POR ING. HÉCTOR CASTRO GALLEGOS
Uno de los mayores costos de la política mexicana no aparece en los presupuestos: la pérdida constante de memoria institucional.
Cada cambio de gobierno trae consigo nuevas estructuras, nuevos programas y nuevas prioridades.
Lo que funcionó se olvida; lo que fracasó suele repetirse con otro nombre. La neurociencia demuestra que la memoria permite aprender de la experiencia y evitar errores recurrentes. Sin memoria, el cerebro pierde identidad y capacidad de adaptación. Lo mismo sucede con un Estado que renuncia a evaluar, documentar y preservar sus mejores prácticas.
México necesita abandonar la cultura del sexenio para construir una cultura de Estado.
La continuidad no significa inmovilidad; significa conservar aquello que genera valor público, corregir lo que no funciona e innovar sobre bases sólidas.
Los países más exitosos no reinventan sus instituciones cada pocos años: las perfeccionan.
Desde una visión humanista, el servidor público tiene la responsabilidad ética de pensar más allá de su administración. Su compromiso debe ser con la ciudadanía y con las próximas generaciones, no con el calendario electoral.
Los jóvenes comprenden naturalmente el valor del aprendizaje continuo. Su cerebro está preparado para integrar nuevas habilidades, colaborar y crear soluciones interdisciplinarias. Esa capacidad debe convertirse en una política pública que promueva laboratorios de innovación gubernamental, evaluación permanente y formación de líderes capaces de aprender antes que improvisar.
México no necesita gobiernos que inauguren constantemente el futuro; necesita instituciones que sepan recordarlo, mejorarlo y heredarlo. La memoria institucional no es nostalgia: es la condición indispensable para construir un país más justo, eficiente y confiable.
