La representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un presunto financiamiento ilegal por parte de organizaciones vinculadas a la familia Bours, a la asociación “Somos México” que busca constituirse como partido político.
Ante la Comisión de Quejas y Denuncias, el PVEM acusó que la organización “Personas Sumando en 2025, A.C.”, que busca su registro como “Somos México”, recibió aportaciones por 2.7 millones de pesos por parte de organizaciones de la familia Bours, y lo que —acusó— puede derivar en aportación de ente prohibido.
Argumentó que Beatriz Marina Bours Muñoz hizo dos aportaciones por 2 millones de pesos, mientras que Rossana Robinson Bours Muñoz hizo también dos aportaciones por 750 mil pesos.
Aunque las aportaciones fueron hechas a título personal, el PVEM consideró que el hecho de que ambas formen parte del consejo consultivo de la Asociación Civil “Baisae”, puede implicar un financiamiento de ente prohibido.
Cabe destacar que el empresario y exalcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo, confirmó su incorporación al Consejo Consultivo de Somos MX.
“La magnitud de aportaciones en efectivo realizadas por las CC. Beatriz Marina Bours Muñoz y Rossana Robinson Bours Muñoz, aunadas a su prominente posición en el Consejo Directivo de una Asociación Civil con fines filantrópicos y educativos como Baisae A.C., generan una seria presunción de que estas aportaciones podrían no provenir de recursos personales de las ciudadanas, sino de fondos de la propia asociación civil que fueron gestionados a través de ella”, sostuvo el documento de la denuncia presentada.
Añadió: “Esto configuraría una aportación de un ente prohibido a dicha OC, lo cual está expresamente vedado por la legislación electoral”
Indicó que, adicionalmente, la naturaleza de la asociación civil Baisae, como proveedora de becas, “plantea una hipótesis grave respecto a una posible afiliación corporativa”. La dirección de una asociación civil que otorga beneficios directos a una población vulnerable (becarios) podría utilizar su posición para coaccionar, inducir o facilitar la afiliación de sus beneficiarios o de sus bases de datos a un partido político determinado, a cambio de la continuidad o acceso a dichos beneficios. Esta práctica es contraria a los principios de libertad de afiliación y equidad en la contienda”, sostuvo.
Por ello, el PVEM pidió al INE investigar con base en lo descrito en los hechos de esta queja, resulta que las conductas descritas, son contrarias a la normatividad electoral y por tanto violan los principios de legalidad y equidad que en toda contienda electoral se deben respetar.
El PVEM, aliado de Morena, argumentó que el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización del INE prohíben las aportaciones de personas morales y de las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
Este mes, Latinus publicó que Morena presentó su campaña de afiliación como una muestra inédita de fuerza política. Sin embargo, detrás de los anuncios, las cifras millonarias y la meta de sumar millones de militantes, expertos advirtieron que el partido pudo haber violado la ley.
La incorporación masiva de más de un millón de maestros y sus familiares, promovida desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es una muestra de afiliación corporativa, una práctica expresamente prohibida y sancionada por la Constitución, la legislación electoral y los propios estatutos del partido en el poder.
Mientras el dirigente de la SNTE y también senador de Morena, Alfonso Cepeda, defendió la estrategia como un ejercicio legítimo de participación política, el exconsejero del INE, Banito Nacif, sostuvo que existen elementos suficientes para que las autoridades electorales investiguen y determinen si se utilizó una estructura gremial para inflar el padrón de militantes morenistas.
