Proponen crear el Instituto de la Defensoría de Oficio

2021-12-03 00:00:00 | Por: Redacción

Hermosillo, Son., diciembre 2 de 2021.- Reformas a la Constitución local para darle mayor autonomía, independencia y eficacia a las funciones de la defensoría pública sonorense; a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para armonizarla con diversas disposiciones de la Constitución local; y a la Ley de Hacienda Municipal, para derogar artículos relacionados con impuestos adicionales contrarios al principio de proporcionalidad tributaria, fueron propuestas ante el Pleno del Congreso.

En esta sesión ordinaria se aprobaron dos acuerdos con exhorto, el primero dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que en los servicios de cruces fronterizos y aduanas se regularicen los horarios de operación y funcionamiento, con el fin de evitar cualquier afectación social o económica a los usuarios de estos servicios.

El segundo Acuerdo resuelve exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, y a los titulares de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de la Junta Local de Caminos, ambos del Gobierno del Estado, para que realicen las acciones necesarias que permitan construir el circuito rural carretero en las comisarías pertenecientes al municipio de Navojoa, Sonora.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Ernesto De Lucas Hopkins presentó iniciativa con proyecto de ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, a efecto de crear el Instituto de la Defensoría de Oficio, en armonización con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“La consolidación de un sistema novedoso, práctico y, sobre todo, eficaz, con miras al bienestar social, empieza desde la adscripción de la institución. En esta situación, en Sonora, al estar como una dependencia adherida a un Poder diferente al Judicial (Ejecutivo), hace más complicado el acceso a este medio de justicia”, aseveró.

El legislador explicó que, con esta iniciativa, que será estudiada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de lo que trata es de elevar el nivel del servicio que se brinde a la población más vulnerable y que los servidores públicos que laboran en la Defensoría Pública, sean servidores profesionales, en constante capacitación, actualización y mejora en las materias que desarrollan.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales también estudiará la iniciativa presentada por la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con el objeto de alinear algunos términos con lo dispuesto en la Constitución local y otros ordenamientos.

Una de las propuestas de la iniciativa se refiere a que los miembros del Ayuntamiento, tanto Presidente Municipal como Síndico y regidores electos por votación directa, podrán ser electos para el periodo inmediato, como lo establecen los artículos 131 y 132, fracción VI de la Constitución local, y se acata lo ordenado por el Tribunal Electoral, que ordenó que los presidentes municipales den un trato igual a las sesiones extraordinarias de Cabildo, como ocurre con las sesiones ordinarias, indicó.

En el desarrollo de la sesión ordinaria, el presidente de la mesa directiva, Jacobo Mendoza Ruiz, turnó a la Comisión de Hacienda la iniciativa presentada por el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal.

Expuso que se trata de derogar los artículos relacionados con el cobro de los denominados impuestos adicionales, que se establecen en los artículos del 100 al 103 de la referida legislación, así como dejar de vulnerar el principio de libre reunión, cuando los ayuntamientos realizan el cobro por la anuencia municipal para llevar a cabo una fiesta social o familiar, que ocurre de manera eventual, contenida en el inciso A) de la fracción II del Artículo 138 BIS C.

“En el análisis, dictaminación y aprobación de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022, que nos fueron remitidas por los ayuntamientos hasta el pasado 30 de noviembre, debemos no incluir los preceptos declarados como inconstitucionales para no incurrir en incumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte”, afirmó el legislador.

En el siguiente punto del orden del día se aprobó el Acuerdo que resuelve exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio de Administración Tributaria para que, en los servicios de cruces fronterizos y aduanas, respectivamente, se regularicen los horarios de operación y funcionamiento, a fin de evitar cualquier afectación social o económica a los usuarios de estos, a propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Roger Munro López dijo que conocen la situación que se presenta en cruces fronterizos de San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles, y que por la pandemia se recortaron horarios, lo que ha generado que ciudadanos mexicanos o extranjeros que pretendan ingresar a territorio nacional, se vean en la necesidad de buscar otro cruce o dormir del lado estadounidense.

En el segundo Acuerdo aprobado por el Pleno, el diputado Próspero Valenzuela Múñer solicitó que, además de la construcción del circuito rural carretero en las comisarías pertenecientes al municipio de Navojoa, Sonora, la SCT, la SIDUR y la Junta Local de Caminos lleven a cabo las acciones necesarias para conectarlas entre ellas y con la carretera federal México 15, la construcción del puente sobre el Río Mayo en el área de Santa Bárbara y El Tablón.

Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima el martes 7 de diciembre, a las 11:00 horas, la diputada Margarita Vélez De la Rocha presentó un posicionamiento con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, mediante el cual propuso que, dentro de la agenda legislativa, se incluya un análisis comparativo del marco legal correspondiente con el de las leyes más avanzadas en el país y en el mundo.

“Asimismo, lanzar una campaña para impulsar, en amplios sectores sociales, el entendimiento de las cuestiones relacionadas con la discapacidad, así como extender el conocimiento de los derechos de las personas que la padecen”, puntualizó


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