Por David Parra

La nueva huelga en la Universidad de Sonora parece menos una lucha sindical legítima y más una representación burdamente construida para justificar una decisión tomada de antemano. El problema no es únicamente el paro; es la lógica política detrás de él.

Cuando una organización rechaza mesas de negociación con argumentos inconsistentes, exige porcentajes salariales que duplican la oferta institucional y convierte cualquier posibilidad de acuerdo en una provocación, no pretende buscar soluciones sino fabricar un conflicto. El absurdo cobra sentido cuando se entiende que el objetivo nunca fue negociar, sino detonar una crisis que legitimara una decisión pobremente justificada pero previamente definida.

El STAUS no solo endureció posiciones; construyó un escenario donde los acuerdos resultan imposibles. En esa estrategia aparece un elemento revelador: la exigencia implícita de una especie de “ejecución pública” de las autoridades universitarias, como si el conflicto necesitara culpables visibles antes que acuerdos viables.

Mientras la universidad enfrenta retos presupuestales, académicos y sociales cada vez más complejos, algunos actores sindicales parecen operar bajo una política rupturista y vengativa, ignorando las consecuencias institucionales y refugiándose en discursos de confrontación que poco tienen que ver con el bienestar universitario.

Pero la entelequia no está en un solo lado… En el fondo del conflicto también sobresale la figura del poder tras el trono. Nombres como el de Benjamín Burgos aparecen constantemente asociados a decisiones que privilegian el control político interno antes que la estabilidad institucional. La percepción pública registra claramente que existen grupos que han convertido la universidad en un espacio de cuotas, privilegios e influencia y ahí se acomoda también el apellido Taddei como elemento permanente de discordias.

Resulta difícil hablar de defensa laboral cuando buena parte de la discusión pública gira alrededor de ingresos privilegiados tanto de un lado como del otro, de beneficios acumulados y dinámicas alejadas de la realidad económica de la mayoría de los sonorenses y de muchos trabajadores de la universidad. La desconexión con la ciudadanía es evidente. También lo es el desprecio oficial por la proyección institucional de la Universidad de Sonora, cuya imagen termina deteriorándose con cada conflicto prolongado.

Lo más grave es que la comunidad universitaria queda atrapada entre agendas políticas, cálculos de poder y liderazgos que parecen olvidar que una universidad pública no puede funcionar permanentemente como un campo de batalla.

Este nuevo paro puede presentarse como una pírrica victoria ideológica para algunos sectores, pero para miles de estudiantes, docentes y ciudadanos contribuyentes que la sostenemos, representa otra evidencia de una universidad secuestrada por sus captores que ya no dialogan con la sociedad a la que deberían servir y se revuelven en intereses intestinos que obligan a pensar una nueva ley orgánica que termine con los esquemas que así permiten estos despropósitos.

ByTheWay

Mientras Sinaloa se hunde entre violencia, descontrol institucional y señales cada vez más evidentes de fractura en la estrategia de seguridad, desde el oficialismo se intenta fabricar una narrativa alternativa: convertir la marcha del sábado contra Maru Campos en el nuevo centro del debate público.

Pero la realidad terminó imponiéndose mientras las pruebas exigidas a voz en cuello empezaban a desfilar.

Los nombres ya circulan con demasiada fuerza para seguir fingiendo que no pasa nada: Gerardo Mérida Sánchez, Enrique Díaz Vega y el contraalmirante Fernando Farías Laguna aparecen asociados a un entramado de decisiones fallidas, contradicciones operativas y una estrategia de contención que simplemente colapsó frente a la realidad.

En ese contexto, la movilización contra Maru Campos luce menos como una causa ciudadana auténtica y más como una atropellada operación política para mover reflectores. Una clásica maniobra de distracción: cambiar la conversación nacional para evitar hablar del desastre de Sinaloa.

La escena terminó rozando lo caricaturesco. Mientras Andrés Manuel López Beltrán reclamaba soberanía y discurso nacionalista, aparecía escoltado por caibiles y militares cubanos, símbolo nítido de una contradicción monumental: pregonar defensa de la soberanía nacional mientras se exhibe dependencia operativa y política externa.

El saldo político tampoco fue favorable para el oficialismo. La operación terminó convirtiéndose en un fracaso absoluto para Ariadna Montiel, cuya capacidad de movilización quedó muy lejos de las expectativas propagandísticas promovidas desde el poder.

Y quizá el golpe más duro fue para Andrea Chávez. La narrativa de ascenso imparable comenzó a toparse con su primer gran muro de realidad. El exceso de exposición, la estridencia discursiva y la sobre construcción mediática empiezan a producir el efecto contrario: un desgaste prematuro que apunta para aborto político.

A Maru Campos esto le está resultando en algo así como una nueva Xóchitl Gálvez que rema contra el abuso del poder y a simple vista, sus bonos van a la alza en este absurdo tinglado nacional.

Pero… ¿Qué gana la sociedad con todo esto?

Mientras la clase política convierte marchas, confrontaciones y campañas en espectáculos permanentes, los ciudadanos siguen atrapados entre inseguridad, polarización y gobiernos más preocupados por administrar percepciones que por resolver crisis reales.

El problema ya no es solamente el distractor. El problema es que el distractor se ha transformado en forma y política de gobierno, con lo que la realidad alterna, esa que vive el ciudadano ante los problemas que a la autoridad no le interesa resolver, sino cambiarles de etiqueta.