Por David Parra
Durante décadas, los mexicanos supimos que la justicia tenía dueño, calendario y filiación partidista. Lo sabíamos todos: el ciudadano común, lo sabían los políticos y, desde luego, también lo sabían quienes procuraban e impartían justicia. La diferencia es que antes, por lo menos, se cuidaban las formas.
Los gobiernos del PRI utilizaban la Procuraduría General de la República para disciplinar adversarios, someter sindicatos y ajustar cuentas internas; pero siempre procuraban construir una explicación jurídica que cubriera la maniobra política manteniendo en alguna medida simetrías y equilibrios.
El PAN prometió terminar con esas prácticas y terminó reproduciéndolas. Morena, que llegó ofreciendo separar el poder político del poder económico y desterrar la persecución, llevó el modelo a una etapa superior: ahora la utilización selectiva de la ley se practica descaradamente y hasta se presume como transformación.
La justicia ya no necesita disfrazarse. Para los de casa existen la presunción de inocencia, el debido proceso y la exigencia de pruebas irrefutables. Para los del changarro de enfrente basta una denuncia, una carpeta abierta o una declaración presidencial para convertirlos en culpables.
No se trata de defender a Ernesto Ruffo, Alejandro Moreno, Rosario Robles o cualquier otro personaje señalado por posibles delitos. Si existen pruebas, que sean investigados y procesados. El problema aparece cuando las instituciones reservan toda su fuerza para unos y descubren una infinita prudencia cuando el expediente alcanza a los propios.
Ernesto Ruffo fue detenido por su presunta participación en una red de contrabando de combustible y delincuencia organizada. La acusación es grave y deberá responder por ella. Sin embargo, resulta inevitable comparar la rapidez y severidad de su tratamiento, así como la omisión de las prerrogativas que le otorgan la ley, en contraste con las consideraciones concedidas a Rubén Rocha Moya acusado internacionalmente por algo más grave y equiparable con el caso emblemático para el régimen de Genaro García Luna.
Frente a Ruffo hubo orden de aprehensión, prisión preventiva y un discurso oficial de cero impunidad. Frente a Rocha, acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, aparecieron inmediatamente la defensa de la soberanía, la exigencia de pruebas suficientes y el respeto al procedimiento mexicano.
Lo mismo ocurre con los casos de Enrique Inzunza y Alejandro Moreno.
El senador sinaloense pudo conservar su posición mientras se invocaba su derecho a defenderse. Para el dirigente nacional del PRI, en cambio, Morena ha mantenido abierta y políticamente activa la posibilidad del desafuero. Inzunza merece presunción de inocencia, nos dicen. Moreno merece ser condenado desde la tribuna, las conferencias y las redes sociales.
Podrá argumentarse que los expedientes son diferentes, y seguramente lo son. Lo que no cambia es la conducta del poder: cautela para la oposición e implacable severidad para los cuatroteros.
El caso de Cuauhtémoc Blanco terminó por exhibir la contradicción. Cuando la Fiscalía de Morelos solicitó su desafuero por una acusación de tentativa de violación, Morena y sus aliados encontraron deficiencias, dudas y razones suficientes para impedir que le fuera retirado el blindaje constitucional. Algunas legisladoras oficialistas protestaron, pero la maquinaria partidista se impuso.
La misma mayoría que protegió a Blanco pretende presentarse ahora como cruzada moral contra Alejandro Moreno. El fuero es impunidad cuando protege a un adversario, pero se convierte en garantía constitucional cuando cubre a un cómplice.
También está Segalmex. Rosario Robles pasó alrededor de tres años en prisión preventiva por la Estafa Maestra. A Ignacio Ovalle, director de la institución donde ocurrió uno de los mayores desfalcos del sexenio de López Obrador, se le exonero con una explicación burrda, incluso burlesca exhibiendo la subordinación judicial al ejecutivo: era un hombre bueno engañado por funcionarios de mala entraña y con eso bastó para las instituciones garantes… de la impunidad.
Para Robles se aplicó con una insostenible maniobra vengativa la responsabilidad de quien encabeza una dependencia. Para Ovalle se improvisó una abusiva patraña de inocencia administrativa del director que no sabía qué ocurría bajo sus órdenes.
Pío López Obrador apareció en videos recibiendo sobres con dinero. Después de años de investigaciones, el asunto terminó cerrado por una supuesta falta de elementos suficientes con elementos por demás suficientes de por medio y de perseguido pasó a persecutor. Jurídicamente podrá sostenerse esa conclusión; políticamente quedó una pregunta: ¿habría recibido el mismo trato el hermano de un expresidente del PRI o del PAN sorprendido en circunstancias semejantes? La respuesta se llama Raúl Salinas de Gortari, a quien a final del cuento se quedó con lo reclamado.
Delfina Gómez encabezaba el Ayuntamiento de Texcoco cuando se realizaron retenciones salariales a trabajadores para beneficiar al movimiento político al que pertenecía. La irregularidad fue acreditada y Morena recibió una sanción, pero su carrera no solamente sobrevivió: continuó hasta la gubernatura del Estado de México.
Para los adversarios, la responsabilidad política comienza con la sospecha. Para los propios, ni siquiera una irregularidad confirmada parece suficiente.
Nada de esto comenzó con Morena. El viejo PRI dejó casos memorables. Carlos Salinas inició su gobierno con la detención de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”. El poderoso dirigente petrolero podía tener cuentas pendientes con la justicia, pero el llamado “quinazo” fue entendido como lo que realmente representaba: un golpe de autoridad para someter al sindicato y demostrar quién mandaba después de una elección presidencial cuestionada.
Años después, Enrique Peña Nieto encarceló ala Maestra Elba Esther Gordillo apenas iniciaba su gobierno cuando la dirigente magisterial se oponía a la reforma educativa. Fue acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero; permaneció años privada de la libertad y terminó liberada cuando los tribunales, una vez terminado el sexenio, determinaron que las acusaciones no podían sostenerse como habían sido planteadas. La relación directa entre su caída política y su persecución judicial nunca pudo ocultarse.
El PAN tampoco resultó diferente. El ejemplo más escandaloso fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. El gobierno de Vicente Fox utilizó un conflicto relacionado con el cumplimiento de una suspensión judicial para intentar retirar del camino al principal aspirante presidencial rumbo a 2006.
PRI y PAN consumaron el desafuero en la Cámara de Diputados. El propósito político era evidente: impedir que López Obrador apareciera en la boleta. La presión social obligó al gobierno a retroceder y el procedimiento terminó convertido en una de las mayores derrotas políticas de Fox.
Aquel Andrés Manuel denunció correctamente que se estaba judicializando la política y politizando la justicia. Lo paradójico es que el movimiento construido alrededor de esa denuncia terminó perfeccionando el mecanismo contra el cual luchó.
Durante el gobierno de Felipe Calderón ocurrió el “Michoacanazo”. Decenas de presidentes municipales y funcionarios fueron detenidos espectacularmente por presuntos vínculos con el crimen organizado. El operativo golpeó principalmente al gobierno perredista de Michoacán y fue presentado como una muestra de firmeza. Con el paso del tiempo, prácticamente todos los detenidos quedaron libres por falta de pruebas suficientes y algunos de ellos hoy son iconos del pacto criminal en esa entidad, empezando por el hermano de la Fiscal Ernestina Godoy, Leonel Godoy, acusado por Carlos Manzo junto con el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de esa entidad y un diputado federal de morena, Raúl Morón Orozco.
El daño político, sin embargo, en el caso de Calderón ya estaba hecho. Esa es precisamente una de las ventajas de utilizar la justicia con propósitos electorales: cuando llega la absolución, la elección, el cargo o la reputación ya se perdieron, aunque el tiempo ponga las cosas en su justa dimensión.
La más reciente muestra se presenta el día de ayer cuando el tribunal electoral con uns sentencia absurda pretende quitarle la identidad completa al recientemente constituido Somos Mx, quien por cierto denunciara ante este mismo tribunal formalmente sobre las campañas anticipadas rumbo a 2027, sobre funcionarios que recorren el país, aspirantes promovidos mediante espectaculares, supuestos informes legislativos, asociaciones civiles construidas alrededor de una persona y propaganda que no pide expresamente el voto, pero hace todo lo demás, entre personajes como Andrea Chávez que con total impunidad hace y deshace en Chihuahua promoviendo su candidatura como un hecho.
Morena convirtió a sus “corcholatas” en precandidatos antes de que legalmente pudieran serlo. Después la oposición copió el procedimiento. La simulación se volvió tan general que ahora se ha normalizado pro encima de la ley, sobre el entendido que, mientras nadie pronuncie las palabras prohibidas, no existe campaña anticipada.
La historia demuestra que ningún partido mexicano puede arrojar la primera piedra. PRI, PAN y Morena han utilizado las instituciones para proteger aliados y combatir adversarios.
La diferencia se encuentra en las formas. El PRI simulaba una operación de Estado. El PAN alegaba defender la legalidad. Morena sostiene que todo lo que hace es moralmente correcto porque representa al pueblo. Ya no necesita demostrar que sus adversarios son culpables; le basta clasificarlos como conservadores, corruptos o traidores para justificar cualquier procedimiento irregular e incluso ilegal.
Antes se aplicaba la ley selectivamente y se negaba la persecución. Ahora se aplica selectivamente, se transmite desde la conferencia presidencial, se celebra desde las bancadas y se presenta como justicia popular.
En México, con morena y sus parásitos se acabó la simulación para darle paso al más descarado descaro en horario triple A y de cara, o mejor dicho, buscando verle la cara a la nación.
@dparra001
