Ante la inminente entrada en vigor de los aranceles de 10% por trabajo forzoso que anunció Estados Unidos contra los productos de importación de países como México, el sector privado mexicano advirtió que se penalizará sin razón a las exportaciones nacionales.
Consideraron que los aranceles propuestos por el gobierno estadounidense “son injustificados y desproporcionados en relación con los posibles daños causados por la importación desde México de mercancías producidas con trabajo forzoso, ya que se basan en una ausencia total de evidencia”.
Lo anterior lo explicaron el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en una carta que enviaron al titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.
Agregaron que “dichos aranceles socavarían los incentivos que el propio Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) crea para fomentar la integración regional y el cumplimiento normativo”.
“La acción propuesta penalizaría a las compañías mexicanas y cadenas de proveeduría de Norteamérica, a pesar de los documentados esfuerzos legales, institucionales y de cooperación de México para prevenir la entrada de productos hechos con trabajo forzoso y que fortalezcan la conducta empresarial responsable en todas las cadenas de suministro”, comentaron.
Aseguraron que en el país se implementó una legislación para prohibir la importación de bienes hechos con trabajo forzoso, fortaleció el marco de estándares internacionales de trabajo y la arquitectura del T-MEC.
Cabe mencionar que la nueva medida propuesta por Estados Unidos de imponer aranceles por trabajo forzoso y por sobrecapacidad de producción pretende sustituir a los aranceles recíprocos que impuso en el 2025 la Casa Blanca, y que deberán eliminarse el próximo 23 de julio por declararse inconstitucionales por la Suprema Corte de ese país.
En la carta que enviaron los tres organismos empresariales explicaron que “tampoco la medida propuesta ha identificado una conclusión específica por producto o por empresa que demuestre que los bienes transbordados a través de México están siendo utilizados para evadir la aplicación de las leyes estadounidenses contra el trabajo forzoso”.
Agregaron que “en ausencia de dicha evidencia, una medida arancelaria estaría desvinculada del perjuicio alegado y correría el riesgo de interrumpir cadenas de suministro norteamericanas que cumplen con la normativa”.
Plantearon a la USTR que consideran que 75 mil millones de dólares de exportaciones mexicanas a dicho país no cumplen las reglas del T-T-MEC; eso significará que “aplicar un arancel del 10% sobre esa base implicaría alrededor de 7.5 mil millones de dólares anuales en derechos arancelarios sobre bienes que no tienen ninguna vinculación documentada con el trabajo forzoso.”
Para el CCE, la Concamin y el Index, “la respuesta adecuada consiste en fortalecer la cooperación en la aplicación de la ley, el intercambio de información y las investigaciones focalizadas, y no en imponer una medida arancelaria amplia que no guarda relación con importaciones comprobadas de productos elaborados con trabajo forzoso”.
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