Solemos hablar de combatir la inseguridad cuando el problema ya estalló, de atender las enfermedades cuando los hospitales están saturados y de rescatar a los jóvenes cuando han perdido el rumbo. Rara vez nos detenemos a fortalecer el instrumento más eficaz y menos costoso para prevenir esos escenarios: el deporte.
La realidad política demuestra que el deporte continúa siendo tratado como una actividad secundaria, dependiente del entusiasmo de entrenadores, asociaciones civiles y, sobre todo, del enorme sacrificio de miles de padres de familia. Son ellos quienes pagan uniformes, transporte, alimentación y dedican tiempo para que sus hijos encuentren en una cancha un espacio de crecimiento que debería ser una prioridad del Estado.
Desde una visión humanista, el deporte no forma únicamente atletas; forma ciudadanos. Enseña disciplina, respeto, trabajo en equipo, resiliencia y autocontrol, virtudes indispensables para una sociedad que aspira a convivir en paz. Invertir en instalaciones deportivas, entrenadores capacitados y programas comunitarios no representa un gasto, sino una decisión ética que fortalece el tejido social y amplía las oportunidades para las nuevas generaciones.
La neurociencia confirma que la actividad física favorece el desarrollo cerebral, fortalece las funciones ejecutivas, mejora la atención, regula las emociones y disminuye las conductas impulsivas. Un joven que encuentra identidad, reconocimiento y pertenencia en el deporte tiene mayores posibilidades de construir un proyecto de vida saludable y menores probabilidades de ser atraído por la violencia o la delincuencia.
México necesita comprender que una cancha bien equipada puede prevenir más delitos que muchas estrategias reactivas. El deporte debe dejar de ser un programa complementario para convertirse en una auténtica política de Estado. Apostar por nuestros jóvenes antes de que enfrenten el fracaso, la adicción o la violencia es una de las decisiones más inteligentes, humanas y rentables que puede tomar cualquier gobierno.
