Hermosillo, Sonora; 17 de abril de 2026.— Con el fin de visibilizar y combatir las prácticas que vulneran los derechos de la niñez sonorense, se llevó a cabo en el Congreso del Estado la conferencia “Matrimonio infantil y cohabitación forzada en Sonora”, un espacio de diálogo encabezado por la activista Eufrosina Cruz y ñ por la diputada Gabriela Félix.
Durante el foro, expertas y activistas presentaron datos que evidencian la urgencia de legislar en la materia. Michelle Lucero, presidenta de la Fundación Nueva Generación Sonora, reveló que el 75% de los adolescentes en unión temprana en la entidad son mujeres, y detalló que existen 5,935 adolescentes de entre 12 y 17 años que viven actualmente casados o en unión libre en el estado.
Aunque Hermosillo concentra el mayor volumen con 910 casos, municipios como San Miguel de Horcasitas (10.1%) y San Ignacio Río Muerto (8.5%) presentan las tasas relativas más alarmantes.
Las cifras de maternidad temprana son el reflejo más crudo de esta problemática: en 2024 se registraron 2,014 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años en Sonora.
La reconocida activista Eufrosina Cruz compartió su lucha contra los matrimonios forzados en comunidades indígenas en el país, destacando que su trabajo legislativo a nivel federal ya ha logrado avances que hoy buscan armonizarse en Sonora. “La pobreza no debe ser justificación para robar la libertad. En Sonora, como en todo México, debemos garantizar que el único destino de una niña sea su sueño, no un compromiso impuesto”, señaló.
Por su parte, la gestora cultural Magda Rivera Carrillo sensibilizó a la audiencia al relatar testimonios reales de menores en el estado, evidenciando cómo se normaliza la violencia y cómo, detrás de las estadísticas, existen proyectos de vida truncados por la imposición de roles adultos a temprana edad.
Como respuesta directa a esta realidad, la diputada Gabriela Félix, acompañada por Eufrosina Cruz, presentó ante la Oficialía de Partes una iniciativa que busca armonizar la ley local con la federal, tipificando el delito de cohabitación y unión forzada de niñas, niños y adolescentes.
Esta reforma propone penas de 8 a 15 años de prisión y multas de hasta tres mil UMAs a quien obligue, induzca o consienta que un menor de edad cohabite con otra persona de forma equiparable a un matrimonio. La propuesta elimina cualquier “uso o costumbre” como justificación y garantiza que el delito se persiga de oficio para evitar la impunidad.
“2,014 niñas en Sonora no debieron ser madres; fueron encomendadas a cuidar de otra persona cuando ellas eran quienes más requerían ayuda. Esta iniciativa es para ellas y para asegurar que ninguna otra niña pase por lo mismo”, declaró Gabriela Félix.
Con esta acción, el Congreso del Estado inicia la ruta para proteger legalmente a las infancias, transitando de la invisibilidad de las uniones tempranas a una protección penal efectiva que garantice una vida libre de violencia para las y los sonorenses.
