Mtro. Jesús Antonio García Ramírez. Politólogo
1. Consideraciones previas
Una huelga no se mide en días sin actividad. Se mide en el tamaño de la fractura que exhibe. Cuando los trabajadores organizados colocan las banderas rojinegras, lo que se suspende es el pacto implícito entre Estado, instituciones y sociedad. Antonio Gramsci le llamó crisis de hegemonía al momento en que una fuerza dirigente ya no convence y solo administra. Pierde dirección intelectual y moral, y gobierna por inercia o por fuerza. La parálisis es el termómetro de esa crisis. No es la enfermedad completa, pero marca la fiebre.
José Revueltas conoció la cárcel y la vida sindical por dentro. De ahí sacó una advertencia que sigue vigente: el riesgo de un proletariado sin cabeza. Lo dijo para describir a un movimiento que entrega su estrategia, que se vuelve apéndice de la gestión y pierde horizonte propio. La reflexión para la 4T es obligada porque su identidad es transformadora. Y toda transformación se juzga por cómo procesa sus contradicciones, no por cómo las niega. Si espacios que producen cuadros, crítica y consenso están parados, la pregunta no es cuánto cuesta la nómina. La pregunta es qué se rompió en la relación entre el proyecto político y su base organizada. La huelga es un síntoma porque aparece cuando falla la mediación. Cuando el diálogo se vuelve trámite y la mesa se convierte en sala de espera, el conflicto escala. Y cuando escala, habla. Dice que la legitimidad electoral no alcanzó para construir legitimidad en el día a día del mundo del trabajo.
2. A manera de reflexión
Aquí el dato se cruza con la teoría y el cruce duele. El STEUS emplazó a huelga con fecha límite el 17 de marzo y posible estallamiento el 16 de abril de 2026. El STAUS, por su parte, fijó como fecha de posible estallamiento el 30 de abril de 2026 a las 17:00 horas tras rechazar el tope federal de 4% sin prestaciones. La rectoría apela a techos financieros marcados por la federación. El gobierno estatal opera con cálculo político, midiendo el costo de intervenir. Hasta ahí la nota. El análisis empieza cuando preguntamos qué enseña este proceso.
Adolfo Gilly escribió que toda huelga es una escuela de política. Las bases sindicales están tomando una clase intensiva. Aprenden si el nuevo régimen gobierna con lógica distinta al anterior o si repite el método de desgastar para imponer. Del otro lado, el gobierno y las autoridades también cursan su materia. Aprenden si administrar el conflicto es lo mismo que resolverlo. La memoria de Sonora no es corta. En 1977, la huelga del Movimiento Popular Universitario sacudió al estado y obligó a redefinir la relación entre poder e instituciones. Aquella generación no pidió permiso para ser crítica. Ganó a fuerza de razón y movilización. Ese antecedente histórico pesa. Sirve para medir si el sindicalismo actual está a la altura de su propia tradición de trinchera democrática.
Pablo González Casanova nos dio la categoría de colonialismo interno para entender cómo el centro trata a su periferia. Sirve para revisar si a las instituciones públicas se les atiende como pares, productoras de conocimiento y crítica, o como dependencias que deben ajustarse a la disciplina fiscal sin chistar. La parálisis coincide en el tiempo con dos deudas históricas no saldadas: Cananea y Empalme. No son el mismo caso, pero sí la misma agenda. El neoliberalismo privatizó y dejó el tiradero social. La transformación ganó las elecciones para barrerlo, pero la basura laboral sigue en la banqueta. Gramsci describió el cesarismo como esa situación en que dos fuerzas se neutralizan y ninguna puede resolver. El resultado es el empantanamiento. Todos pierden. El sindicalismo corre el riesgo de quedar reducido a gestoría de prestaciones. El gobierno corre el riesgo de confirmar que el voto de 2024 no se tradujo en justicia laboral concreta. Aquí se juega algo más grande que un porcentaje de aumento. Se juega la capacidad de la 4T para ser dirección y no solo administración. Se juega si el sindicalismo democrático y honesto es memoria o es programa.
3. Consideraciones finales
Norberto Bobbio decía que la izquierda se distingue por su lucha contra la desigualdad. No solo la del ingreso. También la de trato político. Una huelga que se alarga es trato desigual cuando el mensaje de fondo es que las instituciones pueden esperar. No pueden. Porque cuando esperan, la sociedad pierde su espacio de crítica, de formación y de futuro. Gramsci regresa para cerrar: sin reforma intelectual y moral no hay hegemonía que dure. Las urnas dan gobierno. La hegemonía da proyecto. Y la hegemonía se construye resolviendo nudos como este con justicia y con diálogo real, no con comunicados.
La conclusión es dura porque es lógica. O se resuelve con justicia, o la dicotomía se profundiza. Si la parálisis se normaliza, el modelo político manda un mensaje de límite. Dice que la transformación tiene fronteras y que las instituciones están del otro lado. Atender el conflicto con una salida de fondo no es concesión. Es inversión en legitimidad. Es demostrar que la 4T no hereda la dicotomía entre voto y justicia social, sino que la vence. Ignorar el síntoma es comprarle tiempo al desgaste. Y el desgaste factura. Factura en 2025 con ingobernabilidad. Factura en 2027 con votos.
La legitimidad no se renueva cada seis años en la casilla. Se renueva cada vez que el Estado resuelve un conflicto reconociendo derechos. La mesa está puesta. Los clásicos ya dijeron qué pasa si no se usa. Toca a los liderazgos, del gobierno y del sindicato, demostrar que leyeron a Gramsci y a Revueltas, y que entendieron la lección. Si no, la historia, que no panfletea, va a pasar la factura completa.
