En los últimos días he tenido la oportunidad de conversar con gente cercana a varios candidatos de Morena y sus aliados a propósito del recurso de apelación presentado por la oposición PRI-PAN-PRD impugnando el registro del convenio de candidaturas comunes del partido oficial.
Por lo que se percibe, no parece ser un tema relevante en su agenda y confían en que incluso la Sala Regional del TEPJF con sede en Guadalajara, y a la que los dirigentes de oposición solicitaron tomar cartas en el asunto ante la dilación en el Tribunal Estatal Electoral resolverá a su favor y las cosas seguirán su camino sin mayores contratiempos.
No es algo, pues, que les quite el sueño y se mantienen trabajando a ritmo normal en sus campañas.
El asunto, sin embargo no es menor, pues si la Sala Superior considera válidos los argumentos esgrimidos por los opositores y resuelve a su favor, podría desatarse una rebambaramba electoral que metería a los candidatos oficialistas en un verdadero brete.
¿Por qué? Bueno, porque lo que están impugnando no es solo la extemporaneidad del registro, ya que al no presentarlo en la fecha límite (30 de marzo) ya que no tenían las planillas completas en varios distritos y ayuntamientos, los morenistas y sus aliados solicitaron una prórroga que el Consejo General del IEE les concedió, lo que tampoco es excepcional pues en otros procesos la ha concedido incluso a quienes hoy están impugnando.
El problema es que tampoco cumplieron con la prórroga de 48 horas, por lo que solicitaron una nueva, de 24, a la que el IEE le agregó otra hora más que tomó del tiempo en que se presentaron a solicitar la segunda prórroga, cual si de una bolsa de tiempo se tratase.
Pero eso no es todo, la oposición también está impugnando el registro del convenio de candidaturas comunes al considerar que en ninguna de las tres modalidades de esa opción (total, parcial o mixta) se permite superar el 25% de candidaturas comunes, y Morena y sus aliados registraron más de 60%.
Ignoro cómo vayan a resolver los magistrados de la Sala Superior, pero si le dan la razón a los abogados de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, Morena y sus aliados estarían obligados a postular a sus propios candidatos en todos los distritos y ayuntamientos, lo cual los metería en una competencia entre sí (además de la competencia con sus adversarios) y eso seguramente traería confusión en el electorado y tendría algún impacto en la captación de votos para su parte.
Si la Sala Superior valida el registro de convenio, aquí no ha pasado nada y que siga la fiesta. Si no, se modificaría notablemente el escenario electoral, beneficiando, obviamente a los candidatos de la oposición, cuyos abogados deben estar trabajando 24/7 en los argumentos jurídicos para defender el registro.
Y sin duda que los cabilderos políticos también lo estarán haciendo, porque, no me dejarán mentir, estos casos no se dirimen solo en el terreno de lo jurídico, sino también en el de la política.
Lo cierto es que al parecer ese tema no ‘baja’ a los equipos de campaña de los candidatos, al menos no en los que tuve oportunidad de preguntar al respecto, donde la agenda sigue siendo la relacionada con los temas propios del proselitismo electoral cotidiano.
Recientemente los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, Rogelio Díaz Brown, Gildardo Real y Joel Ramírez informaron que solicitaron mediante un recurso legal la intervención pronta de la Sala Regional para que ‘atraiga el caso’, pero eso ni siquiera mereció una respuesta de su contraparte en esta contienda.
Veremos qué sucede en los próximos días.
II
Ayer se dio a conocer el último ofrecimiento de la Rectoría de la Universidad de Sonora al Sindicato de Trabajadores y Empleados de esa institución, que incluye el rompimiento del tope salarial, algo que no obtuvo ni el sindicato de académicos.
La oferta de Rectoría es de un 10.9% de incremento salarial directo a los niveles del 1 al 5 en el tabulador, y de 6.50% a partir del nivel 6; el tope salarial fijado a nivel nacional es del 4%.
En números globales esto significa un monto de de 42. 8 millones de pesos y también ofrece un dos por ciento en prestaciones de monto fijo y un 5.50% adicional, que suman 14.9 mdp.
Estos recursos se lograron a través del apoyo que el gobierno del estado ha brindado a la autoridad universitaria desde que comenzaron las negociaciones, aun antes de que el STEUS decidiera paralizar la Universidad de Sonora dejando a más de 30 mil estudiantes sin clases y a poco tiempo de que concluya el semestre.
Veremos si el STEUS reconsidera mantener la huelga a partir de estos ofrecimientos.
III
Lo que no se paraliza es la promoción económica del estado y ayer el gobernador tuvo una reunión de seguimiento al proyecto de inversión privada extranjera más grande que se está llevando a cabo en el sector energético mexicano: la planta de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad.
Esta planta, a cargo de la empresa México Pacific Limited vendrá a contribuir de manera importante a la transición energética del país al sentar las bases para redefinir el escenario energético de la región.
El encuentro entre Alfonso Durazo y la nueva CEO de la empresa, Sarah Bairstow fue para darle seguimiento al proyecto, que además de la planta de licuefacción incluye un gasoducto que viene desde Texas y cruza por Chihuahua y diez municipios de Sonora; el gas procesado abastecerá a los países de la Cuenca del Pacífico en Asia.
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