Al confirmar que un operativo en Chihuahua incluyó la participación de personal de la Sedena, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se activó una revisión institucional y una solicitud formal de información al gobierno de Estados Unidos, para determinar si hubo participación de agentes de la CIA.
La presidenta explicó que, de acuerdo con la información disponible, la Secretaría de la Defensa Nacional participó en el desmantelamiento de un laboratorio, pero no tenía conocimiento de la presencia de personas extranjeras en el operativo.
Claudia Sheinbaum informó que dialogará con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras su solicitud de reunión por el operativo. Indicó que instruyó a Rosa Icela Rodríguez y a Omar García Harfuch a establecer contacto previo con la mandataria estatal.
Señaló que la declaración de Maru Campos sobre la participación de la Sedena es correcta en cuanto al apoyo en desmantelamientos, pero precisó que la Defensa no fue informada sobre la presencia de extranjeros. Subrayó que los gobiernos estatales no pueden coordinar acciones de seguridad con otros países sin intervención federal.
“Esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos”, declaró al advertir que cualquier colaboración en materia de seguridad con otro país debe pasar por el gobierno federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La mandataria explicó que la Ley de Seguridad Nacional establece que los agentes extranjeros solo pueden intercambiar información y no ejecutar acciones operativas en territorio nacional, además de que deben estar acreditados y reportar sus actividades a las autoridades mexicanas.
“Nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos”, afirmó Claudia Sheinbaum, al precisar que la cooperación bilateral se mantiene mediante intercambio de inteligencia, sin presencia directa de personal extranjero.
El gobierno federal envió una nota diplomática al embajador de Estados Unidos para solicitar detalles del operativo y determinar si hubo violaciones al marco bilateral. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició una revisión para esclarecer la actuación de los involucrados.
La presidenta indicó que este caso no corresponde a una diferencia política, sino a la aplicación de la ley en materia de seguridad nacional, la cual obliga a centralizar la cooperación internacional en el ámbito federal.
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