Hermosillo, Sonora; 28 de noviembre de 2024.- La diputada Gabriela Félix, a nombre de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, se pronunció en contra de la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa.
Informó que el 87 por ciento de las personas que ingresaron a prisión, tan solo en 2023, lo hicieron sin una sentencia; la cifra más alta desde que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lleva el registro. Además, más del 60 por ciento de las familias reportaron consecuencias muy graves por tener a un ser querido tras las rejas, en términos de salud, educación y desintegración familiar.
“Ante la desesperación de la inseguridad que vivimos, puede confundirse el hecho de creer que se hace justicia con encarcelar a la gente. Pero, desde la primera ampliación al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva en 2019, las prisiones siguieron llenándose y la justicia y la paz no llegan”, señaló Gabriela Félix.
Para Movimiento Ciudadano, dijo, este dictamen de reforma es el abandono y la renuncia del Estado a mejorar la capacidad de las fiscalías para procesar, investigar, judicializar los delitos, en el que se apuesta por un nuevo sistema de castigo en lugar de un sistema de justicia.
De acuerdo al Inegi, añadió, tan solo en 2023 casi 87 mil personas duermen en un centro penitenciario sin sentencia, de las cuales más de 38 mil 500 se encontraban en prisión preventiva oficiosa. De este total, 20 por ciento de los hombres y 21 por ciento de las mujeres llevaban más de dos años esperando sentencia, y del total de las mujeres en prisión preventiva, 45 por ciento son mujeres indígenas, 41.2 por ciento mujeres con discapacidad y 39.8 por ciento mujeres adultas mayores.
Estas cifras indican que son los más pobres, las mujeres y las personas con baja escolaridad, las que no tienen dinero para defenderse, las que hoy llenan las cárceles, y la gran mayoría de ella sin un juicio justo, aseveró.
Para concluir, la diputada subrayó que “la criminalidad no se combate encerrando a la gente más pobre; se combate creando un estado de derecho fuerte, con medidas preventivas a la violencia, con cultura de paz, con mecanismos de procuración de justicia eficientes, juzgadores imparciales, con policías que investiguen y con fiscalías que hagan su trabajo”.
