Mtro. Jesús Antonio García Ramírez.
Politólogo.
1. Consideraciones previas: La Trampa del Formalismo Judicial y la Miopía Administrativa.
La política laboral en las instituciones de educación superior exige una dosis idéntica de legalidad y legitimidad para mantener la paz interna. Cuando las autoridades de la Universidad de Sonora operaron ante el Primer Tribunal Laboral el archivo del expediente de emplazamiento, asumieron erróneamente que habían desactivado el conflicto por la vía del plumazo judicial. La historia reciente demuestra que las demandas de fondo de una comunidad académica no se disuelven con tecnicismos de ventanilla ni interpretaciones rígidas de la ley. Al clausurar la vía jurídica ordinaria mediante esta maniobra, la Rectoría no extinguió la inconformidad laboral; por el contrario, destruyó los canales institucionales de negociación, canceló las válvulas de escape democráticas y empujó de manera casi deliberada al STAUS hacia la resistencia civil y la huelga de hecho. Buscar un triunfo de papel en los juzgados locales para terminar perdiendo el control físico de los campus a las 17:00 horas no es estrategia, sino una preocupante miopía administrativa que confunde el orden legal con la estabilidad real. El formalismo jurídico se convierte aquí en una trampa: al despojar al sindicato de su derecho formal a la huelga, se le arrebata también la obligación de someterse a las reglas del juego institucional, abriendo la puerta a un escenario de impredecibilidad absoluta donde las aulas se cierran por la fuerza de las circunstancias y no por el orden de los códigos.
2. A manera de reflexión: El Espejo del STEUS y la Física del Poder en el Estado.
El escenario actual refleja con precisión el espejo del conflicto reciente con el sindicato de empleados, evidenciando un patrón de comportamiento institucional que prefiere el desgaste a la conciliación. Replicar el mismo guion de asfixia económica —anclado en un inflexible incremento salarial del 4% — bajo la premisa de que el desgaste financiero terminará por doblar el espíritu del gremio docente, representa un cálculo sumamente peligroso e insensible ante las realidades del bolsillo familiar. Las consecuencias de esta cerrazón administrativa ya no se quedan atrapadas dentro de los muros universitarios, pues la Unison no es una isla presupuestal ni social. En la física del poder, la inercia de esta crisis traza una curva larga que impacta de manera directa en la línea de flotación de la gobernabilidad de Sonora. No se puede ignorar el reclamo legítimo de los académicos frente a la pérdida real de su poder adquisitivo ante la inflación, pero tampoco se puede normalizar que la máxima casa de estudios utilice el aparato de justicia estatal como una barricada contable, trasladando toda la presión social al Poder Ejecutivo bajo la cómoda premisa de que el Gobernador siempre actuará como el rescatista financiero de última hora, desgastando recursos públicos que deberían destinarse a otros rubros prioritarios de la entidad.
3. Consideraciones finales: La Mediación de Alto Nivel o el Desgaste de la Gobernabilidad.
El reloj avanza hacia un plazo fatal que Sonora no puede permitirse validar por segunda ocasión en el año: la parálisis completa de la educación y el futuro inmediato de 40,000 estudiantes que ya pagaron el costo de un paro previo. Ante el evidente fracaso de la diplomacia universitaria y la evidente falta de madurez de las autoridades para pactar acuerdos, la salida constructiva ya no vendrá de la declaratoria exprés de una huelga inexistente por parte de un juez, ni tampoco de la toma física indefinida de los planteles por parte del sindicato; se requiere, con carácter de urgente, una operación política de alta escuela operada directamente desde el Palacio de Gobierno. El Ejecutivo estatal debe ejercer todo su peso político y su autoridad moral para romper el monopolio de la intransigencia que hoy impera en ambas partes: es imperativo forzar a la Rectoría a flexibilizar su postura económica mediante una bolsa de recursos.
