La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resolver las irregularidades detectadas en la aplicación del examen de ingreso en línea, luego de que se reveló que la empresa encargada de la prueba tenía un solo supervisor para vigilar a 150 aspirantes.
Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que la UNAM es una institución autónoma, por lo que será la propia universidad la que deberá determinar cómo atender el problema y dar certeza a los jóvenes que presentaron el examen.
“La UNAM es una institución autónoma y ellos tienen que dar una solución a este problema que están enfrentando. Ojalá sea pronto para que los jóvenes tengan certidumbre aquellos que presentaron el examen”, expresó.
Sheinbaum señaló que la universidad ya cuenta con una comisión técnica designada por el rector para analizar las fallas registradas durante el proceso de admisión y reiteró que el Gobierno federal está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario.
“La UNAM tiene que tomar una decisión, tiene una comisión técnica que nombró el rector para poder dar una salida a este problema y ahí está el Gobierno de México para apoyar en lo que se requiere”, sostuvo.
La Presidenta también reiteró que su administración busca ampliar las oportunidades de educación superior y recordó que quienes no logren ingresar a la UNAM pueden optar por otras instituciones públicas.
“El objetivo es que todas y todos los jóvenes tengan universidad. Por eso ayer planteé que los jóvenes que no puedan entrar a la UNAM tienen la opción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y de otros planteles que estamos construyendo”, indicó.
EL UNIVERSAL publicó este miércoles que Territorium Life, empresa contratada por la UNAM para aplicar el examen de ingreso en línea por un monto de hasta 101 millones de pesos, asignó únicamente un supervisor por cada 150 aspirantes.
De acuerdo con el contrato suscrito entre la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y la empresa, la plataforma debía garantizar una “vigilancia efectiva y en tiempo real” durante la aplicación de las pruebas, además de contar con supervisores encargados de alertar sobre cualquier irregularidad.
El documento también establecía que el sistema debía incorporar algoritmos de inteligencia artificial para monitorear de manera continua a cada aspirante y detectar conductas no permitidas, como el uso de teléfonos celulares o la intervención de terceras personas durante el examen.
