En una determinación que transforma el enfoque de Estados Unidos frente al narcotráfico, el presidente Donald Trump firmó en secreto una orden ejecutiva que faculta al Pentágono para emplear fuerza militar directa contra cárteles latinoamericanos, ahora oficialmente catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.
La disposición establece una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses realicen operaciones militares —tanto marítimas como terrestres— fuera del país contra grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, la Familia Michoacana, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13). Este paso representa un viraje radical: pasar de la aplicación de la ley a una estrategia de combate militar, con implicaciones jurídicas aún debatidas, como el riesgo de ser considerados “ejecuciones extrajudiciales” si se ataca a sospechosos sin amenaza inmediata.
Las operaciones podrían efectuarse en territorio extranjero, incluyendo México, Venezuela y otras naciones de la región. La clasificación como terroristas se ampara en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Expertos alertan que, sin el consentimiento del país implicado, estas acciones podrían ser ilegales. Tropas en Fort Bliss, Texas, ya evalúan escenarios de despliegue.
Desde su primer periodo, Trump ha sostenido una postura combativa contra el narcotráfico. Entre 2017 y 2021 impulsó la construcción del muro fronterizo, el uso de la Guardia Nacional, presión diplomática sobre México y la operación “Crystal Shield” para frenar la metanfetamina. Durante esos años se concretaron extradiciones clave como las de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rubén “El Menchito” Oseguera.
En su segundo mandato, iniciado en 2025, Trump ha intensificado la ofensiva con aranceles a México, Canadá y China por su supuesta complicidad en la crisis del fentanilo. El discurso se volvió más agresivo y la estrategia se militarizó.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump para permitir operaciones militares conjuntas en territorio mexicano. Aunque ha cooperado con Estados Unidos en inteligencia y extradiciones —incluyendo el envío de 29 líderes de cárteles y el desmantelamiento de más de mil laboratorios de drogas sintéticas—, ha dejado claro que no aceptará subordinación ni intervenciones unilaterales.
El sobrevuelo de drones de la CIA y aviones de reconocimiento cerca de las costas mexicanas ha incrementado la preocupación por una posible escalada militar.
En Venezuela, el Cártel de los Soles, ligado al presidente Nicolás Maduro, fue incluido en la lista de organizaciones terroristas. Estados Unidos duplicó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. La ONU y expertos en derecho internacional advierten que estas acciones podrían vulnerar tratados internacionales, como ocurrió en la invasión a Panamá en 1989.
La nueva directiva de Trump representa un punto de quiebre en la política antidrogas de Estados Unidos, con efectos diplomáticos, legales y humanitarios. Mientras Washington se prepara para una ofensiva militar, América Latina encara el dilema de colaborar o resistir ante una estrategia que redefine la lucha contra el narcotráfico como una guerra contra el terrorismo.
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