Caborca, Sonora, 22 de julio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una pena global de 10 años y 4 meses de prisión contra Sandra Magdalena “N”, de 40 años, por los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía cometidos contra funcionarios públicos, así como por posesión de vehículo de propulsión mecánica con reporte de robo, hechos suscitados en Caborca.
Durante la audiencia de individualización de sanciones del juicio oral, la autoridad judicial impuso 5 años y 4 meses de prisión por las tentativas de homicidio y 5 años por la posesión del vehículo robado, dando la pena global de 10 años y 4 meses de prisión.
Los hechos ocurrieron alrededor el 26 de febrero de 2025, cuando dos elementos, mujer y hombre, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), realizaban labores de reconocimiento en la colonia Aviación, en Caborca.
Los agentes marcaron el alto a un vehículo Nissan, de color rojo, conducida por Sandra Magdalena “N”; sin embargo, sus ocupantes aceleraron e intentaron escapar. Durante la persecución por la Carretera Federal 2, Jesús Fernando “N”, acompañante de la sentenciada, efectuó disparos con un arma de fuego contra la unidad policial, sin lograr privar de la vida a los elementos debido a su rápida reacción y maniobras evasivas.
La persecución concluyó en las inmediaciones de las colonias Pueblo Viejo y Río Asunción, donde fueron detenidos los ocupantes. En el vehículo se aseguraron dos fusiles calibre 7.62×39 milímetros, cargadores y 46 cartuchos útiles; además, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente en California, Estados Unidos.
Jesús Fernando “N”, en procedimiento abreviado, recibió una pena de 9 años 10 meses de prisión, también por los delitos de los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía cometidos contra funcionarios públicos, así como por posesión de vehículo de propulsión mecánica con reporte de robo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora continuará llevando ante los tribunales a quienes atenten contra la vida y seguridad de los servidores públicos encargados de proteger a la sociedad, así como a quienes utilicen vehículos robados para la comisión de delitos.
