El control del agua dejó de ser sólo una disputa por pozos, pipas o tomas clandestinas: en al menos 239 municipios de 16 estados, grupos criminales y redes sindicales han convertido la venta, distribución y acceso al recurso en un negocio de extorsión que afecta a familias, agricultores, empresarios y comunidades enteras, con sobreprecios, amenazas, violencia y cobros impuestos para poder sembrar, trabajar o llenar un tinaco.
El llamado “huachicol de agua” ya aparece como una economía ilícita que genera ganancias superiores a los mil millones de pesos al año. En medio de la crisis hídrica, las organizaciones se apropian de tuberías públicas, perforan tomas clandestinas, desvían ríos, extraen agua de lagos y operan pozos ilegales para después vender el líquido en pipas o vagonetas, muchas veces escoltadas por hombres armados.
Cárteles, rutas y territorios bajo presión
Las investigaciones señalan la participación de organizaciones de alcance nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, incluyendo facciones locales, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, así como células regionales como Los Ardillos y Los Rojos en Guerrero, y Los Mazatlecos en Sinaloa.
Estas agrupaciones centran sus operaciones en zonas agrícolas de alta demanda y en corredores urbanos con desabasto crónico.
El impacto geográfico abarca zonas con dinámicas delictivas diferenciadas:
- CDMX y Edomex: Presencia en alcaldías y municipios con alta densidad poblacional como Ecatepec, Naucalpan, Toluca, Valle de Bravo, Tlalpan, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
- Zonas Turísticas y Forestales: Extracción masiva documentada en cuerpos hídricos como el Lago de Pátzcuaro, Michoacán.
- Regiones de Confinamiento: Imposición de tarifas y control de suministro en comunidades vulnerables de la Sierra Tarahumara en Chihuahua.
- Otros estados afectados: Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Guerrero.
Extorsión al campo y a los negocios
En Sinaloa, el Cártel de Sinaloa, particularmente Los Chapitos, y Los Mazatlecos han usado los módulos de riego como herramienta de control. Al imponer operadores en esas estructuras, acceden a datos de productores, hectáreas sembradas y necesidades de agua, lo que les permite calcular cuotas, elevar costos, cortar suministros, bloquear caminos, incendiar maquinaria o extorsionar también a transportistas que sacan cosechas como el maíz.
La presión no termina en el campo. Hoteles, restaurantes, negocios y piperos también enfrentan cobro de piso para recibir, cargar o vender agua. En zonas de escasez, los grupos imponen monopolios territoriales y obligan a comprar únicamente a transportistas afiliados, con sobreprecios de hasta 60% sobre el valor oficial. El impacto se traslada a la vida diaria: hogares que pagan más por agua, agricultores que siembran bajo amenaza y consumidores que terminan pagando alimentos más caros.
Sindicatos como fachada del negocio
En el Estado de México y la Ciudad de México, varias estructuras operan bajo la apariencia de sindicatos, cooperativas u organizaciones sociales. Entre las agrupaciones señaladas están el Sindicato 22 de Octubre, La Chokiza, Los 300, USON, ACME, Los Mayas, la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México y Sindicatos Unidos por la Transformación de México. Su papel va desde controlar rutas de pipas hasta encubrir pozos ilegales, invadir predios, imponer tarifas y amenazar a operadores independientes.
Agua, miedo y comunidades cercadas
En Guerrero, Los Ardillos, encabezados por Celso Ortega Jiménez, han buscado controlar manantiales en zonas como Alcozacán y Mexcaltepec, donde se han impuesto pagos de hasta cinco mil pesos para permitir el acceso al riego. El asesinato de Nicolás Pérez Xoyateco, coordinador del comité de agua rural e integrante del CIPOG-EZ, exhibe el costo de resistir.
