La transformación no enseña con lo que dice, sino que enseña con lo que tolera. El 99.23 por ciento de los delitos cometidos en México no se denuncian o quedan impunes. El dato es de México Evalúa, publicado en marzo de 2026, y tiene dos partes: el 93 por ciento de los crímenes nunca llega a una fiscalía, y de los que sí llegan, solo uno de cada diez se resuelve. Hecha la cuenta, apenas el 0.77 por ciento de los delitos obtiene respuesta del sistema. Perdón, pero eso no es una falla… es una política.
Quien hace daño en este país tiene, estadísticamente, más del noventa y nueve por ciento de probabilidades de salir caminando.
La transformación prometió otra cosa. Llegó al poder con la corrupción como bandera enemiga y con el pañuelo blanco como símbolo de rendición de cuentas. Recordarán que nueve meses después de la toma de posesión, el presidente mostró ese pañuelo en una conferencia mañanera. Pero el primer contrato asignado a una empresa fantasma ya llevaba meses firmado. Entre 2019 y 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó 183 casos de corrupción en el sexenio. La promesa y la realidad no se tocaron en ningún punto.
Los casos más visibles no necesitan adjetivos. Francisco Garduño dirigió el Instituto Nacional de Migración mientras cuarenta migrantes morían en un incendio dentro de un centro de detención en Ciudad Juárez. Siguió en su cargo. Félix Salgado Macedonio cargó denuncias de abuso sexual y fue premiado con el poder suficiente para nombrar a su hija gobernadora de Guerrero. Y Rubén Rocha Moya gobernó Sinaloa en medio de señalamientos documentados sobre vínculos con Los Chapitos, ignorados durante años por el gobierno federal que lo protegía.
Y así se construye una cultura.
No a través de discursos patrióticos ni campañas institucionales, sino mediante ejemplos cotidianos de corrupción premiada. Un país termina pareciéndose a aquello que deja sin castigo. Cuando el abuso se vuelve rentable y la ley pierde capacidad de intimidar, la sociedad aprende rápido. Mucho más rápido de lo que cualquier gobierno imagina.
La impunidad no es solo la ausencia de castigo, sino una señal. Y las señales se leen en toda partes.
Por eso el problema ya no es únicamente jurídico o policial, sino moral. Un país donde casi nadie paga por lo que hace termina convirtiéndose en un lugar donde cada quien intenta salvarse como puede, tomar lo que alcance y aprovechar antes de ser aprovechado. La impunidad destruye algo más profundo que la seguridad; destruye la idea misma de convivencia.
El gandalla de colonia no necesita leer los periódicos. Le basta ver cómo funciona el mundo a su alrededor. Si el poderoso actúa con descaro y el Estado mira hacia otro lado, atreverse paga y denunciar no sirve. Un juicio por despojo tarda entre dos y tres años, y el 99 por ciento de los casos no llega a ninguna parte. ¿Qué lección transmite eso?
La impunidad arriba no es un fenómeno separado de la impunidad abajo. Es su causa. El funcionario que entierra a sus muertos en carpetas de investigación le enseña al invasor de casas que las carpetas son el cementerio oficial de los problemas ajenos. El político que sale ileso de sus acusaciones le enseña al deudor que no paga que el sistema tiene más paciencia que sus acreedores.
México no tiene un problema de ciudadanos gandallas, sino tiene un Estado que lleva años enseñándoles que portarse mal es racional.
El pañuelo blanco estaba sucio desde el principio, y ahora hay cifras para demostrarlo.
