Con posibles irregularidades por 2 mil 404 millones de pesos detectadas en universidades públicas y tecnológicos del país, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió alertas sobre el manejo de recursos federales en instituciones de educación superior que concentran a más de 2.3 millones de estudiantes, equivalentes a casi 70% de la matrícula nacional universitaria.
De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), elaborado a partir de la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2024 publicada en febrero de 2026, la ASF revisó a casi cien universidades públicas estatales, interculturales, tecnológicas, politécnicas e institutos tecnológicos del país.
En total, la Auditoría verificó el ejercicio de 111 mil 557 millones de pesos, equivalentes a 89 por ciento de los recursos federales asignados a universidades estatales sujetos a fiscalización.
Sin embargo, la revisión identificó 2 mil 404 millones de pesos con posibles irregularidades, monto que aún permanece en proceso de aclaración por parte de las instituciones educativas.
El Imco advirtió que pese a observaciones previas de la ASF, las anomalías detectadas en universidades aumentaron respecto a la revisión anterior, al pasar de mil 564 millones de pesos a mil 879 millones de pesos en el ejercicio 2024.
El organismo señaló que uno de los principales problemas es la alta dependencia de recursos federales. En 30 de las 35 universidades públicas estatales revisadas, más de la mitad de su presupuesto proviene de la Federación.
Incluso, en universidades como las autónomas Benito Juárez de Oaxaca y Yucatán, cerca de 90 por ciento de sus recursos corresponde a fondos federales, situación que, advirtió el Imco, limita su autonomía financiera.
El Instituto alertó que el crecimiento de pasivos financieros, el estancamiento de recursos ordinarios y la baja aportación de gobiernos estatales generan un escenario de presión presupuestal para las instituciones de educación superior.
Ante este panorama, el organismo propuso fortalecer los sistemas de nómina mediante bloqueos automáticos para evitar pagos irregulares y cruzar bases de datos de personal con el estatus laboral de trabajadores para validar la vigencia de plazas antes de realizar transferencias.
Asimismo, planteó digitalizar la documentación de contratación y establecer actas digitales obligatorias de entrega y recepción para fortalecer la gestión documental y evitar pagos sin comprobación.
También pidió que la ASF dé seguimiento puntual a las recomendaciones emitidas en revisiones anteriores y vigile el cumplimiento de las observaciones realizadas a universidades públicas estatales.
“El impacto de estas irregularidades no sólo afecta la sostenibilidad financiera de las instituciones, sino también la calidad educativa que reciben millones de estudiantes”, advirtió el Imco.
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