La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió la aplicación de la prisión preventiva oficiosa al Gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, así como el congelamiento de cuentas bancarias tras la acusación de Estados Unidos en su contra por narcotráfico.
En conferencia en San Lázaro, la panista recordó que los Gobiernos de Morena impulsaron una lógica jurídica distinta “a propósito de ingresar a las personas en una detención y después investigarla”, de ahí que promovió reformas para ampliar de 9 a 26 los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, con argumentos como evitar la fuga de criminales.
La legisladora consideró que en un acto de congruencia, lo que se debería de priorizar es poner a disposición de autoridades nacionales e internacionales a quienes cometen un delito.
“Lo digo con todo respeto, este gobierno fue uno de los mayores impulsores de la prisión preventiva oficiosa (…) Y me parece que, en un acto de congruencia, en términos, digamos, discursivos, pues lo que se debe priorizar es que si alguien cometió un delito, por supuesto, se ponga a disposición de las autoridades nacionales o internacionales y, en su caso, se le sancione por ese o varios delitos”, señaló.
López indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también resolvió que es posible inmovilizar cuentas bancarias antes de tener una resolución judicial, por lo que demandó que está lógica también funcione para los funcionarios que han sido señalados por Estados Unidos.
“Acabamos de ver una resolución de la Corte en donde te inmovilizan tus cuentas antes de tener una resolución judicial, que es más o menos la misma lógica jurídica de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué para millones de mexicanos funciona una lógica? y ¿por qué para otros mexicanos, o para diez, funciona otra?.() Me parece que pues debería ser el mismo razonamiento jurídico y el razonamiento jurídico es aspirar a que no haya delincuentes en la calle”, sostuvo.
La panista advirtió que la actual es una etapa crítica para el país, porque de la respuesta del Gobierno mexicano al caso Rocha dependerá cómo reconocen al país en el extranjero, lo que podría influir en la revisión del T-MEC.
“Es una crisis, o llamémosle así: un reto institucional. Y también es un reto económico que se puede agravar más de lo que ya está si, lamentablemente, no somos un socio confiable para nuestro mayor socio comercial que es Estados Unidos, y si no somos un socio confiable para Canadá en medio de la negociación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, y eso impactará en negativo para millones de personas.”, indicó.
Sostuvo que si el Estado mexicano opta por encubrir, minimizar o evadir responsabilidades, estaría no sólo ante una situación gravísima de impunidad, sino ante un daño de credibilidad de las instituciones mexicanas ante el mundo.
Demandó que la ley se aplique sin excepciones, sin privilegios y sin cálculos políticos, toda vez que el Estado mexicano está obligado a actuar con absoluta responsabilidad y transparencia.
“Es un gran reto y por el bien de las instituciones y por el bien de los mexicanos, espero que la prueba sea superada y podamos demostrar que sí tenemos instituciones objetivas en este país”, dijo.
La legisladora advirtió que el caso es también un gran reto para el Poder Judicial, porque será la oportunidad de saber si los jueces están del lado de la legalidad o del lado de alguna posición ideológica.
Subrayó que los señalamientos en contra de Rocha no se dieron por “generación espontánea”, ya que, durante años, el hoy Gobernador de Sinaloa con licencia acumuló señalamientos que no debieron ser ignorados.
“Casos como el de Héctor Melesio Cuén, quien debió ser mi compañero aquí en esta Cámara de Diputados en esta legislatura y lamentablemente fue asesinado. Señalamientos de actores políticos como el diputado federal Mario Zamora, quien advirtió públicamente sobre la posible intervención del crimen organizado en procesos políticos en su estado, Sinaloa.
“Declaraciones de liderazgos como Paola Gárate han alertado sobre hechos profundamente preocupantes en la entidad. Todos estos elementos forman parte de un contexto que no fue atendido lamentablemente con la seriedad que el caso o los casos exigían.
Lo que hoy enfrentamos también es consecuencia de una lamentable omisión institucional”, afirmó.
Cuestionada sobre los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbam, quien acusó una campaña contra su Gobierno, la panista pidió demostrar que en el País no hay narcogobiernos y que las decisiones que lastiman a las y los mexicanos serán sancionadas.
“Demostremos que no somos un país en donde hay narcogobiernos, demostrémoslo. Hagamos que los servidores públicos que se han ido del lado ilegal, del lado malo, del lado corrupto, paguen por sus decisiones, porque esas decisiones, claro, los han hecho multimillonarios y muy poderosos, pero esas decisiones lastiman al pueblo de México, esas decisiones lastiman a los ciudadanos, esas decisiones lastiman a los jóvenes”, dijo.
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