Mtro. Jesús Antonio García Ramírez. Politólogo
1. Consideraciones previas
El derecho de las audiencias es una conquista de la democratización y no una concesión del mercado. Para entenderlo hay que volver a los clásicos de la comunicación con fondo progresista. Jürgen Habermas nos enseñó que la esfera pública se degrada cuando es colonizada por el dinero y por el poder. Armand Mattelart nos advirtió que la comunicación es una relación de poder. Jesús Martín-Barbero nos enseñó a pasar de los medios a las mediaciones y a reconocer a la audiencia como sujeto cultural y no como rating.
Con esas claves se entendió la reforma de 2013 que elevó a rango constitucional en el artículo sexto el derecho de las audiencias a recibir contenidos veraces y plurales, a distinguir información de opinión, a la protección de la niñez y al derecho de réplica.
Esa conquista fue luego vaciada en la contrarreforma de 2017 derivada de litigios de la industria donde los derechos quedaron como principios éticos en códigos de autorregulación y donde la ética del concesionario sustituyó al derecho del ciudadano. Ese es el antecedente que debemos tener claro para entender lo que hoy se discute.
2. A manera de reflexión
Lo que está pasando en estos momentos confirma lo bizantino del debate y lo vigente del marco neoliberal como sentido común. La iniciativa del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum es buena en su fondo y pertinente en su forma institucional. En su fondo porque recupera lo que se perdió en 2017 y vuelve a colocar en la ley y no en lineamientos los derechos de las audiencias como obligación y no como recomendación ética, y porque fortalece a las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas y garantiza conectividad.
En su fondo también porque responde a un hecho de soberanía muy concreto que fue la difusión en televisión nacional de propaganda extranjera discriminatoria de la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos Kristi Noem que exhibió el vacío legal para que un gobierno extranjero comprara espacios en el espectro que es de la Nación. En su forma institucional porque armoniza la ley tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con una Comisión Reguladora colegiada. Hasta ahí la iniciativa es progresista y garantista. El problema es que el debate se fue por otro lado totalmente fuera de lugar. La oposición y los voceros de la industria activaron el reflejo neoliberal de confundir libertad de empresa con libertad de expresión y centraron todo en el polémico artículo 109 que permitía suspender plataformas y que fue leído como censura.
Ese artículo, aunque el Gobierno aclaró que era de origen fiscal vinculado a la ley del IVA y no a contenidos, generó la tormenta perfecta para volver a la trampa de siempre. El propio Gobierno tuvo que salir a matizar, a abrir conversatorios en el Senado con Javier Corral, a eliminar el artículo 142 y a decir con claridad que nunca fue una ley de censura. Y mientras se discute si hay censura o no, que es una discusión bizantina y falsa, el fondo real que es el derecho del pueblo a estar bien informado queda de nuevo al margen.
Se vuelve a discutir entre élites jurídicas y empresariales si regula el IFT o la Agencia, si es censura o no es censura, y nunca se discute lo sustantivo que es cómo garantizamos que el ciudadano sepa distinguir una noticia de una opinión, una publicidad de una propaganda, y cómo protegemos a la niñez frente a contenidos que no corresponden. Como siempre, se construye un derecho para las audiencias sin las audiencias y el pueblo queda fuera del debate.
3. Consideraciones finales
La consideración final debe hacerse con tino académico y con diplomacia politológica. La forma importa, pero el fondo importa más. La iniciativa es buena porque devuelve al Estado su rectoría sobre un bien público y recupera el derecho de las audiencias como derecho exigible y no como compromiso ético del concesionario, como bien señaló en los conversatorios el senador Javier Corral cuando dijo que la ética compromete al concesionario, pero la ley obliga a todos y garantiza al ciudadano.
Ese es el espíritu del Informe MacBride de la UNESCO y de lo que Néstor García Canclini planteó al decir que ser ciudadano es más que ser consumidor. El reto ahora es no permitir que el marco neoliberal vuelva a secuestrar el debate con el fantasma de la censura para que todo siga igual y la autorregulación siga siendo simulación. No hay libertad de expresión plena sin derecho de las audiencias pleno, ambas se complementan.
Un regulador colegiado, técnico y con autonomía, defensores de audiencias que sean ombudsman del pueblo y no empleados del concesionario, y una alfabetización mediática como política de Estado son la ruta. Si el debate sigue en lo bizantino seguiremos teniendo un derecho de las audiencias sin pueblo, que es como tener un sistema de partidos sin pueblo, funciona para administrar el poder pero no sirve para democratizarlo en sentido amplio como forma de vida ni en sentido estricto como método de control ciudadano.
