POR ING.HÉCTOR CASTRO GALLEGOS
Nos enfrentamos en una paradoja inquietante: mientras la sociedad exige más justicia, la impunidad continúa erosionando la confianza en las instituciones.
El problema ya no consiste únicamente en que muchos delitos queden sin castigo; el verdadero riesgo es que una generación entera crezca convencida de que la ley es negociable y que el poder puede situarse por encima de ella.
Cuando esa percepción se normaliza, la democracia comienza a perder su fundamento moral.
El servicio público debe recuperar su esencia ética. Gobernar no significa administrar privilegios, sino proteger la dignidad humana mediante instituciones imparciales, transparentes y eficaces. Un funcionario íntegro no sólo cumple la ley; inspira confianza con su conducta.
La legitimidad de un gobierno no se sostiene únicamente con programas sociales o crecimiento económico, sino con la certeza de que la justicia alcanza por igual al ciudadano común y al servidor público. Sin embargo, el mayor desafío se encuentra en los jóvenes.
Las nuevas generaciones poseen una capacidad inédita para detectar contradicciones gracias al acceso permanente a la información, a la inteligencia artificial y a las redes digitales. Su cerebro ha sido moldeado para reconocer patrones, comparar discursos y descubrir inconsistencias en tiempo real.
Por ello, las políticas públicas ya no pueden limitarse a ofrecer apoyos económicos; deben construir credibilidad. México necesita una nueva política de integridad pública para la juventud.
Propongo incorporar observatorios ciudadanos dirigidos por universitarios, laboratorios de innovación cívica donde participen estudiantes de ingeniería, derecho, psicología y ciencia de datos, así como plataformas abiertas que permitan monitorear el cumplimiento de compromisos gubernamentales mediante inteligencia artificial.
Cuando los jóvenes participan en la evaluación del poder, dejan de ser espectadores para convertirse en custodios de la democracia.
La mejor estrategia contra la impunidad no comienza en los tribunales, sino en la formación de ciudadanos que comprendan que la honestidad produce progreso, mientras la impunidad destruye el futuro.
La justicia no debe ser la excepción; debe convertirse en la cultura política de una nueva generación.
