Mientras el sistema político presume modernidad, los jóvenes detectan uno de sus engranes más viejos y corruptos: el notariado, ese poder que nadie vigila, pero que decide riquezas, impunidades y herencias políticas.
Por Ing. Héctor Castro Gallegos
En Sonora —como en el resto de México— opera un poder que no aparece en campañas, no debate en foros y no rinde cuentas, pero toca el ADN del sistema político: las notarías.
Para la nueva generación, que creció en la era donde el WhatsApp documenta en segundos lo que antes se tapaba por años, el notariado ya no es ese templo solemne de legalidad, sino una maquinaria vieja que sigue fabricando impunidades con una eficacia quirúrgica.
Y lo peor: todos saben que ahí está, todos saben que ahí opera, pero nadie se atreve a abrir esa caja negra.
Los jóvenes identifican un patrón que el sistema prefiere ignorar: detrás de cada enriquecimiento exprés, cada empresa fantasma, cada terreno inexplicable que aparece en manos de funcionarios de tercera convertidos en magnates improvisados, casi siempre hay un fedatario dispuesto a certificar la ficción.
Para ellos, la figura del notario dejó de ser símbolo de confianza para convertirse en una pieza estratégica del antiguo régimen: notarías entregadas como pago por lealtades, usadas como centros de legalización de favores, operadas sin transparencia mientras moldean la arquitectura jurídica que protege a los mismos de siempre.
Lo que cuestionan no es la existencia de los notarios, sino el sistema que los vuelve intermediarios del privilegio. Saben que en Sonora las notarías no se ganan: se heredan, se negocian, se reparten como botín al final de cada sexenio.
Los nombres siempre coinciden: familiares, operadores, socios políticos, personajes cuya cercanía al poder pesa más que cualquier examen profesional.
Y los jóvenes se preguntan: ¿Cómo puede el Estado presumir modernidad si mantiene una estructura donde el blindaje político se firma, se sella y se factura? Todavía más indignante para ellos es la opacidad absoluta: nadie conoce auditorías, sanciones, ingresos, criterios de asignación ni procedimientos de supervisión.
Nada. Las notarías viven en un universo donde la ley fluye hacia adentro, no hacia afuera. Sus titulares pueden multiplicar su riqueza sin que nadie pregunte cómo.
Mientras tanto, los jóvenes pagan trámites que cuestan más que una quincena completa, entendiendo que ese diseño no es casual: está hecho para excluirlos. En su lectura del país, el notariado es el epítome del viejo sistema: un poder sin rostro que legaliza lo que políticamente sería indefendible, un espacio donde lo público se privatiza y donde la ley se acomoda al cliente correcto.
Es el último refugio del privilegio. Por eso esta generación —más informada, más rabiosa, más despiert=?utf-8?Q?a=E2=80=94_ya_no_habla_de_
