Los abogados del presidente estadounidense Donald Trump mantienen conversaciones con el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) para resolver una demanda de 10,000 millones de dólares que el mandatario presentó contra su propia agencia hacendaria por la filtración de su información fiscal a medios de comunicación entre 2018 y 2020.
Trump solicita a un juez que suspenda el caso durante 90 días mientras ambas partes trabajan para alcanzar un acuerdo o una resolución, según un escrito presentado el viernes ante un tribunal federal.
“Esta pausa limitada no perjudicará a las partes ni retrasará la resolución final”, se indica en el escrito. “En cambio, la prórroga promoverá la economía judicial y permitirá a las partes explorar vías que podrían acotar o resolver los asuntos de manera eficiente”.
Expertos en impuestos y ética afirman que la demanda plantea una gran cantidad de interrogantes legales y éticos, incluida la conveniencia de que el titular del poder ejecutivo emprenda un litigio de tierra quemada contra el mismo gobierno que supervisa.
Trump presentó a principios de este año una demanda ante un tribunal federal de Florida, en la que alegó que una filtración previa de sus registros fiscales confidenciales y los de la Organización Trump causó “daño reputacional y financiero, vergüenza pública, empañó injustamente sus reputaciones empresariales, los presentó de manera engañosa y afectó negativamente la imagen pública del presidente Trump y la de los otros demandantes”.
Los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump, también figuran como demandantes en el caso.
El excontratista del IRS Charles Edward Littlejohn, de Washington, D.C. —quien trabajó para Booz Allen Hamilton, una firma tecnológica de defensa y seguridad nacional— fue condenado en 2024 a cinco años de prisión tras declararse culpable de filtrar información fiscal sobre Trump y otras personas a dos medios de comunicación entre 2018 y 2020.
Los medios no fueron identificados en los documentos de acusación, pero la descripción y el periodo coinciden con artículos sobre las declaraciones de impuestos de Trump en The New York Times y con reportajes sobre los impuestos de estadounidenses adinerados publicados por la organización sin fines de lucro de periodismo de investigación ProPublica. En el reportaje de The New York Times de 2020 se concluye que Trump pagó 750 dólares de impuesto federal sobre la renta el año en que ingresó por primera vez a la Casa Blanca, y que en algunos años no pagó ese impuesto en absoluto, gracias a que reportó pérdidas colosales.
Al ser consultado en febrero sobre cómo manejaría cualquier posible indemnización derivada del caso, Trump respondió: “Creo que lo que haremos será hacer algo para caridad”.
“Podríamos convertirlo en una suma sustancial”, manifestó entonces. “A nadie le importaría porque irá a numerosas organizaciones benéficas muy buenas”.
Varios grupos de vigilancia ética han presentado escritos como amigos del tribunal para impugnar la demanda del presidente.
En su escrito presentado en febrero, el grupo de vigilancia Democracy Forward sostiene que el caso es “extraordinario porque el presidente controla ambos lados del litigio, lo que plantea la posibilidad de tácticas de litigación colusorias”, y que “los conflictos de interés hacen dudoso que el Departamento de Justicia defienda con celo el erario del mismo modo en que lo ha hecho frente a otros demandantes que reclaman indemnizaciones por hechos relacionados”.
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