Hermosillo, Sonora; 20 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado de Sonora, a través de las comisiones de la Niñez, Adolescencia y Juventud; Justicia y Derechos Humanos; y para la Igualdad de Género, aprobó iniciativas orientadas a fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres y proteger la integridad emocional y psicológica de niñas, niños y adolescentes en procedimientos judiciales.
La diputada Deni Gastélum Barreras (Morena), presidenta de la comisión dictaminadora, sometió a debate la iniciativa presentada por la diputada Marcela Valenzuela Nevárez (Morena) para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de incorporar los principios de mínima intervención y no revictimización en procedimientos judiciales donde participen menores de edad como víctimas o testigos.
De acuerdo con el documento, se armoniza la legislación estatal con las reformas federales publicadas en abril de 2024 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, orientadas a proteger el desarrollo emocional y psicológico de las y los menores durante procesos judiciales.
En el dictamen se establece que niñas, niños y adolescentes sean llamados a juicio el menor número de veces posible y fuera del horario escolar, además de obligar a las autoridades jurisdiccionales a adoptar medidas para evitar su revictimización.
Por otra parte, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Justicia y Derechos Humanos aprobaron un dictamen para reformar el Código Penal del Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de tipificar el delito de acecho como una conducta autónoma.
La diputada María Alicia Gaytán Sánchez (Morena) y el diputado René Edmundo García Rojo (PT), presidentes de las comisiones dictaminadoras, sometieron a consideración la iniciativa presentada por la diputada Claudia Zulema Bours Corral (PVEM), la cual reconoce el acecho como una forma de violencia que afecta principalmente a las mujeres mediante conductas reiteradas de vigilancia, seguimiento, hostigamiento o contacto no deseado, tanto físico como digital.
En el dictamen se establecen sanciones de seis meses a tres años de prisión y multas económicas, además de agravantes cuando exista violencia, abuso de poder, reincidencia, afectación a menores o personas vulnerables, o cuando el agresor sea servidor público.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Gabriela Félix Bojórquez (MC), Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), Rosángela Amairany Peña Escalante (PES), Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD), Alejandra López Noriega y Marcela Valenzuela Nevárez (Morena).
Asimismo, asistieron los diputados Julio César Navarro Contreras (Morena), Raúl González de la Vega (PVEM) y Emeterio Ochoa Bazúa (PRI).
Los dictámenes aprobados serán remitidos a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp) para que sean incluidos en el orden del día de una próxima sesión.
