorgar a una autoridad facultades que pueden terminar condicionando la cobertura periodística.
La diferencia ya no es semántica. Está en quién tendrá la última palabra cuando un medio publique información que la autoridad considere falsa, descontextualizada o contraria a las reglas.
La crítica del Wall Street Journal coloca esa pregunta fuera de México y convierte la regulación de los medios en un nuevo frente internacional para el gobierno de Sheinbaum.
